Actualmente en Uruguay se discute una serie de reformas impulsadas por el gobierno nacional que generan posturas muy marcadas a favor y en contra. En este sentido, la educación no ha quedado exenta de la mirada pública, ya que el proceso de cambios impulsado por las autoridades de ese sector se transformó en un punto caliente de debate en la opinión pública.
No obstante, este no es un fenómeno nuevo, sino que a lo largo del tiempo cada vez que se ha intentado hacer cambios en el ámbito educativo se han generado quiebres importantes. La dictadura cívico-militar que se instaló en 1973 y prosiguió hasta 1985, con su proyecto educativo, sin duda representa uno de esos momentos de quiebre.
Juan María Bordaberry fue elegido presidente en 1971 y dos años después disolvió el Parlamento dando inicio a un período marcado por transformaciones que posteriormente dotarían de un sentido más profundo a palabras tales como “memoria” y “olvido”, las cuales tendrán un papel preponderante en la formación ciudadana del nuevo Estado democrático. En este sentido, la educación se transformará en un agente influyente.
De acuerdo a datos oficiales, durante el período dictatorial un total de 116 uruguayos murieron a causa de asesinatos, torturas o enfermedades no tratadas en situación carcelaria; los presos políticos superaron los 6.000 y hasta la actualidad permanecen desaparecidas 192 personas, sin mencionar aquellas que fueron torturadas, abusadas, privadas de sus derechos fundamentales y exiliadas durante esos años.
Pero ¿qué ocurriría con los militares que habían gobernado el país durante casi 12 años y habían llevado a cabo las acciones mencionadas anteriormente?; ¿qué pasaría con las personas que habían sufrido dichos abusos y que tenían a un hijo/a, padre, tío, amigo desaparecido durante este período? ¿Qué pasaría con las memorias de miles de uruguayos? ¿Cómo repercutiría ese período en la enseñanza? Y en particular, ¿cómo se viviría ese proceso en los centros educativos en el departamento de Colonia?
Durante la dictadura, la educación vio afectado su presupuesto, se destituyeron más de 5.000 docentes, se intervino la Universidad, se redujo la financiación a la investigación científica, se modificaron los programas de estudio censurando temas y autores.
De este modo, la educación fue reprimida y controlada mediante el Plan 1976, que buscó la formación de un nuevo ciudadano, por medio de un orden estable que apuntaba a “la solución” del “problema subversivo” que habría generado “el marxismo”, mediante el enseñoramiento de todos los niveles de educación, incluida la educación privada. Esa formación se sustentaba en ciertos principios ideológicos que son propios de la instrucción militar. De esta manera, se destacaron elementos como la atención a la nacionalidad, la formación del patriotismo, el culto a las tradiciones patrias, la unión familiar, la instrucción en el orden y la disciplina.
Estos cambios no tardaron en llegar al departamento de Colonia. En un artículo publicado recientemente sobre la historia del liceo de Colonia del Sacramento, el docente e historiador Sebastián Rivero afirmó que luego del golpe de Estado varios docentes fueron destituidos, se los reportaba como “enfermos” y luego ya no aparecían.
No puede dejarse de lado el caso de Nibia Sabalsagaray, docente de Literatura, oriunda de Nueva Helvecia, quien fue torturada y asesinada en 1974. Este caso movilizó fuertemente el ámbito educativo no sólo a nivel departamental, sino en todo el país. Otro caso reconocido, que movilizó a todo el departamento de Colonia, es el de Aldo Chiquito Perrini, quien fue asesinado en el Batallón de Infantería 4 en 1974. Ante esto, la Asociación de ex presos políticos y sus familiares se movilizaron en la búsqueda de la verdad y la justicia.
En el proceso dictatorial cívico-militar también fueron afectadas las normas de convivencia, estableciéndose a partir de diferentes circulares las formas de actuar y de vestir que debían cumplirse. En este sentido, se estipulaba que los docentes debían usar corbata, camisa y traje, y en el caso de las mujeres, guardapolvo de un solo color. A su vez, las direcciones de los centros educativos tendrían que contar con los símbolos patrios.
