La biodiversidad y el Uruguay Natural en peligro

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus nos ha arruinado la vida de distintas maneras. Pero, aunque pocas, también ha traído algunas cosas positivas. Una de ellas es poner de manifiesto lo importante que es contar con una comunidad científica activa y comprometida que sea capaz de generar conocimiento para responder a los problemas del país. A tal punto es vital ese conocimiento generado por nuestras investigadoras e investigadores, que el Poder Ejecutivo constituyó un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para tomar decisiones sobre el coronavirus basadas en la mejor evidencia posible. Si esa lógica se mantiene, algo bueno habremos sacado de todo esto.

En momentos en que el Parlamento está analizando los numerosos artículos del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), la publicación del artículo “Expansión agrícola en los pastizales del Uruguay y áreas prioritarias para la conservación de vertebrados y plantas leñosas”, a cargo de investigadores de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera de la Facultad de Agronomía, ambas de la Universidad de la República, no podía ser más oportuna.

Porque mientras que los artículos 500 y 501 de la LUC proponen que para que un terreno ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) debe contar con autorización expresa de su propietario, algo que no ha pasado jamás en los casi 15 años que llevamos con áreas protegidas, este artículo, que analiza la pérdida de biodiversidad en nuestro país, concluye que hay una necesidad “urgente de desarrollar estrategias para reducir la tasa de pérdida de pastizales naturales en Uruguay, así como para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados”, y que los esfuerzos de conservación deben darse “a través de la expansión de áreas protegidas públicas y privadas y la promoción de alternativas agrícolas amigables con la vida silvestre, como la producción de carne en pastizales naturales”. De la investigación científica surge entonces que se necesitan más y no menos áreas protegidas. Vayamos entonces a conocer este trabajo de investigación que no sólo constata la pérdida de hábitats naturales en el presente, sino que, basado en información y evidencia científica, proyecta un panorama nada alentador para 2030.

Los pastizales y el Uruguay Natural

“La pérdida de hábitat debido al cambio en el uso de la tierra es la mayor amenaza para la biodiversidad a escala mundial, y la agricultura ha sido el principal impulsor del cambio”, dicen los investigadores en su artículo, citando literatura científica internacionalmente aceptada. “En Uruguay, el cambio en el uso de la tierra ha sido relativamente moderado en el contexto de los pastizales del Río de la Plata, pero la conversión de tierras silvestres y pastizales en tierras de cultivo (principalmente soja) y plantaciones forestales exóticas (principalmente eucaliptos) se ha acelerado en las últimas dos décadas”.

“El ecosistema dominante y típico de Uruguay son los pastizales”, dice Alejandro Brazeiro, uno de los autores del artículo e investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. “Son como nuestras selvas tropicales, es donde habría que poner el foco de conservación y por lo general no se les da mucho corte. Hay gente que define los pastizales como un lugar sin árboles y no por los atributos que tienen”, agrega. Y vaya si tienen atributos propios que los hacen hábitats de interés: en los pastizales viven 222 de las 351 aves (62,67%) del país, 55 de los 74 mamíferos (74,32%), 36 de los 65 reptiles (55,3%), cuatro de los 48 anfibios (8,33%) y 114 de las 315 plantas leñosas (36,19%). El trabajo no lo analiza, pero si a esta biodiversidad sumamos a los insectos, arácnidos, plantas no leñosas, hongos y microorganismos, el pastizal, lejos de ser ese “lugar sin árboles”, se convierte en un lugar donde la vida abunda en todo su esplendor.

El artículo señala que en el pasado, previo a la llegada de los colonizadores, 80% del territorio de lo que hoy es Uruguay estaba compuesto por pastizales, praderas y bosques abiertos. A ese paisaje, que era la matriz, o el ecosistema dominante, se le sumaban parches de bosques nativos y humedales. Eso ha cambiado.

“Hay datos oficiales de 2015, como los que usamos en el trabajo, y otros más recientes, que muestran que ahora tenemos 60% de nuestra superficie terrestre con pastizales, o sea que ya se ha perdido 20% de pastizales”, señala Brazeiro. “Y dentro de ese 60% que queda hay una buena parte que está alterada y ya no son pastizales naturales sino campos mejorados, muchas veces con especies exóticas para forrajeo del ganado. Muchos están muy invadidos por otras especies exóticas, como el tojo, un arbusto de origen europeo, en la región este, y muchos están sobrepastoreados, por lo que están muy degradados”.

