Las denuncias por abuso sexual en el departamento de Colonia crecieron 133% en relación con el año anterior, según los datos aportados por la Jefatura de Policía a la diaria. En efecto, entre el 1° de enero y el 5 de octubre de 2024 se registraron 39 denuncias en ese departamento, mientras que en el mismo período de 2025 la cantidad de casos llegó a 91. En ambos, la mayoría de las víctimas fueron menores de edad.

Para el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, el aumento de ese tipo de delitos está relacionado con un aumento de las desigualdades y de las violencias en el departamento.

En diálogo con la diaria, el funcionario también analizó el aumento de otros delitos, como el fraude y la estafa, que afectan principalmente a personas de avanzada edad que también están insertas en situaciones de indefensión frente a ese tipo de ataques.

El incremento de los delitos sexuales se ha repetido en los últimos años en el departamento de Colonia. Este año, no obstante, es por demás significativo. ¿A qué se debe ese aumento?

No tengo fehacientemente un dato, pero creo que esto se vincula mucho a la desigualdad y a las violencias. Tiene que ver con eso. Este tipo de fenómenos deben tratarse en red con otros organismos públicos, como ocurre con el suicidio. Ya lo hemos hablado tanto con la directora departamental del Ministerio de Salud Pública, Silvia Berardo, como con la directora del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] en Colonia [Rossana Velázquez]. Hay un aprovechamiento de las vulnerabilidades, ya sea con los chiquilines, con los menores, como con las personas mayores. Uno ve el cambio de comportamiento criminal; hasta no hace tanto tiempo, uno de los delitos más complicados que teníamos era la rapiña. Hoy vemos que la rapiña bajó, pero aumentaron la estafa y el fraude, que son delitos que no exponen tanto al sospechoso, al presunto autor: tiene menos riesgo y se aprovecha de las fortalezas de la tecnología para conseguir su provecho.

Usted habla de inequidades que pueden verse en las asimetría que aparecen en las relaciones personales en las que ocurren las situaciones violencia, más allá del contexto socioeconómico.

Este tipo de delitos ocurre en todos los estamentos sociales, vamos a partir de esa base. Pero cuando estos temas salen a luz, generalmente en los contextos más críticos, más vulnerables, es cuando toman estado público.

Estamos en el enclave regional de América del Sur, que es donde hay más desigualdad, más violencia, y eso a veces no lo vemos. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con el sociólogo argentino Marcelo Bergman, especializado en temas de violencia, y él analiza cómo el crimen afecta en los contextos de mayores vulnerabilidades y, de algún modo, se aprovecha de las violencias y las desigualdades, donde prospera una economía ilegal.

Bergman tiene muchas esperanzas en que se concrete el Plan Nacional de Seguridad Pública en nuestro país. Es necesario derribar mitos y buscar la evidencia científica para solucionar los problemas que nos afectan, porque eso nos permite buscar soluciones con más eficacia; de hecho, hoy sabemos que desde 1984 todos los gobiernos han fracasado en el tema de la seguridad.

Hay que empezar a trabajar para interrumpir estos circuitos, porque desde la persecución penal sabemos que no es suficiente. Nosotros, como institución del Estado, de alguna forma abordamos el tema a partir de que las personas tienen 12 años, que es la edad en que un chiquilín, un adolescente, ya es sometido a la jurisdicción del INAU o a la jurisdicción penal de alguna forma. Pero esos 12 años para atrás sin duda son muy importantes, sobre todo en la primera infancia, que es uno de los puntos clave, e incluso la etapa de embarazo y quizá antes del embarazo, para buscar una solución con vivienda, con educación, con alimentación, con salud.

Además, la mayoría de los niños en nuestro país nacen en contextos vulnerables.

Claramente, y parece que a veces eso no lo vemos. Nos enceguecemos con que la persecución penal es la solución a los problemas; hay más de 17.000 privados de libertad, si se suman los adolescentes que están sometidos [a penas de privación de libertad] andan en alrededor de 21.000, 22.000 personas que están sujetas a la jurisdicción penal, entre adolescentes y mayores.

Debido a la gran cantidad de denuncias sobre la existencia de bocas de venta de drogas, la Jefatura de Policía de Colonia, según usted ha comentado, prioriza buena parte de los recursos humanos para esa tarea, mientras que solicita apoyo a Interpol para la investigación de los casos de abuso sexual.

Estos temas a veces están vinculados a la trata de personas. Existe una serie de delitos sexuales que están vinculados a este asunto y necesitan una investigación específica, a cargo de gente con formación para esto. Nosotros tenemos los casos de violencia doméstica, que junto con la estafa y el abuso sexual son los delitos que más están subiendo, y nuestros recursos son limitados. De hecho, muchos de estos casos los derivamos a Interpol para abordarlos con una reserva especial, por una cuestión que se entiende, y también por la cantidad de casos también, que son casos muy difíciles de investigar y de abordar. A veces la misma Justicia lo establece.

Delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores también están asociadas a dinámicas de fronteras. En este caso, Colonia cuenta con una amplia frontera fluvial con Argentina.

Sí, los departamentos de frontera están más complicados en estas situaciones. De hecho, nosotros tenemos fronteras, nos divide el río, pero claramente los departamentos de frontera son territorios donde es muy difícil el control de esto por el trasiego permanente de personas.

El delito de lavado, que está en estrecha vinculación al narcotráfico, también se desarrolla muchas veces en ciudades que tienen el atractivo de las costas.

Nosotros vemos que en Colonia existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero, con inversiones que se realizan, y creo que la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración en el período de gobierno pasado, que flexibilizó los controles para el desembolso de dinero, fue una puerta abierta para eso.

Creo que el enfoque fue equivocado, en el sentido de centralizarnos en el microtráfico. De hecho, creo que estos últimos episodios que han sucedido, como el atentado a la fiscal Mónica Ferrero, tienen que ver con eso.