Tras el cierre de Calcar en Tarariras, que fue anunciado en la noche del martes al gobierno nacional por parte de los directivos de esa cooperativa de productores, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizó una asamblea abierta en las instalaciones de la planta industrial, en la mañana de este jueves.

En diálogo con medios locales, el presidente de la FTIL, Enrique Méndez, comentó que Calcar procedió “con una irresponsabilidad empresarial brutal”, ya que “ha sido asistida por el Estado fuertemente en términos de millones de dólares con resignación de deuda pública por parte del Banco República, y con asistencia financiera que se hizo del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea (FRIL)”, además de “lo que han puesto los trabajadores a lo largo de muchísimos años”.

Para Méndez, que ese cierre haya sido determinado “por propias definiciones de algunos cargos de dirección de la cooperativa”, que “deciden abandonar empujando al cierre, ha dejado 107 familias en una incertidumbre brutal, con una preocupación enorme, que no saben cuál va a ser mañana su fuente de trabajo” y con “la incertidumbre de cómo van a pagar el mes trabajado”, añadió.

Según supo la diaria, los directivos de la cooperativa informaron a autoridades del gobierno que no cuentan con recursos para hacer frente al pago de los créditos laborales del centenar de trabajadores.

Para Méndez, los directivos de Calcar “dejaron acéfala la empresa” al trasladar sus producciones a otras empresas del sector, y afectaron “a un sinnúmero de pequeños y medianos productores” que se vieron perjudicados por el cierre. “Nosotros lo que no queremos es que se apague la llama de la planta, estamos en defensa de los puestos de trabajo, y para defender los puestos de trabajo hay que defender la fuente laboral”, añadió.

El presidente de la federación dijo que los recursos asignados por el FRIL a Calcar “fueron destinados para que esta planta industrial continúe, para que las familias productoras y trabajadores vinculados a Calcar del departamento de Colonia, tan golpeado en estos últimos meses” por cierres de empresas, “continuaran teniendo ese proceso industrial”.

Además, Méndez lamentó que otras empresas que fueron beneficias por la asingación de ese fondo también han aplicado políticas empresariales que no son compartidas por los trabajadores, como Granja Pocha, que fue adquirida por la multinacional Lactalis, y Coleme, que apunta a una reducción de la plantilla laboral.

“Se han tomado definiciones de asistir financieramente, pero pareciera que en un escenario de saco roto, donde los fondos de la ciudadanía se instalan” pero “falta muchísimo contralor sobre el procedimiento de cómo se lleva adelante la aplicación de estos proyectos”, consideró.

Además, opinó que “faltan las políticas profundas y el involucramiento del Estado en lo que tiene que ver con el sector primario y en el momento de la colocación de los productos”, y agregó que esto “no puede ser en la lógica empresarial, en la cual la competencia se da no sólo en la góndola, sino también en el sector primario por los litros de leche”.

En Uruguay “el proceso de concentración de capital en el sector primario y en el sector industrial siguió galopando y avanzando fuertemente”, por lo cual “nos encontramos con que una de las empresas que recibieron la asistencia financiera” del Estado no recibió “esa protección de políticas más profundas que hicieran que quienes monopolizan la industria láctea no le quiten más productores en esa competencia brutal”, concluyó el presidente de la FTIL.

Deuda voluminosa

El productor lechero y socio de Calcar Sebastián Perrachón expresó a Radio del Oeste que, tras la partida de los productores, que remitían el 60% de la leche que procesaba Calcar, “la cooperativa se quedó con pocos remitentes”, e informó que “la deuda con los productores supera los tres millones de dólares”. “La situación era difícil de sostener”, señaló el productor, y comentó que se enteró del cierre de la planta “en la mañana de este miércoles, al igual que los trabajadores”.