Mientras que los bosques nativos están protegidos por ley, y los cursos de agua, sus márgenes y algunos humedales están contemplados por distintas normativas, los pastizales están desamparados y no tienen disposiciones que los defiendan. “Justamente por eso mismo son de los ecosistemas más vulnerables al cambio de uso del suelo, porque la agricultura y la forestación se ‘ponen’, por así decirlo, arriba del pastizal”, señala Brazeiro.

Por eso en el artículo los investigadores se proponen estudiar “la vulnerabilidad de la diversidad de vertebrados y plantas leñosas a la pérdida de áreas de pastizales, impulsada por la expansión agrícola y forestal, para identificar áreas prioritarias para la conservación”. Pero no sólo vieron qué pasaba en el presente; también se proyectaron al futuro: “Simulamos un escenario de uso de la tierra para 2030 basado en los objetivos nacionales de producción de soja y plantaciones forestales exóticas”. Si bien el escenario a futuro es alarmante, tampoco es que podamos celebrar demasiado lo que está sucediendo en el presente.

El Uruguay en celdas

Dado el objetivo planteado, los investigadores se propusieron contestar tres preguntas: dónde están ubicadas las áreas más vulnerables para la conservación de vertebrados y plantas leñosas, en qué medida las áreas de mayor vulnerabilidad se han convertido en tierras de cultivo y forestación o se espera que se vean afectadas en un futuro próximo por la expansión agrícola, y dónde priorizar los esfuerzos para conservar los vertebrados y las plantas leñosas ante la futura expansión agrícola. Para contestarlas, recurrieron a un trabajo previo, que los investigadores hicieron junto a muchos otros colegas, que divide al país en celdas de 660 km2, de 33 x 20 km. Uruguay, con sus 176.215 km2, queda comprendido en 302 celdas.

Ese trabajo previo identificó, analizando esas 302 celdas que conforman el país, “siete ecorregiones naturales”, según la geomorfología, los suelos y la fauna y flora que contienen. Dado que Uruguay se ha comprometido a proteger su biodiversidad, cumpliendo con la meta AICHI número 11, “que tiene como objetivo garantizar que para 2020 al menos el 17% de los ecosistemas estén protegidos, especialmente aquellos de mayor importancia para la biodiversidad y servicios ecosistémicos”, los investigadores seleccionaron como las “áreas vulnerables prioritarias” a “17% de las celdas con vulnerabilidad más alta”. De esta manera, de las 302 celdas en que se divide el país, seleccionaron las 51 que tenían la mayor diversidad y vulnerabilidad como las áreas prioritarias, abarcando las siete ecorregiones del país.

En estas 51 celdas estudiaron entonces el impacto actual de la expansión de la agricultura y la forestación –cerrando los datos en el año 2016– y las proyecciones del impacto a 2030.

Un presente complicado

Citando datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 2016, los investigadores afirman que hoy “los principales usos de la tierra son la ganadería, los cultivos y las plantaciones de bosques exóticos”, actividades que juntas “cubren aproximadamente el 90% del territorio”. Sin embargo, la ganadería extensiva en pastizales no genera tantos cambios en el uso de la tierra, por lo que afirman que “en Uruguay, el principal sector económico que impulsa el cambio en el uso de la tierra es la agricultura (cultivos y plantaciones forestales exóticas), que es responsable de 93% de la cubierta terrestre transformada de Uruguay; el otro 7% son áreas urbanas, infraestructuras y cuerpos de agua artificiales”.

El principal motor de ese cambio acelerado del uso del suelo ha sido el cultivo de la soja, que antes del año 2000 ocupaba apenas 40.000 hectáreas y en 2015 ya abarcaba más de 1.200.000. El otro ha sido el sector forestal “que ha sido alentado por las reducciones de impuestos a fines de los años 80 y 90” y que pasó de 200.000 hectáreas forestadas antes de la década de 1990 a más de 1.000.000 en 2015. De esta manera, según el mapa de la cobertura terrestre de 2015, “36,2% del territorio continental original de Uruguay (176,500 km²) ha sido transformado por tierras de cultivo (incluyendo praderas artificiales, 27,5%), plantaciones de bosques exóticos (7,9%) y zonas urbanas y otras áreas artificiales (0,8%).

Al realizar el estudio del cambio del uso del suelo, los investigadores encontraron un deterioro de los pastizales en gran parte del país: “36% del territorio continental original de Uruguay, principalmente pastizales, se convirtió en tierras de cultivo (28%) y plantaciones forestales exóticas (8%) hacia 2015”. Pero hay más.

