Opinión

Resolver la viabilidad del sistema de seguridad social debería ser la obligación del Estado con el objetivo de proteger derechos ya consagrados, y no justificar el recorte de derechos para dar lugar a un sistema más precario.

Sin transparencia no vamos a tener información de calidad, y sin esa información la discusión pasa a ser sólo un poco más que los sketches paródicos que se titulaban “Hablemos sin saber”.

La redacción de una nueva Constitución en Chile debe entenderse como el inicio de una nueva etapa inmersa en un contexto más amplio, en el que la ciudadanía debe ser la protagonista.

Las estrategias implementadas por los países más poderosos durante la pandemia han profundizado la desigualdad haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, desatando la inflación, la desocupación y la inseguridad.

Desde su creación hace diez años, el Observatorio Luz Ibarburu ha puesto el acento en los distintos desafíos existentes para que el Estado pusiera fin a las políticas estatales de impunidad que subsisten en Uruguay.

No hay “blindaje mediático” posible para tapar la realidad que se vive en torno a la falta de seguridad en buena parte del país, ni para los graves delitos cometidos que involucran a figuras del gobierno.

Creo que la significación de los planteamientos de Vaz Ferreira en torno al problema de la desigualdad entre mujeres y hombres estriba en la posibilidad que nos brinda de ensayar una crítica del asunto a una escala mayor.

Se condena a las encuestas a la ligera como inservibles porque no estiman a la perfección un resultado electoral, cuando lo más jugoso es que nos ayuden a realizar un buen diagnóstico sociológico, político y electoral.

En varias de las mencionadas iniciativas hay un denominador común: se define desde el poder central un programa, servicio o prestación, para que luego en la escala subnacional se resuelva cómo gestionar.