La jueza letrada de Paso de los Toros, Anabel Saravia, revirtió este viernes la inimputabilidad de la mujer indagada por amenazas y múltiples incendios en Cardozo Chico y Peralta, dos pueblos de Tacuarembó, y dispuso su prisión preventiva en la Unidad N° 26 del departamento, por un plazo de noventa días.

En abril, cuando se realizó la imputación, el fiscal de Paso de los Toros, Mauricio Delgado, en base a la historia clínica de la mujer y el planteo de su defensa, ordenó realizar una pericia psiquiátrica para determinar si podía ser inimputable y darle las mayores garantías. Sin embargo, el Instituto Técnico Forense (ITF) no contaba con peritos psiquiatras en el departamento, por lo que se determinó que el análisis se realizara en Montevideo. En la capital, debido a la Semana de Turismo, no había psiquiatras en funciones.

Ante la falta del resultado de la pericia psiquiátrica, la jueza la declaró inimputable y dispuso que se la internara en el Hospital Vilardebó hasta que se pudiera concretar el análisis del ITF. Sin embargo, según informó Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes del caso, el hospital se negó a atender a la indagada, con el argumento de que la mujer contaba con la asistencia de una mutualista en su departamento. Ante la negativa del hospital a cumplir con la medida cautelar, la jueza Saravia intervino y dispuso finalmente la internación en el prestador de salud privado.

Según supo la diaria, la Fiscalía de Paso de los Toros envió un oficio ante el Ministerio de Salud Pública para que se analice el accionar que tomó el Hospital Vilardebó, ya que negó el cumplimiento de una medida cautelar dispuesta en el marco de un proceso penal. Asimismo, la mutualista de la mujer presentó un escrito ante la fiscalía manifestando su malestar porque no tenía un lugar adecuado para su internación.

En la audiencia para analizar la revisión de la medida cautelar, el fiscal realizó el mismo argumento que en la imputación para solicitar su internación y valoró que existían riesgos procesales, ya que los últimos incendios habían sucedido en un plazo muy corto el uno del otro y el último se realizó con personas adentro de la casa. Además, se valoró que la indagada vivía al lado de las personas que habían sido atacadas y muy cerca de las otras víctimas.

La investigación continúa y corre el plazo de un año para que el fiscal realice la acusación o archive, salvo que se concrete un proceso abreviado, que ahora, como persona imputable, es una posibilidad. El fiscal tiene al momento el análisis del celular que le fue incautado y están abiertas varias líneas de investigación para dilucidar si hubo o no más implicados en los incendios y las amenazas.