Al analizar lo que sucedía en las 51 celdas prioritarias para la conservación, encontraron que “27% de las celdas prioritarias para la conservación de vertebrados y la diversidad de plantas leñosas se han transformado, especialmente en tres ecorregiones en que la pérdida de hábitat fue de entre 35% y 45%”. Los resultados muestran que, independientemente de las proyecciones a 2030, habría que actuar cuanto antes, porque gran parte del pastizal prioritario a conservar ya se perdió.

“Se suele enfocar la atención en el cambio climático como la gran amenaza para todo, incluso para la biodiversidad. Yo no digo que no sea importante, pero no podemos dormirnos y pensar en lo que ocurre a un ritmo más lento, y que nos va a afectar en un futuro, y no atender lo que está pasando ahora con efectos que se están dando hoy y que estamos dejando de lado”, reflexiona. “Hay algunas ecorregiones donde una gran cantidad de las praderas nativas ya se han convertido para su uso en la agricultura o en la forestación, con pérdidas de hábitats naturales que llegan hasta 45%”, dice, mostrando que esto está sucediendo hoy ante nuestros ojos.

El destino en una década

Pero la investigación de Brazeiro, Marcel Achkar, Carolina Toranza y Lucía Bartesaghi no se queda sólo en analizar el presente. Dado que en el año 2009 “la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de Uruguay delineó objetivos nacionales específicos de crecimiento”, y que para alcanzar “las metas de producción nacional para 2030 propuestas por OPP sería necesario aumentar en aproximadamente un millón de hectáreas el área de tierras de cultivo y plantaciones de bosques exóticos”, los autores del artículo se proponen analizar qué sucedería con nuestros ecosistemas en ese escenario que representa “un desafío importante para el desarrollo sostenible de Uruguay”.

Para realizar esta proyección, los investigadores parten de las siguientes coordenadas. Primero, que “la soja ha sido el principal impulsor de la expansión agrícola en las últimas dos décadas, mientras que el área plantada de otros cultivos se ha mantenido relativamente constante”, por lo que asumen que esa tendencia se mantendrá en el escenario 2030. También asumen que los precios de la soja y la celulosa seguirán siendo importantes, más allá de fluctuaciones temporales.

Plantean entonces áreas donde se dará la expansión forestal de acuerdo con las áreas de prioridad forestal ya definidas, las tendencias de los últimos 20 años, las ventajas logísticas según la ubicación de las plantas, y un “desarrollo de una nueva región forestal de 100.000 hectáreas” en un radio de 200 km a la nueva planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia (la segunda planta de UPM no se había concretado al realizar el análisis de los datos). Por su parte, para la expansión de la soja asumieron que se daría en suelos de alta aptitud para la agricultura y en la proximidad a regiones agrícolas ya consolidadas “debido a las ventajas logísticas”. Estos supuestos se utilizaron para evaluar la probabilidad de conversión (a cultivos de soja) de todos los productos naturales. Cuando “la probabilidad de conversión a plantaciones forestales y cultivos de soja fueron comparables”, los investigadores asumieron que se impondría la soja “debido a su mayor rentabilidad económica”.

Al poner estas variables en juego, de cara al crecimiento de la producción planteado por la OPP para 2030, observaron qué sucedía en las 51 celdas prioritarias para la conservación. Tómense un segundo para respirar profundo y luego sigan leyendo. “La pérdida general del hábitat original (principalmente pastizales) alcanzaría el 48% de la superficie terrestre del país”, comunican en el artículo, y además agregan que “45% de las celdas prioritarias se convertirían en tierras agrícolas, especialmente en cuatro ecorregiones, con pérdidas de hábitat superiores a 50%”.

Casi la mitad de las celdas que identificaron como prioritarias para la conservación sufrirían transformaciones por la expansión sojera y forestal que implicarían pérdidas de pastizales superiores a 50%. La garganta se cierra. Cuesta tragar. Glup. Brazeiro confiesa que los resultados también lo inquietaron.

“La verdad es que fue medio chocante ver los resultados de esa proyección a 2030. Si se sigue con esa tendencia de expansión de la agricultura y de la forestación para cumplir las metas de aumento productivo, vamos a tener problemas muy graves para conservar las especies de pradera”, reflexiona. “Estamos en un punto de quiebre. Prácticamente de acá a 2030 nos vamos a quedar con la mitad de las praderas naturales del país”.

