Hace una semana, el senador nacionalista Sergio Botana visitó la diaria Radio para analizar los motivos de la derrota del Partido Nacional y cuestionó demoras en el Banco de Previsión Social (BPS). A raíz de lo anterior, este martes, La mañana de la diaria recibió a Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).
“Yo no he visto ningún senador que se sirva a sí mismo el café que toma, nosotros sí. Las jerarquías del BPS que han tenido que arremangarse para sacar adelante problemas preexistentes por las formas de organización del trabajo lo hacen con toda la vocación. No es de recibo que dentro de la autocrítica de la pérdida de un gobierno se le achaque la responsabilidad al funcionariado público”, acotó en respuesta al legislador blanco.
Puntualmente sobre la acumulación de trámites jubilatorios, Sosa apuntó contra la faltante de personal, sobre todo en el interior del país: “Tenemos 86 oficinas en total y 780 personas. Éramos 1.100 antes de que iniciara el anterior gobierno”, puntualizó. Sosa dijo que “las intendencias de algunos departamentos tienen más personal que todo el BPS, que está presente en cualquier localidad”, cifra que contiene un total de 511 trabajadores con causal jubilatoria y unos 500 o 600 “pasantes y becarios”.
“Sobre el retraso, tenemos muchos factores. El primero y principal fue la reforma jubilatoria de 2023. Hubo una Comisión de Expertos que presidía el doctor [Rodolfo] Saldain y esa comisión especial recibía insumos para trabajar de un sector específico del BPS: la Asesoría General en Seguridad Social, los mismos funcionarios que tuvieron que seguir haciendo todo el resto de tareas que ya hacían”, afirmó. Ahora, frente al proceso del Diálogo Social, “la misma gente sigue trabajando para el gobierno”, además de “todo lo que hace para la interna”.
También señaló las modificaciones a la Ley 20.130, en la que “había un decreto reglamentario de la norma que tenía que aplicarse a partir del 1° de agosto de 2023 y el día antes llegaba al BPS”. “¿Cómo hace un funcionario, que está trabajando capaz hace 20 o 30 años de la misma manera, para aplicar un decreto reglamentario que le llega el día anterior a la fecha de su aplicación?”, se preguntó.
Según Sosa, el directorio anterior negó el atraso, pero “abrió bocas de atención por todas partes”. En esa línea, “no tenías la cantidad de personal para trabajarlo” y si bien en aquel momento se “denunciaba 10.000 expedientes de atraso, cuando llegó la nueva administración se comprobó que eran 58.000”, entre los que “hay de todo”, pero “en un 95% tienen que ver con jubilaciones y pensiones”. La sindicalista recordó las ‘tarjetas de pronto despacho’: “Si nosotros venimos de los años 90 de otorgar jubilaciones sin mediar ninguna prueba y porque tenías un político amigo que te daba una tarjetita, y además lo dice alguien que tuvo problemas con la Jutep [...], no puede acusar a otros si no tiene pruebas de que utilizaron políticamente herramientas de trabajo cuando nosotros sólo cumplimos órdenes”, afirmó.
La administración actual y el estado del personal
“Entendemos que hace los cambios necesarios”, evaluó Sosa en primera instancia sobre la actual administración del BPS con Jimena Pardo a la cabeza, pero recalcó que los funcionarios se encuentran “al borde del colapso” porque “no hay recambio para aquel que se toma licencia, que se enferma o que es madre”. “La carga del trabajo es tan impresionante en el BPS que estamos todos muy alterados; no sabemos cuánto tiempo más se va a poder soportar esta situación”, señaló.
También apuntó a cambios de la administración anterior. Dijo que el “cambio en la forma del trabajo” fue “pésimo” y le pidió a Botana “que les preguntara [a los exdirectores] por qué ingresaron tanto expediente si sabían que no iban a tener con qué responder”. Por otro lado, se refirió a los pasantes y dijo que “como introdujeron tanta inteligencia artificial y nuevas formas tecnológicas, ellos andan bien en esa parte y nos asesoran a nosotros, que hace muchos más años que estamos, pero se van”. “El planteo es que las vacantes se cubran y que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP] –que ha sido de castigarnos permanentemente en términos económicos– tenga la sinceridad de decir que nos está pidiendo que cumplamos un 85% de un compromiso de gestión con un personal sumamente agotado, estresado, sin la capacitación adecuada y que no está motivado para nada”, listó.
Sosa dijo que en el anterior período del FA “se iban tres personas y se reponían dos vacantes” mientras que en el período de la Coalición Republicana “se iban tres y se reponía uno”. “Ahora, lo que nos propone la OPP es que cada cuatro que se vayan repongamos tres. Mejoró la ecuación, pero nuestra intención es que si se van cuatro tenés que reponerme cuatro porque de la manera en que estamos trabajando nunca vamos a llegar a cubrir las expectativas”, aseguró.
Por otro lado, vinculado al presupuesto quinquenal que este martes se volverá a votar en la Cámara de Diputados, Sosa evaluó que al BPS “le fue mal” porque “al año siguiente de este presupuesto que se va a votar para este año necesitamos reducir en un 1% nuestro gasto y el año siguiente al siguiente, un 2%”. Criticó que lo anterior repercute en “peores condiciones de capacitación, peores condiciones edilicias en las 90 oficinas que tenemos a lo largo y ancho del país” y en que en el interior no haya policías apostados en los locales.
El Diálogo Social
Sosa dijo que –tras los primeros cinco meses de discusión del proceso de Diálogo Social– la herramienta “no ha llegado a todos los rincones del país como se decía” y “no hay algo concreto sobre la mesa”. “Como integrantes, lo que seguimos reivindicando son los 60 años en la edad de retiro, el salario mínimo nacional para las jubilaciones más bajas y la eliminación de las AFAP; en el programa del Frente Amplio hay una tendencia a quitarles las comisiones a las AFAP, que no es la eliminación por sí misma”, cuestionó.
Sobre la posibilidad de un nuevo plebiscito, dijo que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social “podría tener el respaldo suficiente para seguir peleando por esto”. “1.600 millones de dólares iban transfiriendo ya las AFAP en agosto de este año”, acotó.
En su visión, “están haciendo lo mismo que la Comisión de Expertos”, porque “el camino es muy similar”: “Si de allí no sale que a los 60 años vos podés tener la libertad de jubilarte o no como la tenías; que el porcentaje de jubilación bajó notoriamente con la Ley 20.130 y eso tendría que revisarse; que hay actividades que siguen siendo muy penosas y hay que hacer cómputos especiales para que sean bonificadas; que en la canasta de fin de año al pensionista que no tiene 65 también se le pague porque 17.000 es muy poco ingreso para una persona que está enferma, no va a haber servido para nada”, cerró.