Hoy es 23 de setiembre. Faltan 34 días para las elecciones nacionales.

A comienzos de junio de este año, el libro El caso Astesiano, de nuestro compañero Lucas Silva, reveló que el presidente, Luis Lacalle Pou, había conocido y avalado una investigación policial puesta en marcha por su entonces jefe de seguridad con la intención de probar que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había comprado drogas en una presunta boca. En aquel momento, Lacalle Pou dijo que tenía “la conciencia tranquila” y se declaró dispuesto a “ir a la Justicia” si alguien lo acusaba, dando la impresión de que está muy olvidado de lo que le enseñaron cuando estudió abogacía en la Universidad Católica.

Sólo la Cámara de Representantes puede acusar a un presidente de la República, únicamente “por violación de la Constitución u otros delitos graves”. Si esta acusación se realiza, debe tratarla el Senado mediante lo que se suele llamar un “juicio político”, y puede “pronunciar sentencia” al solo efecto de separar al presidente de su cargo, pero eso lo tienen que aprobar dos tercios del total de sus componentes. Recién después el presidente suspendido en sus funciones puede “ir a la Justicia” si Fiscalía decide imputarle delitos.

Es muy improbable que Lacalle Pou ignorara en junio todo lo antedicho, y, sin duda, sabía que eran inviables tanto la formación de una mayoría simple en Diputados para acusarlo como la de una mayoría especial en el Senado para separarlo del cargo. Más bien parece que lo suyo fue un alarde con malicia, y esta impresión se confirma porque ayer, tres meses y medio después, volvió a utilizar el mismo recurso engañoso.

El presidente hace campaña contra la reforma constitucional sobre seguridad social propuesta por el PIT-CNT, pero sobre todo contra el Frente Amplio (FA). Recién está preparando, con ayuda de varios jerarcas estatales, argumentos acerca del proyecto que se plebiscitará el 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, pero cada vez que se refiere a esa iniciativa critica la posición del FA, que no la redactó ni decidió apoyarla y cuyo candidato a la presidencia la considera inconveniente.

Esto ha sido cuestionado por dirigentes frenteamplistas porque la Constitución le prohíbe a Lacalle Pou “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”, y pocas dudas caben de que, cada vez que intenta descalificar a la fuerza política que le disputa el gobierno al oficialismo, interviene en la campaña hacia las elecciones nacionales.

El presidente dijo ayer en Paysandú que quienes piensan que él está “cometiendo una inconstitucionalidad” deben denunciarla, como si siguiera sin saber que esto requiere mayorías parlamentarias fuera del alcance de la oposición. De paso, volvió a criticar al FA por su posición ante el plebiscito, por presuntas omisiones de sus gobiernos en lo referido a la seguridad social y, con gran distorsión de los hechos, por su actitud en el proceso de discusión de la reforma jubilatoria que aprobó el oficialismo el año pasado, afirmando que no “aportó” ni propuso “absolutamente nada”.

Engañar a la ciudadanía no viola expresamente ningún artículo de la Constitución ni constituye delito, pero es realmente muy feo.

Hasta mañana.