A Brazeiro también le impacta “la rapidez del cambio”. Al ver el estado actual del país y la proyección a futuro, es imposible no ver una tendencia. “Uno ve que desde el 2000 al 2020 hay un ascenso casi exponencial. Si uno sigue proyectando la línea de incremento del uso de suelo para agricultura y forestación, al 2030 llegamos a las cifras que da el artículo de pérdida de hábitat”, lamenta. Dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora, le sugiero si no será tiempo de salir a pedir un esfuerzo para aplanar la curva de la expansión de la agricultura y la forestación. “La verdad es que sí. Usando la terminología que trajo esta pandemia, estaría buenísimo tratar de aplanar la curva de la tasa de pérdida de pastizales que tenemos en el país” responde.

Y eso que en su trabajo no contemplaron la instalación de la tercera planta de celulosa, que para el investigador implica que en un radio de 200 km de donde se instala la planta, dados los costos de fletes y otras ventajas logísticas, sería esperable un aumento de las forestaciones en partes de Durazno y Tacuarembó.

Y aquí surge otro dato tan interesante como alarmante: de las 51 celdas prioritarias para conservar, sólo siete (13,7%) están en áreas protegidas actuales. “Ese es otro escenario”, dice Brazeiro. “Uno sería el de si se cumplen las metas de la OPP a 2030, mientras que este sería el de si se cumplen las metas de conservación del país asumidas en la convención sobre diversidad biológica, las metas AICHI, y entonces deberíamos aspirar a tener ese 17% de los sitios más importantes y vulnerables bajo un sistema de áreas protegidas. Lo que vemos es que estamos lejísimo, y de esas celdas de prioridad más destacadas tenemos muy pocas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Consecuencias y soluciones

En el trabajo, los investigadores señalan que no es sencillo evaluar cómo responden las especies a la pérdida de hábitat, ya que no es un proceso lineal en el que la pérdida de 10% de hábitat se correlaciona con una baja de las poblaciones determinada. Sin embargo, dado que en algunas de estas celdas hay una pérdida que llega a casi 50%, y que en la mayoría no baja de 20%, es de esperar que muchas especies de plantas y animales que sólo viven en esos pastizales afectados estén seriamente comprometidas.

Pero hay más: incluso encontraron que cinco de las 51 celdas prioritarias (casi 10%) ya tuvieron una reducción de hábitat mayor a 70% en 2015, por lo que las consideran “celdas convertidas”, donde, prácticamente, hay que renunciar a toda esperanza. “Sí, son celdas que uno ya considera ‘entregadas’, lugares que ya están muy transformados, donde la agricultura y la forestación avanzaron muchísimo y en los que quedan muy poquitos relictos, parches de pastizales entre áreas agrícolas, donde sería muy complicado revertir la situación”, afirma. “Entonces más vale enfocarse en los lugares que se mantienen, aquellos donde todavía más o menos predomina lo nativo. Si pensamos mejorar o ampliar el sistema de áreas protegidas, tenemos que dirigir los esfuerzos hacia donde es más viable y donde tenemos más probabilidad de éxito de instalar un área que cumpla los objetivos de conservación”, agrega.

Por todo ello, en el artículo señalan que el “escenario de cambios en el uso de la tierra para 2030 deja en claro la necesidad urgente de desarrollar estrategias para reducir la tasa futura de pérdida de pastizales”, y afirman que “la implementación de áreas protegidas es una herramienta clásica y valiosa”, aunque reconocen que, dada la magnitud del cambio, “la contribución del SNAP será insuficiente para conservar a todas las especies vulnerables de la pérdida proyectada de pastizales”.

Pese a ello, indican que “el país debe continuar avanzando en la expansión del SNAP, al menos para mitigar la pérdida adicional de pastizales en las ecorregiones de Graben del Santa Lucía, Escudo Cristalino y la Cuenca sedimentaria del Oeste, así como en las celdas de alta prioridad para la conservación de vertebrados y plantas leñosas”. Tomen nota, señores legisladores. Pero también reconocen que, “además de expandir el SNAP, necesitamos urgentemente encontrar y promover alternativas productivas que conserven la biodiversidad y el medio ambiente”.

También destacan tres “cuestiones clave para resolver”. La primera, que “la sociedad y, en particular, los encargados de formular políticas deberían estar mejor informados y ser conscientes de la magnitud del cambio en el uso de la tierra en el país y los posibles impactos ambientales y sociales”, a lo cual agregó que “el sector académico debería emprender esta tarea con mayor compromiso”.

Es más, dicen que la marca “Uruguay natural”, usada para “promocionar al país en el extranjero”, tiene el inconveniente de “generar la sensación, a nivel local, de que el país ha sido poco transformado, por lo que la conservación no es un asunto urgente”. Al respecto, señalan que esa sensación comienza a hacer agua, o mejor dicho, a hacer agua con cianobacterias: “Una encuesta de opinión reciente (marzo de 2017, 1.300 casos) reveló que 59% de los encuestados creía que la marca ‘Uruguay natural’ no está en línea con la realidad ambiental del país”, afirman en el trabajo.

