En la tardecita del martes 23, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, compareció ante la Junta Departamental para informar sobre la deuda que mantiene el emprendimiento +Colonia con la comuna, en una sesión solicitada por la bancada del Frente Amplio (FA) y que dejó planteadas discrepancias de fondo sobre el manejo del incumplimiento contractual y los mecanismos de control del proyecto.
La comparecencia se desarrolló en régimen de comisión general y contó con la presencia del jefe comunal y de parte de su equipo de asesores: los directores de Jurídica y de Planificación y Ambiente, Soledad Pérez y Miguel Asqueta, respectivamente. En una sesión que transcurrió en un ambiente ameno, la oposición valoró la presencia del intendente y de sus asesores, aunque señaló que las respuestas brindadas no despejaron todos los cuestionamientos presentados en esa oportunidad.
En diálogo con la diaria, el edil frenteamplista Martín Collazo, encargado de formular las preguntas en representación de su bancada, destacó que la comparecencia “es una buena señal institucional” y recordó que “no siempre fue habitual que los intendentes concurrieran personalmente a la junta”. No obstante, advirtió que desde el punto de vista del control político, “faltaron respuestas y otras no fueron suficientes” por parte de los integrantes del ejecutivo departamental en esta oportunidad.
Uno de los puntos centrales del intercambio fue la confirmación de que el incumplimiento del contrato por parte de los desarrolladores se configura desde febrero de 2025. Según explicó Collazo, la propia directora de Jurídica de la intendencia, Soledad Pérez, reconoció que desde ese momento existe una deuda “cierta y exigible”, tanto por la determinación clara del monto como por el vencimiento del plazo de pago establecido en el contrato-plan.
Sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Colonia, el 23 de diciembre.
Foto: Ignacio Dotti
A partir de ese reconocimiento, el FA cuestionó que la intendencia no haya intimado formalmente el cumplimiento de las obligaciones por vía administrativa ni judicial. “El contrato establece un plazo de 15 días para subsanar los incumplimientos y, en cualquier relación jurídica, el primer paso ante un impago es la intimación”, sostuvo el edil.
Durante la sesión, la directora jurídica explicó que se evaluaron dos alternativas: intimar el cumplimiento o avanzar en una negociación extrajudicial, y se optó por esta última por una decisión política vinculada a la relevancia del proyecto para el desarrollo del departamento. Según señaló Pérez, la intendencia entendió que esa vía ofrecía mayores posibilidades de cobro.
Para la oposición, esa definición plantea un antecedente problemático. Collazo señaló que, en los hechos, la negociación implica prorrogar el pago en cuotas hasta el final del actual período de gobierno, lo que se traduciría en un esquema que se extendería hasta 2030. “Cuando un ciudadano común se atrasa en el pago de sus tributos, lo primero que ocurre es la intimación; acá no se aplicó ese criterio”, afirmó.
Otro de los ejes del planteo del FA fue el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento para la Ejecución del Proyecto, prevista en el contrato plan. Collazo recordó que su bancada fue excluida de ese ámbito y sostuvo que quedó en evidencia un desempeño deficiente de la comisión, que no abordó el incumplimiento hasta fines de octubre, pese a que este se había configurado meses antes.
Collazo destacó que la propia directora de Jurídica reconoció falencias en el funcionamiento de la comisión y anunció que, junto con el eventual plan de pagos, se remitirá a la Junta un protocolo de actuación. Además, el FA reclamó el envío de todas las actas de la comisión, que debería haber sesionado mensualmente desde la aprobación del proyecto.
Además, Collazo solicitó formalmente que se remitan esas actas de la comisión de seguimiento a la Junta Departamental y que se incorpore al FA. Si bien el edil frenteamplista reconoció que el intendente y sus asesores manifestaron su disposición a hacerlo y que lo habrían incluido en el borrador de enmiendas al contrato-plan entre la comuna y +Colonia, el cumplimiento del compromiso será seguido de cerca por la oposición.