A fines del año pasado el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) presentó el panorama actual de la situación de esta problemática en el país. De acuerdo con los datos difundidos, entre el 1º de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 494 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 156 corresponden a nuevas situaciones y el resto a seguimientos de años anteriores.

Esto significa un aumento respecto de 2020, en el que hubo un total de 410 casos. En cuanto a la información divulgada, en 2021 se registraron situaciones de este tipo en todos los departamentos del país. El departamento con más casos fue Montevideo (58), seguido por Artigas (46), Colonia (44), Maldonado (42), Cerro Largo (35) y Salto (29). En tanto, Flores (5), Lavalleja (6) y Rocha (9) son los que presentaron menos casos.

Debido a la cantidad de casos que se presentan en Colonia, el legislador nacionalista por ese departamento, Mario Colman, organizó una reunión que se llevó a cabo el lunes en Carmelo, en la cual participaron el presidente del INAU, Pablo Abdala, operadores judiciales y policiales locales y los diputados Nibia Reisch (Partido Colorado) y Nicolás Viera (Frente Amplio).

Para Colman, “los números que presenta el departamento de Colonia son muy preocupantes, nos colocan entre los peores de la clase a nivel país”, siendo “las localidades del oeste del departamento -Carmelo, Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle- las que presentan mayor cantidad de casos”. Por ese motivo, esa reunión se desarrolló en Carmelo, explicó.

Entre las medidas a aplicar, el legislador nacionalista cree que es necesario reabrir la oficina de violencia de género de Jefatura de Policía, “que cerró hace un par de años”, y la instalación de “un dispositivo para la reparación de los daños que sufren los niños y adolescentes”, víctimas de diferentes tipos de abusos y violencia, “que haga un acompañamiento de los mismos”.

El presidente del INAU expresó que los fenómenos de violencia y abuso hacia los niños y adolescentes “es un fenómeno histórico” que ha crecido en los últimos años. “La violencia hacia los niños nos interpela, y es algo que debemos entender, asumir, crear conciencia y realizar las denuncias” cuando se detecta ese tipo de situación, señaló.

Abdala anunció que en Colonia se implementarán coordinaciones entre las instituciones que tienen “competencia en esta materia” y que se “instrumentarán mecanismos para dar mejores respuestas a la reparación de daños a las víctimas”. “Hay que extender el brazo del Estado”, expresó el funcionario.

La situación de Colonia

La representante del Frente Amplio en el directorio del INAU, Natalia Argenzio, dijo a la diaria que a pesar del “crecimiento exponencial” de situaciones de explotación sexual detectadas en Uruguay, ese organismo “ha recortado” el presupuesto destinado a la atención de esta problemática. “El INAU ha dilatado la toma de decisiones, y ha quedado un monto muy elevado del presupuesto no ejecutado: había 400 millones de pesos destinados al rubro 0 [salarios] que no se utilizaron”. “Eso no es un ahorro, es una vulneración de derechos”, sentenció. Agregó que el año pasado ese organismo, en términos globales, no ejecutó 1.000 millones de pesos que formaban parte de su presupuesto. “Se recortó la inversión en políticas de infancia y adolescencia frente a un aumento exponencial de violencia en general cercano a 55%”.

En relación a los casos de explotación sexual de adolescentes y niños registrados en el departamento de Colonia, Argenzio explicó que “los mayores riesgos de la explotación sexual se dan en las zonas turísticas, con la migración, en situaciones precarias en las fronteras y en la ruralidad”. “Esto ocurre debido a problemáticas estructurales de la sociedad, cuando se naturaliza, porque hablamos de situaciones de abuso y explotación sexual intrafamiliar que a veces llevan más de tres generaciones”, detalló.

Argenzio señaló que si bien en Colonia fueron detectadas 44 situaciones, se presume que la cifra puede llegar a ser mucho mayor. “Existe un subregistro; hay un estimativo que manejamos: por cada caso detectado puede haber de cinco a siete situaciones invisibilizadas”.

Argenzio considera que el abordaje de estas situaciones requiere un trabajo interinstitucional tendiente “a la protección de las víctimas, a la reparación del daño para poder generar un fortalecimiento de la situación psicoemocional en la cual están las víctimas”. Además, “se requiere trabajar muchísimo en la inclusión social, en la autonomía progresiva” mediante “la contratación de equipos técnicos que puedan abordar la problemática con la especificidad que eso requiere”. “Las situaciones de explotación sexual requieren un abordaje primario, que es una fuerte protección, y un fuerte abordaje psicoemocional, y eso es un gran debe que tiene el Estado”.

Preocupante

En la presentación del último informe anual, el presidente del Conapees, el carmelitano Luis Purtscher, ratificó que hubo un crecimiento de la cantidad de casos en los últimos dos años y también de “la presencia más permanente de situaciones que venimos arrastrando de años anteriores”. Este aumento puede explicarse por el impacto que ha tenido la pandemia, que obligó a “separar la actuación y la presencia tanto del Estado como de la sociedad civil” en los territorios, dijo Purtscher.

Para el titular del Conapees, también puede deberse a que hoy el país cuenta con más herramientas para detectar estas situaciones. “Si miramos los números con un poco más de atención, vemos que también están asociados a una capacidad de mirar este problema que hemos ido construyendo y que partía de la identificación de 20 casos en 2007, 2008 y 2009 hasta los 494 con los que terminamos este año”.

En ese sentido, aseguró que la creación de los llamados “equipos itinerantes” permitió “aumentar casi 360% la identificación de esos casos”. “Si tenemos los dispositivos para mirar y si construimos las formas de mirar el problema, no hacemos desaparecer el problema, lo hacemos visible y esto nos permite generar precisamente la construcción de políticas públicas para erradicarlo”, afirmó.

Por otro lado, Purtscher señaló las zonas del país en las que más se registran casos de explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes, como los “espacios de frontera líquida, los departamentos del norte, los departamentos de frontera seca como pueden ser aquellos que limitan con Brasil, pero también aquellos espacios donde la circulación de mercados y mercaderías o la instalación de grandes emprendimientos de enclave nos generan problemas de una velocidad y profundidad que nos cuesta mucho abarcar desde instituciones pensadas para dar cuenta de problemas sociales de principios del siglo XX”.