En junio, patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena, un grupo de familiares y curadores de usuarios del hogar Sarandí, de Colonia Valdense, denunció en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública (MSP) por “violación de derechos humanos” en la implementación del plan de vacunación contra la covid-19 en ese centro especializado en la atención para personas con discapacidades severas. Días después, la Iglesia Evangélica Valdense, dueña del hogar Sarandí, presentó una denuncia de contenido similar. Tal como informó la diaria, en abril se registró un brote de coronavirus en el hogar Sarandí, que provocó la muerte de cinco usuarios y una funcionaria.
La vacunación en el hogar Sarandí tuvo varias idas y vueltas. En un primer momento, la Dirección Departamental de Salud de Colonia había dispuesto que tanto los usuarios como los funcionarios fueran vacunados en paralelo a la inoculación realizada en los hogares de larga estadía. Sin embargo, posteriormente, las autoridades sanitarias dispusieron que la vacunación en el hogar Sarandí recién se iniciara a mediados de abril, en paralelo a la realizada a los usuarios de centros de atención de salud mental. Precisamente, en la demora del inicio de la vacunación a usuarios y funcionarios del hogar Sarandí y en los trágicos efectos aparejados están centradas ambas denuncias.
El fallo
De acuerdo al dictamen emitido por la INDDHH esta semana, en la instrucción de este caso el MSP respondió que no hubo cambios en el régimen de vacunación y que el hogar Sarandí no cumplía con los requisitos para ser incluido entre los hogares de larga estadía (elepem), ya que la mayor parte de sus residentes no superaban los 60 años de edad.
Sin embargo, en la extensa resolución dada a conocer esta semana, si bien considera las “excepcionales” condiciones que impuso la pandemia para la atención sanitaria, la INDDHH concluye que “se verificó la vulneración de los derechos humanos de las personas residentes” en el hogar Sarandí, en la medida en que el Estado “no garantizó su derecho a la salud”.
Además, recomendó al MSP que, a través de la Comisión Asesora de Vacunación, “realice una revisión de sus planes, para garantizar el derecho a la salud de las personas en situación de discapacidad, en particular de aquellos alojados en establecimientos de larga estadía, y en especial en casos de emergencia sanitaria”. Finalmente, esa institución solicitó al MSP que “formalmente” exprese “si aceptan o no las recomendaciones, y en caso afirmativo, se sirvan indicar qué acciones adoptarán en el cumplimento de las mismas”.
Las razones
El presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, dijo que el texto de la resolución “evalúa las responsabilidades del Estado” y que no juzga “las responsabilidades individuales ni de funcionarios ni de jerarcas”, algo que “le corresponderá a la justicia competente” en caso de que la situación sea trasladada a la órbita judicial.
En declaraciones a Radio del Oeste, de Nueva Helvecia, Faroppa explicó que en este caso “objetivamente hubo un cambio en el sistema de vacunación de las personas que están vinculadas al hogar Sarandí”, y que “no fue justificado, lo cual implica una medida discriminatoria en relación a personas que se encontraban en la misma situación ya que en otros residenciales de larga estadía se mantuvo el régimen de vacunación”. En la denuncia presentada por López Goldaracena se señala que en el Cottolengo Don Orione, institución que también atiende a personas con discapacidad, se realizó una campaña de vacunación en paralelo al pedido hecho por el hogar Sarandí.
La INDDHH, “reconociendo la enorme complejidad de la situación dada por la pandemia y las exigencias a nivel humano y profesional, que es sumamente atendible y comprensible, y descartando cualquier intencionalidad perversa de parte de las autoridades”, consideró que “objetivamente hubo una vulneración de las personas allí internadas”, añadió Faroppa. En la misma línea, Mariana Mota, directora de la INDDHH, señaló a la diaria que “de acuerdo a lo que surge del trabajo de la constatación de los hechos, las cosas ocurrieron tal cual se plantea en las denuncias”.
“Hubo cambio de agenda por parte del MSP, se les suspendió la vacunación de los usuarios, a pesar de que las autoridades de la institución seguían con las gestiones para hacerlo” y “con el desarrollo de la pandemia, aparecieron las muertes”, en el hogar Sarandí, relató.
Mota agregó que observaron que “el MSP no llevó a cabo una vacunación con un grupo de personas con discapacidades que están confinadas a espacios delimitados y que no hubo programación de la vacunación para la cantidad de personas residentes”. La directora lamentó que el MSP “no hizo foco en ese tipo de poblaciones, que además se concentran en lugares de residencia permanente”. El hogar Sarandí “llevaba la situación con mucho control, pero lo que pasó fue que no se programó la vacunación por parte del ministerio teniendo en cuenta la población, ya que no hubo dimensión”, por parte de las autoridades sanitarias, “de lo que podía estar ocurriendo en este tipo de instituciones”.
Según Mota, el MSP “podría haber pensado en esta situación, porque esto ocurrió cuando ya había pasado un año del inicio de la pandemia, y tenía la dimensión de lo que podría pasar en este tipo de instituciones, y más en el caso de un hogar de tanta visibilidad como el Sarandí, que es muy conocido por la función que desarrolla”. “Las vidas que se perdieron ya no se pueden recuperar, pero debe apuntarse al establecimiento de protocolos por parte del MSP”, indicó.
Las responsabilidades
El abogado denunciante, López Goldaracena, dijo que la resolución emitida por la INDDHH resultará “ejemplarizante” para “dejar en claro que los derechos humanos no son pautas de referencias, ni aspiraciones, sino que son verdaderos derechos y que el Estado está obligado a cumplirlos”. En este caso, para el abogado el Estado “incumplió y lo menos que debería hacer es actuar con humildad y reconocer que por un mal manejo de los planes de vacunación murió gente y que violó los derechos humanos”. Y agregó que “el fallo reconoce todos los elementos que están planteados en la denuncia”.
De acuerdo a la resolución, el MSP “no contempló a las personas con discapacidad cuando deberían haberse priorizado; es un tema de cumplimiento de normas y de derechos”, explicó.
Asimismo, valoró que la INDDHH recomienda al MSP que, a través de una comisión asesora, revise “sus planes” de modo de garantizar la vacunación. “Este fallo trasciende al hogar Sarandí y refiere a todo el universo de personas en situación de discapacidad”.
Para el abogado denunciante, existen “responsabilidades jurídicas y políticas en el manejo de la vacunación” en el transcurso de la pandemia. “Esto deja en evidencia que las autoridades del MSP son los responsables políticos de esta violación a los derechos humanos, y a mi criterio deberían irse para sus casas”, porque “violaron normas obligatorias en los derechos humanos, con gravísimos perjuicios”. “Entiendo que esto llega hasta el ministro de Salud, no sólo a los funcionarios involucrados”, y “vamos a evaluar presentar una denuncia” en la esfera judicial, concluyó.