La directora del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) en representación del Frente Amplio (FA), Natalia Argenzio, al analizar la situación ocurrida en la madrugada del sábado 19 en Colonia del Sacramento, en la cual varios adolescentes que residían en el Centro de Protección Especial de INAU provocaron serios incidentes en el centro de esa ciudad, que incluyeron ataques a personas y bienes materiales, plantea una interrogante: “¿Quién es responsable de esas situaciones: el adolescente que cometió la infracción o el Estado?”

Esa interrogante, según Argenzio, debe ser planteada al analizar ese caso, “porque la sociedad termina estigmatizando a estos gurises y pidiendo que se los encierre”, a pesar de que “es preocupante la realidad que se está viviendo respecto a la protección de las infancias y adolescencias” en todo el país.

Advertencias de organismos

En el caso de Colonia, Argenzio recordó la existencia de un documento elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos en febrero de 2023, que presentaba una serie de recomendaciones en relación al funcionamiento del centro de protección que funciona en la capital de ese departamento.

En efecto, ese documento elaborado por la INDDHH, al cual tuvo acceso la diaria, señalaba que “ante las constataciones en relación al sistema de protección especial” en el departamento de Colonia resulta necesario realizar “la reestructura del sistema de protección especial”, en un plazo no mayor a un año”.

Asimismo, recomendaba “garantizar que el sistema de centros de acogimiento se especialice en las diferentes etapas vitales (primera infancia, infancia y adolescentes) y el desarrollo de cada niño, niña y adolescente”, ya que “el centro debe propiciar un hogar estable, promover el contacto con referentes afectivos y fraternos y mantener el vínculo con su comunidad”.

Además, el informe elaborado por el organismo especializado en Derechos Humanos recomendó “evitar el ingreso y residencia de niños y niñas en el centro de protección de Colonia mientras no se efectivice un modelo de atención que garantice su protección y cuidado” y “derivar a un centro adecuado y cercano a su lugar habitual de residencia, de manera de poder continuar en contacto con su red familiar y afectiva, con su entorno educativo, cultural y social”.

En tanto, en relación a la situación del hogar de adolescentes, la INDDHH solicitó “diseñar una estrategia de intervención socioeducativa que disminuya los niveles de conflictividad y violencia en la convivencia entre los adolescentes, en un plazo no mayor a un mes”, “dotar de personal necesario para garantizar al menos a tres funcionarios por turno, con el objetivo de brindar una atención que promueva el desarrollo integral de los adolescentes y brinde protección, bienestar y cuidados, en un plazo no mayor a tres meses” y “brindar las condiciones edilicias, materiales adecuados para la atención en un centro de protección en un plazo no mayor a tres meses”.

Los plazos manejados en ese documento elaborado por la INDDHH para encontrar soluciones a los distintos problemas observados en dependencias de INAU en Colonia caducaron hace bastante tiempo sin que hubiesen aparecido las soluciones, lamentó la representante del FA en ese organismo.

“Emergencia nacional”

Según Argenzio, INAU no tomó en cuenta ninguna de las sugerencias realizadas por la INDDHH para atender la situación en el departamento de Colonia. Las carencias que ofrece ese sistema se suman a situaciones de “salidas no acordadas” que realizan los adolescentes que “los exponen a riesgos, porque se generan situaciones de violencia, que después terminan siendo judicializadas, y generando ingresos a Inisa”, tal como aconteció con los adolescentes condenados en esta semana.

“Salida no acordada” es una definición que se utiliza para sustituir el término “fuga” que se usaba con anterioridad a pesar de que “en realidad los gurises no se estaban fugando cuando hacían ese tipo de salidas no permitidas porque ellos no estaban privados de libertad”, detalló la directora de INAU.

Para Argenzio, existe “una emergencia nacional” generada por “la desprotección que sufren los adolescentes en el sistema de protección” de INAU.

