Los ediles del Partido Socialista pretenden que el próximo presupuesto quinquenal de la Intendencia de Colonia destine partidas presupuestales para garantizar el libre acceso a la costa de ese departamento.

En esa línea, los representantes del sector del Frente Amplio desarrollan un trabajo de campo a lo largo de la costa coloniense recorriendo los diferentes caminos que deberían conducir a las distintas playas del Río de la Plata.

Hasta el momento han encontrado numerosos caminos bloqueados. Tras la finalización de esa pesquisa, pretenden instalar la discusión en el ámbito de la Junta Departamental de Colonia.

El edil y abogado José Manuel Arenas señaló, en diálogo con la diaria, que “estamos trabajando sobre una serie de problemas que acontecen con el acceso democrático a las costas”. “Lo vemos desde una posición de respeto a los derechos de los ciudadanos y también como una posibilidad cierta de reactivación económica en un momento complejo”, explicó.

Arenas explicó que a nivel legal “la gran mayoría de los especialistas entiende -y nosotros compartimos- que las costas y las playas son bienes nacionales de uso público. Esa es una discusión que se arrastra desde hace muchos años y que se estableció en las sucesivas constituciones desde 1830 y también en el Código Civil”.

Aparte de esas normas, “en 150 años de historia se han profundizado muchas leyes, como la ley de centros poblados, el Código de Aguas, la ley orgánica municipal de 1935, y en los últimos años la ley de ordenamiento territorial y la última ley de presupuesto nacional de los gobiernos del Frente Amplio [19.355], que terminaron de asegurar el libre acceso de todos los ciudadanos a la costas uruguayas”.

Costa de Colonia.

Costa de Colonia.

Según el edil socialista, la Intendencia de Colonia tiene competencia en esa materia, ya que “la ley orgánica municipal le otorga competencia a los gobiernos departamentales para velar por la conservación de las playas”. Arenas también citó las directrices departamentales aprobadas en 2013 que prevén “la accesibilidad pública a las riberas y que los trazados viales se transformen en paseos peatonales o vehiculares costeros de baja velocidad”, así como “la aplicación de medidas para los posibles daños ambientales en las playas”.

Así planteadas las cosas, el sector del FA pretende “iniciar un proceso de discusión pública y de negociación con la Intendencia de Colonia para que se cumpla con el mandato de las normas y se garantice la posibilidad de acceder a las costas”.

Si el gobierno departamental resuelve no hacer suyo este tema, existen “mecanismos para desarrollar las quejas, porque las diferentes normas han ido surgiendo en respuesta a planteos de privados que quieren extender el derecho de propiedad hasta las riberas de las costas”, explicó Arenas. El abogado agregó que “se pueden hacer reclamos por la vía judicial en el caso más concreto de que la situación no se solucione y que se vulnere el acceso a la propia arena de las playas”

Antecedentes y denuncias

La actual edil suplente socialista Magdalena Fuentes ejerció la presidencia de la Junta Local de Juan Lacaze en 2007. Recuerda que desde entonces “ha sido una inquietud el acceso a las playas” y que en ese año realizó una denuncia en el Juzgado Letrado de Rosario al constatar el cierre de caminos en playas cercanas a Juan Lacaze. “La Justicia nunca falló; hay intereses creados”, lamentó.

Fuentes recordó que aquella denuncia fue avalada por el entonces intendente Walter Zimmer y los abogadas de la comuna coloniense, que llevaron adelante el trámite judicial. La dirigente cree que la situación se ha agravado en los últimos años. “En el camino La Balsa, que une Juan Lacaze y el balneario Artilleros, no queda ningún camino de acceso libre a las costas. Es una pena que el acceso a esos hermosos lugares que tenemos en Colonia haya sido cerrado por particulares, que hayan privatizado esas costas que no les pertenecen. Lo mismo ocurre hacia el este, hacia el lado de la Boca del Rosario”, denunció.

Costa de Colonia.

Costa de Colonia.

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