En noviembre, los apicultores alertaron por episodios de mortandad de abejas y se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que reúne representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Universidad de la República, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y el Centro de Operaciones Apícolas Los Espinillos. A través de un comunicado, el equipo difundió nueva información. Por ejemplo, actualizó que las colmenas afectadas son más de 15.000 y están ubicadas en los departamentos de Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, San José y Soriano. Tal como detalló en misivas anteriores, todos los apiarios se encontraban en entornos agrícolas con presencia de cultivos de colza, trigo, cebada, maíz, sorgo o soja.

El grupo hizo relevamientos en los apiarios afectados, tomó muestras de las abejas y otras matrices que enviaron a laboratorios nacionales de la Universidad de la República –la Facultad de Química y el Centro Universitario Regional Litoral Norte (Cenur Litoral Norte)–, el IIBCE y el MGAP. Por otro lado, el INIA también hizo “bioensayos en condiciones controladas para evaluar la exposición de las abejas a determinados” plaguicidas y envió 12 muestras a un laboratorio ubicado en España.

El IIBCE encontró que los resultados “no permiten atribuir la mortandad a enfermedades propias de las abejas”. En los bioensayos que hizo el INIA se evidencia “mortalidad significativa de abejas asociadas a diquat y paraquat [herbicidas] en condiciones controladas”, sin embargo, el texto aclara que esto “no permite establecer una correlación directa y concluyente con los eventos observados a campo”. En los laboratorios del Cenur Litoral Norte, la Facultad de Química, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) y en otro laboratorio de España se analizaron 43 muestras provenientes de 36 sitios afectados. Uno de los puntos que detalla la misiva radica en que “no se detectaron residuos de paraquat ni de diquat en ninguna de las muestras analizadas”. Sin embargo, en las muestras que enviaron al laboratorio de España se constató la “presencia de glifosato en concentraciones variables, todas en niveles poco superiores a la detección, en 11 de las 12 muestras” enviadas. A su vez, en cuatro muestras detectaron “otros ingredientes activos”, cuyos nombres no se detallan. Existe dura evidencia, proporcionada por investigaciones hechas en nuestro país y a nivel mundial, de las consecuencias negativas que produce el glifosato –e incluso algunos de sus sustitutos– a los polinizadores.

El comunicado señala que la DGSA “aportó información respecto a los registros de uso y comercialización de productos fitosanitarios para el año 2025, así como antecedentes productivos de los cultivos involucrados”. “No se constató uso registrado de paraquat en colza, lo que se suma a los análisis realizados sobre colza exportada que no evidencian residuos de dicho principio activo”, agrega. A su vez, aclara que “el tiempo transcurrido entre los eventos y los muestreos que se realizaron en campo” y “la multiplicidad de factores en interacción” constituyen “elementos relevantes a considerar en la interpretación de los resultados y refuerzan la necesidad de continuar profundizando los estudios en curso”.

¿Cuáles son las conclusiones del grupo de trabajo interinstitucional? Responde: “Los resultados obtenidos confirman la exposición ambiental de las abejas a distintos productos fitosanitarios, si bien al momento no permiten establecer relaciones causales directas entre un principio activo específico y los eventos de mortandad registrados”. Indica que la situación “refuerza la necesidad de profundizar en líneas de investigación, seguimiento y monitoreo”.

En este marco, el equipo entiende prioritarias varias acciones. La primera es el “desarrollo de un programa de monitoreo permanente de apiarios en distintas zonas del país, que incluya muestreos a campo y análisis de laboratorio”. La segunda consiste en el “fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante reportes de mortandad o denuncias” y el “análisis de matrices más estables: cera, néctar, polen y suelo, que permitan optimizar la detección de residuos y facilitar la reconstrucción de los escenarios de exposición”. La tercera versa sobre el “estudio específico de principios activos y de las posibles interacciones entre distintas moléculas (insecticidas, herbicidas, tratamientos de semilla y bioinsumos) en condiciones representativas del uso a campo”. Finalmente, el grupo también entiende relevante el “acompañamiento técnico a apicultores con apiarios afectados, [la] evaluación del estado sanitario y productivo de las colmenas, [y la] articulación con los organismos competentes para el análisis y seguimiento de las denuncias”.