Los alumnos no podían llevar el pelo largo y debían usar el uniforme completo: las mujeres, jumper azul hasta la rodilla, camisa blanca de manga larga, medias azules hasta la rodilla y zapatos negros; los varones, saco o campera azul marina, camisa celeste o gris y zapatos negros. Debajo podían usar un buzo o chaleco azul, ambos debían usar corbata roja.
En el libro Tarariras, un siglo de historia, coordinado por Marcelo Díaz Buschiazzo, se señala que en esa localidad “los alumnos asumieron un fuerte compromiso con el estudio, aspirando a una formación superior, con un gran apoyo familiar. Siempre responsables, solidarios, autónomos y orgullosamente identificados por el uniforme de la institución”.
En una entrevista realizada a una adscripta retirada de sus funciones del liceo de Tarariras, ella menciona que “en aquella época no tenías que retarlos por su corte de pelo, porque no era habitual que tuvieran el pelo largo, sino que debíamos controlar el uniforme, porque si alguien venía sin la corbata o el pantalón debía traer firmado por la madre o el padre dando una explicación acerca de por qué el estudiante no iba con el uniforme ese día, de lo contrario se lo mandaba de nuevo a su casa”.
El control de las memorias
Tras el retorno de la democracia, el presidente Julio María Sanguinetti estableció su impronta acerca de cómo debía analizarse lo acontecido en los años previos. Sanguinetti ha insistido con que Uruguay debe “mirar hacia el futuro y no tener los ojos en la nuca”. El olvido y el silencio eran los caminos propuestos a la salida de la dictadura, aunque, a pesar de ello, no tardarían en explotar en los espacios públicos testimonios y denuncias de los hechos ocurridos durante el período.
A principios del 2000 hubo mayor interés por parte de los gobiernos en el abordaje del pasado reciente. Durante el período de gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) se creó la Comisión para la Paz. No obstante, hubo mayor hincapié durante los gobiernos del Frente Amplio, en los cuales se hizo énfasis en la memoria, la verdad y la justicia.
Uno de los impulsores en el abordaje de esta temática fue el docente e historiador José Pedro Barrán, quien desde su rol como vicepresidente del Codicen fomentó la inclusión de este tema en la educación formal desde la primaria, siendo esto una novedad entonces, puesto que es un tema conflictivo y vigente en la sociedad.
El abordaje de este período ha dado lugar a un gran debate relacionado con la laicidad, sobre todo ligado a lo político-partidario, debido a que se tenía la gran preocupación de sobrepasar ese límite en la enseñanza. De este modo, los líderes de los partidos tradicionales cuestionan la impartición de estos temas, llegando al punto de decir que lo que se estaba haciendo era un lavado de cerebro a los estudiantes. Sin embargo, la postura de los docentes de Historia se fundamentaba en que violar la laicidad implicaría ocultar a los alumnos las realidades y condicionarlos académicamente con verdades que ya estén resueltas.
Es importante tener en cuenta que este período está comprendido dentro del pasado reciente, por lo que hay un fuerte vínculo con las vivencias que aún tiene gran parte de la población, lo que genera un enorme desafío para la educación.
El historiador Roger Chartier dice que el presente se encuentra formado por pasados heredados y sedimentados, por lo que influye enormemente en la tarea que tiene el historiador al momento de abordar esta temática, pero también puede verse reflejado en la educación, en la importancia de la labor docente en el mantener presente ese pasado, y determina su abordaje dentro del aula. En el camino de la reconstrucción de la memoria se ha creído que el olvido y la memoria están enfrentados, porque si hay olvido, entonces la memoria no tiene posibilidades de sobrevivir.
Para la investigadora argentina Elizabeth Jelin, se trata de una lucha de “memoria contra memoria”, debido a que la comunidad de ese momento histórico tiene memoria, sin embargo cada individuo recuerda lo vivido desde su propia perspectiva, creencias e incluso ideologías.
En este sentido, recordar, honrar a las víctimas, investigar qué ocurrió con ellas, así como identificar a los responsables de esos hechos, eran y son pasos necesarios para asegurar que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir. Asimismo, resulta de mucha importancia que las investigaciones, la construcción de conocimientos sobre lo que aconteció en aquellos años, también se centren en las diversas localidades de Uruguay, incluyendo el departamento de Colonia.