La semana pasada el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó en rueda de prensa que durante junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, en la que presentó un informe elaborado por Sanidad Militar respecto al estado de los militares represores presos en la Unidad 8 o Domingo Arena. Este lunes la diaria Radio recibió a Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y a Gastón Grisoni, de Crysol, para ampliar su visión sobre el hecho.

“Es una constante; algo que nos viene cansando hace 40 años”, adelantó Zaffaroni. Evaluó como “gravísima” la “injerencia de un poder sobre otro” y dijo que la explicación posterior “no tiene sentido”, ya que resulta “innecesario que un presidente de la República, para saber cómo se procede, tenga que ir a visitar al primer ministro de la Corte”. “El Poder Judicial desde distintas formas viene siendo, cada vez que avanza, cuestionado por los otros poderes”, acotó y agregó que “toda esta actitud también degrada esta gran lucha para que se comprenda la diferencia entre lo que son los crímenes cometidos por el Estado como una política de Estado y los crímenes tremendos que existen en la sociedad, los delitos”, cuestionó en línea con el comunicado que elaboró su institución.

Crysol, organización conformada por expresos políticos, compartió el comunicado de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos porque le pareció “muy completo”. Grisoni dijo que “la democracia es una gran conquista del pueblo uruguayo”, que está basada en “tres poderes que son y actúan de manera independiente”; por lo que “más allá de la naturaleza del tema invocado para presionar o influenciar formal o informalmente al Poder Judicial, nos pareció improcedente y no es una manera correcta de actuar en términos democráticos”.

También cuestionó el hecho de que se basa en un informe de Sanidad Militar. “Seguramente elaborado por el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, al frente de la cual está el coronel Rodolfo Álvarez, hijo del teniente general Gregorio Álvarez, y se emite en el marco de una campaña persistente carente de argumentos que vienen haciendo los terroristas de Estado, sus familiares y los centros que los patrocinan para lograr la prisión domiciliaria compulsiva y obligatoria”, acotó.

“No juzgo hijos por padres, todos somos hijos de alguien”, dijo en octubre la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, cuando visitó la diaria Radio y se refirió a lo anterior. En su visión, Rodolfo Álvarez “llega como tiene que llegar, por designación, y no se puede cortar la carrera de alguien por lazos consanguíneos”. Grisoni dijo que desde su institución no tienen “elementos para objetar nada siempre y cuando se hayan cumplido con los procedimientos”, pero aclaró que -“en medio de una gran campaña de los terroristas de Estado y sus defensores para promover la prisión domiciliaria de manera obligatoria”- “justo” se presenta un informe de Sanidad Militar que “seguramente fue elaborado por el director del Hospital Central y que abona la teoría esa de ‘los pobres viejitos’ que en cualquier momento los van a empezar a llamar, en terminología de Manini Ríos, ‘pobres angelitos’, cuando son delincuentes de una gran trayectoria delictiva”.

Apuntó que, según los defensores, “se está aplicando la ley con retroactividad”, pero “no es cierto”. “Desde el año 48 con el estatuto de Nuremberg ya estos delitos ingresaron al código nacional; y en el año 68 se estableció la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad e ingresan a la Constitución uruguaya a través del artículo 72”, explicó.

En el período pasado, Cabildo Abierto propuso un proyecto de ley para obtener la prisión domiciliaria en mayores de 65 años. “Era extremista, muy grosero”, adjetivó. “Ese proyecto naufragó de la misma manera en que naufragó el proyecto que presentó Gandini como senador junto con la senadora Graciela Bianchi y Carmen Asiain en nombre del Partido Nacional”, señaló sobre el proyecto que situaba la edad en 70. “La prisión domiciliaria ya está, ya existe, pueden recurrir. Simplemente tienen que cumplir con las exigencias legales vigentes en este país”, sentenció.

Por otro lado, también se pronunció sobre el excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y dijo que es “poco creíble y poco confiable”. También evaluó que algunos de sus dichos llaman “poderosamente la atención”, como “afirmar que el fiscal [Ricardo Perciballe] está procesando gente sin pruebas”, porque “la Fiscalía no procesa, procesan los jueces”. “También dice que hay militares inocentes presos, pero no da un caso, no da un nombre”, enunció y agregó que por lo anterior “no hay que hacerle mucho caso, sino que es un acto de campaña mediático, televisivo”.

“Hay una campaña permanente, desde que se empezó a aplicar la actuación de la fiscalía especializada con el doctor Ricardo Perciballe y su equipo (...), para tratar de frenar los procesos. Ha habido avances importantes: cuando el Pepe Mujica habló de viejitos presos, era una decena de militares presos y hoy ya llegamos a 125. Es un porcentaje importante y nos costó sangre, sudor y lágrimas”, condensó. En el mismo sentido, apuntó que “tiene que haber justicia” y que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, pero “de carácter continuo” que “no ocurrió”, sino que “se sigue cometiendo ahora hasta que se esclarezcan los hechos y aparezcan los restos”.

El camino pendiente de Crysol

“Es obligación del Estado perseguir, averiguar e investigar (...). Ese es el mensaje que tiene que dar el presidente. Clarito, terminante, no dar explicaciones de qué hice o qué no hice. ‘Estamos comprometidos con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la implementación de la resolución 60/147’ y también, un tema que está pendiente, lograr un acuerdo amistoso por el reclamo de Crysol ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los presos políticos no solamente recibamos la indemnización, sino las jubilaciones y las pensiones”. Firmaron 777 personas, precisó.

Grisoni explicó que en la agenda de Crysol también se encuentran “el apoyo a la Fiscalía especializada de crímenes de lesa humanidad”, así como una “preocupación en torno a la memoria, a construir el relato, la interpretación histórica y transmitirla a las nuevas generaciones”. Sobre la INDDHH, dijo que “tiene que estar enfocada en los sectores más débiles, más vulnerables y vulnerados de la sociedad, porque los ricos y las corporaciones no la precisan, van y contratan estudios jurídicos”, definió.