Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer en la diaria.

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, firmó una resolución el 27 de diciembre para autodesignarse inspectora de Literatura, una responsabilidad que pretendía asumir a partir de marzo, según reveló nuestro compañero Facundo Franco el 14 de febrero. La nota también dejaba en evidencia que la decisión administrativa se había tomado contra la normativa vigente, por lo que cuatro días después, el martes 18, Secundaria resolvió dar marcha atrás con el nombramiento de Cherro como inspectora.

No es la primera vez que sucede algo con estas características. Otras situaciones similares a las de Cherro ya han generado debate público y controversia política, sobre todo en la primera mitad del gobierno de Luis Lacalle Pou. Los intercambios se daban en dos planos: para la oposición, se trataba de episodios que confirmaban que “gobierno transparente” era más una consigna que una realidad, mientras que el oficialismo defendía su derecho de reaccionar a tiempo ante cambios de humor repentinos en la opinión pública.

El primer año de gobierno tuvo al menos diez episodios de “marchas y contramarchas” vinculadas a decisiones del Poder Ejecutivo, según recopilamos en la última edición de 2020. Entre ellos estaban la resolución para presupuestar 847 funcionarios en Antel que le costó el cargo al presidente Guillermo Iglesias, un recorte presupuestal en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas que fue revisado tras quejas de los estudiantes, y el retiro de una placa de Víctor Castiglioni que las autoridades del Ministerio del Interior habían autorizado colocar en el salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Al año siguiente hubo más episodios, algunos significativos. Un ejemplo: el 11 de febrero de 2021, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, firmó una resolución que le otorgaba exoneraciones tributarias a una empresa de Isaac Alfie, por entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El documento firmado por Arbeleche se colgó en el sitio del MEF, pero tomó estado público casi un mes después, el 5 de marzo. Ese mismo día, tras una reunión con Lacalle Pou, Alfie informó que había decidido “renunciar a los beneficios tributarios”.

En agosto de 2021, la exesposa del presidente, Lorena Ponce de León, inició trámites para registrar a su nombre las marcas Sembrando y Programa Sembrando Emprendedores. Apenas se divulgó la información, Ponce de León resolvió que ambos programas tenían que seguir “a nombre de Presidencia”, ya que recibían financiamiento de fondos públicos.

Un último ejemplo: en marzo de 2021, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos publicó en sus redes un documento de la cancillería sobre una compra directa de 33.000 pesos. El concepto del gasto era un almuerzo de trabajo que habían tenido los equipos encabezados por Arbeleche y el ministro Francisco Bustillo. Cuando la noticia se hizo pública, Bustillo ordenó que se cancelara la compra y anunció que se haría cargo personalmente del costo de la factura. Habían comido milanesas con puré.

Hasta mañana.