La segunda cuestión clave a resolver pasa, según ellos, porque “las políticas nacionales agrícolas y ambientales deben buscar una mayor articulación e integración”. La tercera es que “el sector privado debe estar mejor integrado en las políticas nacionales de conservación”, y al respecto señalan que, “sin la contribución de recursos privados, la expansión de áreas protegidas y áreas productivas con manejo sostenible será insuficiente para equilibrar los impactos de los cambios en el uso de la tierra. Debemos encontrar sistemas agrícolas alternativos que puedan alcanzar objetivos productivos y económicos mientras se minimizan los impactos ambientales”.

Y, a propósito, señalan que, en el caso de la ganadería a pastura, hay iniciativas promisorias –como la “Alianza de pastizal”, o la suscripción a un compromiso de FAO, la agencia de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura– de “una expansión cero en la cantidad de tierra dedicada a la producción de carne entre 2016 y 2030, lo que significa que la tierra de pastoreo permanece constante” o que “hay oportunidades viables para promover los esfuerzos de conservación dentro del sector forestal”, como es el caso de la certificación internacional (ponen de ejemplo la certificación FSC), que “está muy extendida entre las empresas forestales en Uruguay y que, entre otras cosas, exige a las empresas la creación de reservas privadas”.

El panorama es menos alentador en la agricultura: “La producción de soja es el sector agrícola más complejo para incorporar prácticas de conservación. El ciclo productivo es corto; muchos productores son inquilinos o extranjeros; es más sencillo mudarse a otros países o cambiar la actividad productiva según la rentabilidad; y, por lo tanto, la fidelidad de los agricultores a la tierra es menor que en otros sectores. En este contexto, es difícil promover incentivos para adoptar prácticas sostenibles, así como para llevar a cabo el control ambiental”, dicen, impotentes, en el artículo.

El camino de la producción sostenible siempre podrá transitarse. Pero el de la ampliación de las áreas protegidas choca de frente con lo propuesto en la LUC. Respecto de la ampliación de las áreas, Brazeiro sostiene que “es una recomendación del trabajo, pero también es una responsabilidad asumida por el país ante la Convención de Diversidad Biológica. Y si uno a eso le suma este escenario, que muestra que si no protegemos ahora posiblemente en diez o 20 años ya no valga la pena expandir hacia allí las áreas protegidas, porque ya van a ser lugares transformados, entonces es como que había que acelerar el proceso de conservación”.

“Lo que planteamos en el artículo es que una de las vías posibles pasa por la ampliación de las áreas protegidas públicas, aunque no tengamos muchas expectativas en que puedan crecer mucho. Si se aprueban estos artículos de la LUC, seguro que no va a haber áreas nuevas hasta que eso no cambie”, agrega. “Otra alternativa que es importante y que habría que trabajar mucho es la vinculación con el sector privado”, sostiene, y afirma que, dado que más del 90% de la tierra del país está en manos privadas, “hay que buscar una estrategia para involucrar al sector privado en esto”.

“Yo creo que si uno tiene que decidir a qué actividad dedica una hectárea de tierra, obviamente pensando en que hay que producir y generar recursos, porque la economía hay que moverla, en Uruguay la actividad que más fácilmente lograría ser sustentable, porque va a afectar menos el ambiente y va a ser más compatible con la biodiversidad, es la ganadería extensiva, sin duda”, dice Brazeiro. Uno piensa en la ironía de la vida. Cuando era pequeño y le decían que en el país se practicaba la ganadería extensiva, uno lo tomaba como una muestra de desdén por el trabajo del gaucho y sus descendientes, con la desidia del que tiene mucho, con la culpa productivista de no obtener los máximos resultados. Hoy la ganadería extensiva es, en Uruguay, la forma más amable de robarle a la tierra su riqueza.

Ampliación de áreas protegidas. Involucrar al sector privado. Caminar hacia la producción sostenible y sustentable. Herramientas para aplanar la curva, que, de lo contrario, nos llevará con su galope exponencial a comprometer seriamente nuestra biodiversidad.

Artículo: “Agricultural expansion in Uruguayan grasslands and priority areas for vertebrate and woody plant conservation”
Publicación: Ecology and Society 25 (2020)
Autores: Alejandro Brazeiro, Marcel Achkar, Carolina Toranza, Lucía Bartesaghi

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