Este viernes se cumple el período de 90 días que el Poder Ejecutivo y el consorcio Aguas de Montevideo acordaron para renegociar el proyecto Neptuno, que propone la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, al tiempo que suspendieron los plazos establecidos en el contrato firmado por el anterior gobierno el 23 de enero.

En ese marco, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) emitió un comunicado en el que reafirma las razones por las que, “a juicio de un amplio espectro de actores sociales, académicos y técnicos”, entienden que el contrato “debería ser declarado nulo”. Entre ellas: la inconstitucionalidad, el impacto ambiental y el riesgo sanitario del proyecto, la inviabilidad económica y los problemas técnicos.

La CNDAV manifestó al gobierno que la renegociación del contrato “debe concluir en la nulidad del contrato Neptuno-Arazatí”, ya que “se trata de un proyecto inviable, que no contó con las garantías necesarias en su evaluación de viabilidad ambiental de localización, presenta impactos ambientales graves, constituye un riesgo sanitario para la población y compromete la eficiencia y sustentabilidad del sistema de agua potable”.

La comisión sostiene, además, que todo proyecto de suministro de agua debe tener en cuenta, “como lo establece la Constitución, que el acceso al agua es un derecho humano fundamental”, y debe garantizar “la participación de usuarios y de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos”. Por ende, “cualquier intervención que pueda comprometer este derecho debe ser evaluada con el máximo rigor técnico, transparencia y participación pública”.

Remarca el comunicado que, “hasta el momento, no se ha podido acceder a la Justicia para que se expida sobre la inconstitucionalidad del proyecto”, ya que “por temas de forma” han desestimado los juicios, pero nada se ha dicho de las “pruebas presentadas sobre la inconstitucionalidad del proyecto”, por ejemplo, durante la medida cautelar de “no innovar” interpuesta por la CNDAV y la Agrupación Tucu Tucu.

En materia ambiental y sanitaria, la comisión sostiene que “el Río de la Plata en la zona de Arazatí no constituye una fuente segura de agua bruta para potabilización” y “se han identificado eventos recurrentes de salinidad, floraciones de cianobacterias y la presencia, no debidamente medida, de contaminantes orgánicos e inorgánicos”. La duración y frecuencia de los eventos de alta salinidad también “implican el posible no funcionamiento de la planta”. Asimismo, “existe el riesgo de infiltración de contaminantes hacia el acuífero Raigón”.

La CNDAV también profundiza en la inviabilidad económica del proyecto, cuya inversión “supera en más de tres veces el valor real estimado de la obra”, e implicaría que OSE asuma una “serie de inversiones adicionales no contempladas en el contrato”. “El diseño propuesto no prioriza la eficiencia del proyecto, sino que está orientado a minimizar la inversión del consorcio, aumentando los riesgos operativos”, afirma.