Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer el gobierno presentó la estrategia nacional contra el lavado de activos para los próximos cinco años. Está basada en la Evaluación Nacional de Riesgo, hecha en 2022, que dio como resultado que los principales delitos que generan lavado de activos en Uruguay son el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la estafa, el tráfico de armas, los delitos tributarios y la corrupción, y los principales sectores de actividad que se utilizan para lavar activos son el financiero, las estructuras societarias, el mercado inmobiliario y las zonas francas, entre otros.

Entre los planes del Poder Ejecutivo está la aprobación del proyecto que adecúa la ley de lavado de activos, el fortalecimiento de la Senaclaft y que esta se ponga a disposición de la Justicia. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, uno de los que participó en la elaboración de la estrategia, dijo que el Ejecutivo tiene el compromiso político de “obtener resultados” y que estos “se traducen en formalizaciones y condenas por lavado de activos, no por delitos precedentes”.

Y hablando de sectores de actividad donde se pudo colocar activos sin demasiados controles, la Justicia decretó el concurso sobre la herencia del socio fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, que cuenta con un activo valorado en 6,5 millones de dólares y un pasivo de 8 millones de dólares. La cifra total del pasivo de Conexión Ganadera se conocerá en setiembre, pero el síndico ya comunicó a los acreedores que supera los 300 millones de dólares.

Quienes invirtieron en ganado saben que es uno de los principales rubros de exportación del país, en pie o faenado, y que esa mercadería sale por el puerto de Montevideo. Sobre esta operativa, la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga advirtió que “varias navieras de alcance internacional” comenzaron a “omitir el puerto de Montevideo en sus itinerarios regulares”, situación que viene “generando una reconfiguración en las rutas habituales de importación y exportación”. Sobre esta constatación, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, dijo que “los costos se habían elevado” y que la ANP buscará trabajar con Terminal Cuenca del Plata (TCP) sobre problemas “asociados a la disponibilidad de TCP y algunos costos que están cobrando”. Vale recordar que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un contrato con la empresa Katoen Natie que otorgó la concesión de la terminal hasta 2081 a TCP —integrada por Katoen Natie en el 80% y la ANP en el 20%— y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo. Según Genta, entre enero y mayo de 2025 hubo una disminución del 29% en el movimiento total de contenedores en términos interanuales y una caída de 50% en el movimiento de contenedores en trasbordo. Para Katoen Natie la omisión de escalas “para llegar en tiempo y forma a las siguientes”, se debe a razones climáticas y de congestión en otros puertos de la región.

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