Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En medio de la crisis por Conexión Ganadera, el Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó ayer a otra empresa del rubro (Fondo Pampas) para que dejara de hacer publicidad. La resolución está en línea con otro comunicado anterior, del 24 de enero, en el que la autoridad monetaria aclaró que estos fondos de inversión ganadera no están comprendidos por el marco regulatorio de la Superintendencia de Servicios Financieros.

El presidente del BCU, Washington Ribeiro, planteó en ese momento que para revertir la situación sería necesario algún tipo de cambio normativo. El jerarca del Partido Nacional se defendió así de las críticas del futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien había opinado que el BCU debió jugar un papel más proactivo para evitar los fraudes de fondos como Conexión Ganadera.

La capacidad de las instituciones del Estado para controlar y prevenir maniobras contra el ahorro público tal vez sea el punto más relevante de la agenda que se instaló tan fuertemente en las últimas semanas en Argentina y Uruguay. Al igual que los personajes oscuros que diseñaron la estafa con criptomonedas que involucra a Javier Milei, empresarios como Gustavo Basso y Pablo Carrasco se especializaron durante años en buscar resquicios legales y evitar los controles de la autoridad monetaria. Un caricaturista podría usar una misma imagen para describir este “aire de época”: un tipo con los ojos vendados revolea un palo y la piñata dice “Banco Central”.

Contra lo que dijo Ribeiro, otros actores del mundo financiero sostienen que ya existen herramientas legales para que el BCU adopte una postura más enérgica frente a estos hechos, en caso de que así lo definiera. En concreto, se ha mencionado la Ley 18.627, de 2009, que regula el mercado de valores y la deuda pública. Y en particular tres artículos (1, 2 y 7), en los que se encomienda a la autoridad monetaria a “velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado” del mercado de valores, así como a garantizar la “adecuada información a los inversionistas y la reducción del riesgo sistémico”.

Para los servicios jurídicos del BCU, como se ha señalado, la normativa vigente en Uruguay no obliga a intervenir en situaciones como las de Conexión Ganadera, una opinión que no comparten aquellos que piensan que estos fondos ganaderos son, en realidad, mecanismos para captar ahorro público. La discusión está planteada y sería razonable trasladarla al ámbito parlamentario.

Es evidente que las advertencias que hizo estos años el BCU sobre algunos fondos ganaderos no han sido suficientes para evitar los fraudes. Las circulares llegan generalmente a grupos reducidos de especialistas y tienen mucho menor impacto que, por ejemplo, una campaña de bien público. No sería válido responsabilizar a tal o cual organismo estatal por coyunturas que terminan involucrando a “un lote de infelices y un par de listos”. Sí se puede señalar que es más probable transitar hacia esas situaciones dramáticas cuando se priorizan demasiado las chacras y falla la coordinación mínima entre los organismos que deberían proteger los intereses de los ahorristas.

Hasta mañana.