Juan Ignacio Dorrego, que preside la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), visitó la diaria Radio para repasar el foco de la institución durante el quinquenio a pocos días de finalizar 2025. Precisó que en 2015 se reglamentó la ley que le dio origen y forma parte de una batería de “agencias públicas que trabajan en el derecho privado”. Su vínculo con el Poder Ejecutivo está dado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el programa Uruguay Innova (U+I), liderado por Presidencia de la República.

Tiene el cometido de “contribuir a la mejora en la competitividad empresarial del país” y, frente a una nueva administración, los desafíos son “ocupar un rol de relevancia en la mirada y el rumbo del equipo económico”; en un rumbo país porque “el gobierno definió que la ciencia, la tecnología y la innovación sea un elemento fundamental del quehacer público”; y “especializar, agregar valor y, en palabras de [Gabriel] Oddone, generar las condiciones para el despegue sin dejar a nadie atrás”.

“No solamente este gobierno, analistas o académicos de nuestro país, sino también una mirada internacional coloca a la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los cambios para acelerar ese crecimiento que necesitamos. El país debe comprometerse con la inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación, y para eso no basta solamente con la inversión pública, sino que además necesitamos del privado”, acotó.

Dijo que Uruguay cuenta con “un poco menos” de 200.000 mipymes, lo que representa “nada más ni nada menos que el 99,6% de las empresas que tenemos en nuestro país”: “Eso que podría ser una foto compartida con otros países, incluso de las economías avanzadas, una característica de nuestro entramado empresarial es que dos de cada tres puestos de trabajo son generados por estas empresas”, definió sobre el sector privado.

En este contexto, Dorrego señaló como desafíos que en las empresas “es necesario avanzar en materia de productividad”, así como “invertir en herramientas e instrumentos” con ese fin porque “las empresas que lograron el despegue y alojarse en guarismos altos de productividad laboral son capaces de mantenerse allí”. Otro objetivo está en la competitividad: Dorrego señaló que, según uno de los últimos sondeos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), “únicamente el 15% de las empresas innovan”, y que “la inversión en innovación está fuertemente concentrada en unas pocas”: “Promover esto necesariamente tiene que impactar sobre hacer la producción nacional más competitiva”.

Por último, en materia de inserción internacional, adelantó que el 15 de diciembre van a presentar “Uruguay al mundo”, una iniciativa en conjunto con Uruguay XXI, ANII, el LATU y el MIEM. Se trata de “un programa de internacionalización de pymes y startups”, porque “entendemos que no solamente debemos trabajar en generar instrumentos promocionales en la apertura o profundización de mercados”, sino también en “generar las condiciones para que otras empresas puedan exportar y salir al mundo” a través de “la construcción de una hoja de ruta y la generación de capacidades al interior de las empresas”.

“Creemos que en materia tanto de productividad como de competitividad tenemos que avanzar en dos grandes campos de acción: uno con instrumentos concretos –en ANDE estamos trabajando en un programa de adecuación tecnológica (...), tenemos que trabajar en un programa de digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un programa de bienes públicos digitales y el programa de internacionalización– y hay también otra agenda –el liderazgo lo tiene sobre todo el MEF– que tiene que ver con desburocratizar o simplificar la gestión”, agregó.

Los objetivos para la industria nacional

El objetivo conjunto es “desatar algunos nudos”. Listó que esto tiene que ver con generar “las condiciones para que la ciencia y la academia se vinculen de mejor manera con la producción”; propiciar “mejores condiciones para que el sector privado encuentre un Estado emprendedor, audaz y capaz de tomar decisiones potentes”; proponer “iniciativas que internacionalizan empresas y producción uruguaya”, y promover “normativa de calidad regulatoria”.

Para abordar estos desafíos, la ANDE optó por abordar la economía desde una “especialización inteligente”. Está compuesta por “el componente territorial” que implica la “regionalización”: “Mirar cuestiones del desarrollo económico en clave regional” para “trascender los límites político-administrativos que son los departamentos”, lo que configura “una absoluta novedad” en este período. “Pensar en clave regional es vital en un país que no cuenta con una institucionalidad regional”, acotó, y señaló que para lo anterior definieron cinco regiones –norte, litoral, centro-sur, este y sur, o metropolitana, que nuclea a Montevideo y Canelones–, así como agendas en distintos plazos.

Por otro lado, y como segundo componente, están las “cadenas de valor estratégicas”, una invitación a focalizar “cadenas de valor que han sido identificadas como avenidas para el desarrollo en nuestro país”. En este apartado se seleccionaron seis en conjunto con otras agencias bajo la órbita de U+I: “La agroindustria inteligente, las industrias creativas o la economía de la cultura; la logística vista como una cadena de valor en sí misma y no transversal a otras; el turismo; las ciencias de la vida tanto humanas como animales, y las tecnologías de la información”.

“Para la ANDE es muy importante el trabajo en territorio, lo que actualmente en la literatura de la nueva política productiva se reconoce como bottom-up (...). Es una mirada de abajo hacia arriba. Creemos que hay que tener un Estado emprendedor –que construya y oriente mercados, y defina una estrategia país–, pero eso debe ser necesariamente combinado con una mirada desde los actores del desarrollo en territorio, una mirada local, ascendente desde abajo hacia arriba”, acotó.

Como ejemplo de lo anterior, Dorrego recordó el taller regional que se desarrolló este martes en la UTEC de Fray Bentos, donde “reunimos en diferentes mesas de trabajo –pero en una misma discusión– gobiernos regionales, con su representación territorial, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”, junto con “empresarios y empresarias, muchas veces nucleados en cámaras, y también la academia”.