“Hoy, en todo el país, tenemos más de 8.000 niñas, niños y adolescentes que están en el Sistema de Protección”, lo cual representa un aumento del 20% comparado con la cantidad que existía hace cuatro años, “sin que se haya generado una transición al cambio de modelo de atención”.

En el caso del centro de protección especial de Colonia conviven cerca de 30 niños y adolescentes en un espacio concebido para 15 personas. “El Estado, al no cumplir con esa función, provoca que existan centros con sobrecupos, con trabajadores desbordados, y con niños, niñas y adolescentes que ingresan con los derechos vulnerados porque transitan por una trama de desprotección tremenda”, explicó Argenzio,

El modelo de atención “en el sistema de protección habla sobre la especificidad técnica que tienen que tener las trabajadoras y los trabajadores que están en los centros cuando los gurises llegan con estas situaciones de vulneración de derechos, que pueden ser desde abuso sexual, explotación sexual, diferentes tipos de violencias, maltratos, negligencias, desprotección en general”. Sin embargo, INAU “este año devolvió millones de pesos a Rentas Generales que estaban destinados a cubrir el rubro 0”, que corresponden a salarios de funcionarios y técnicos, cuestionó Argenzio.

“El sistema de protección tiene que brindar otra cosa que lo que está brindando hoy, que es el encierro”, criticó Argenzio, y señaló que “cuando no hay capacitación, no hay la cantidad de recursos humanos suficientes, no hay atención de salud mental, pero a su vez hay sobremedicación de los gurises, y cuando existen condiciones edilicias deplorables y hacinamiento”, el sistema “expulsa a quienes debe proteger”.

Para Argenzio, “este tránsito constante que tienen las gurisas y los gurises de ingresos al sistema de protección generan violencias”, y “esto hace que sucedan cosas como las que aconteció la semana pasada en Colonia del Sacramento”, donde participaron adolescentes que “hace mucho tiempo que están en el sistema de protección” de INAU.

Según la directora de la oposición en INAU, a pesar de que “existen informes realizados por la INDDHH, Unicef, y distintas auditorias, hay una negación constante de quienes están hoy dirigiendo la protección de las infancias y adolescencias, que es el oficialismo” Los integrantes del oficialismo en el directorio de INAU “no reconocen la emergencia” en el sistema de protección, por lo tanto “no avanza en ningún camino que genere atención que se contraten los recursos humanos, que se atiendan las distintas recomendaciones”, porque “claramente no tienen la perspectiva de derechos”.

Nuevas condenas

En la madrugada del sábado, varios adolescentes que están internados en el Centro de Protección Especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) provocaron serios incidentes en el centro de Colonia del Sacramento, que incluyeron el ataque a personas y bienes materiales.

Según relató un comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Colonia, en las primeras horas del 19 de octubre, la Policía “recibió un aviso de que un grupo de adolescentes estaban ocasionando desorden” en las inmediaciones de la calle General Flores y Alberto Méndez, frente a la Intendencia de Colonia.

Al llegar al lugar, “los efectivos observaron que varios jóvenes provocaron daños en vehículos y en un quiosco, del cual sustrajeron productos”. “Las personas presentes allí fueron agredidas, así como los policías que respondieron al llamado; asimismo, dañaron un patrullero durante el incidente”, indicó la Policía.

En primera instancia, tres adolescentes, de 14, 15 y 17 años, fueron trasladados a la dependencia policial y posteriormente fueron formalizados por la Justicia y enviados a Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en Montevideo.

De acuerdo con el comunicado policial, los adolescentes que protagonizaron el incidente “salieron de una dependencia del INAU sin la autorización correspondiente”.

Posteriormente, según informó la jefatura coloniense, el jueves otras dos adolescentes –de 13 y 17 años– fueron condenadas por delitos de daños agravados, daños contra bienes de la Policía, lesiones personales, uno de ellos agravado, y atentados, entre otros delitos. Las adolescentes fueron conducidas a Inisa, donde deberán cumplir medidas de internación primero y después permanecer bajo el régimen de libertad a prueba.