La derogación de la ordenanza que regulaba la actividad de los cuidadores de vehículos en Colonia generó un fuerte cruce en la Junta Departamental entre oficialismo y oposición, que se prolongó al ámbito de las declaraciones de distintos actores políticos y sociales en distintos medios de prensa y redes sociales.

Mientras el Partido Nacional (PN) sostiene que la norma invadía competencias del gobierno nacional y colocaba a los trabajadores en una situación jurídica improcedente, el Frente Amplio (FA) advierte que la decisión deja a la intendencia sin herramientas de control y “lava las manos” ante un problema existente. Por su parte, la edila colorada Malvina Saret explicó, en sus redes sociales, que evitó participar en ese debate, ya que creía que la reglamentación existente en esa materia debía ser modificada, y no derogada tal cual ocurrió.

En diálogo con la diaria, los ediles nacionalistas Agustina Durquet y Roberto Calvo defendieron la resolución aprobada este lunes y rechazaron que implique prohibiciones o sanciones. “Jamás se estableció en la resolución ninguna prohibición ni ninguna penalización”, afirmó Calvo. En tanto, explicó Durquet, el texto aprobado contiene solo dos artículos: la derogación de la ordenanza vigente desde 2004 y su archivo.

La edila nacionalista sostuvo que la motivación fue “absolutamente jurídica”. Recordó que el tema comenzó a estudiarse en la legislatura pasada y que, tras recibir a autoridades de Tránsito, concluyeron que la regulación no correspondía al ámbito departamental. “No es un tema de tránsito ni de seguridad vial”, señaló, y agregó que la seguridad pública “le corresponde por la Constitución al gobierno central”. A su entender, mantener la ordenanza implicaba “invadir competencia del Poder Ejecutivo”. En la misma línea, Calvo dijo que las autoridades de Tránsito de la comuna señalaron que los cuidacoches “no cumplen ninguna función específica en el tránsito” y que el control está a cargo de los inspectores respectivos.

Durquet también cuestionó cómo la norma conceptualizaba la actividad. Indicó que la ordenanza la asociaba a un trabajo o a un servicio público, algo que –según afirmó– no se verificaba en la práctica. “No es un trabajo, porque no tenían salario ni seguridad social, y tampoco era un servicio público, porque no había organización administrativa ni obligación de prestación”, argumentó. Incluso advirtió que esa redacción podía generar responsabilidades legales para la intendencia ante eventuales daños.

Para Durquet, lejos de proteger a los cuidacoches, esa ordenanza los precarizaba. “Lo que menos hacía era proteger o ayudar; los ponía en una situación de precariedad absoluta”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que la derogación “no les quita nada” y que, ante eventuales situaciones de violencia o alteración del orden público, la intervención corresponde al Ministerio del Interior.

Calvo y Durquet reconocieron que la actividad seguirá desarrollándose en los hechos y opinaron que “el abordaje debe ser distinto”. “Es un tema social que tienen que atender los organismos especializados. Si hay que hacer una nueva ordenanza, debatámosla, pero no esta, que jurídicamente estaba mal”, afirmó Durquet.

En diálogo con la diaria, el edil frenteamplista Martín Collazo cuestionó la decisión y rechazó la interpretación jurídica del oficialismo. A su entender, detrás de la derogación existe la intención de poder perseguir la actividad bajo la figura de mendicidad activa o de ocupación indebida del espacio público.

“Se buscó derogar el marco regulatorio para poder perseguir y sancionar a quienes ejerzan dicha actividad”, afirmó. Si bien reconoció que existen problemas vinculados a algunos casos, Collazo rechazó la idea de que el cuidado de vehículos deba considerarse una falta.

Collazo citó el artículo 36 de la Constitución, que establece que toda persona puede realizar cualquier actividad lícita, salvo limitación expresa por razones de interés general, y señaló que cualquier restricción debería aprobarse a nivel nacional. “Hoy la jurisprudencia no interpreta cuidar vehículos como mendicidad activa ni lo persigue como una falta”, indicó. Recordó además que la actividad estuvo regulada en Colonia durante más de 20 años y que la mayoría de los departamentos del país mantienen marcos similares.

Al igual que sus colegas nacionalistas, para Collazo la derogación no modificará la realidad de lo que acontece actualmente en las calles. “La actividad se seguirá desarrollando de hecho sin marco regulatorio”, afirmó. Los cuidacoches ya no contarán con carné habilitante, cuadra asignada ni chaleco identificatorio, pero continuarán trabajando.

En su visión, el marco regulatorio beneficiaba no solo a quienes ejercían la actividad, sino también a la comunidad. “Ordenaba el desarrollo de la actividad y establecía limitaciones y controles para que no se excedieran”, sostuvo. Asimismo, el edil frenteamplista sostuvo que “hasta el lunes la intendencia tenía la potestad de controlar y sancionar; ahora ya no la tendrá”. “Lo único que se hace es lavarse las manos como autoridad departamental”, cuestionó.

Respuesta del PN a edil socialista

Tras la sesión desarrollada este lunes, el edil socialista Enzo Poggio emitió un comunicado en el que señaló que “hacer política es ante todo cuidar a las personas”, y la propuesta del PN para derogar esa normativa “tiene un espíritu completamente opuesto”. “La ley, mal o bien, actualizada o no, está hecha para regular, para proteger y, en este caso, se ha decidido retirarla”, indicó Poggio, y agregó que, “en definitiva, se le quita la necesaria protección del Estado a una porción de la población que sufre situaciones de alta vulnerabilidad”.

Poggio consideró que “esta medida está estrechamente ligada al concepto de aporofobia, que refiere al odio, rechazo y desprecio al pobre”. “¿Qué tipo de política puede ser construida para el bien de todos los colonienses a partir del odio?”, se preguntó Poggio, y concluyó que: “el PN busca la criminalización de la pobreza, la eliminación del pobre por la fuerza, con una agenda profundamente regresiva en materia social”.

Además, el joven edil lamentó que el plenario haya hecho suyo el pedido del edil nacionalista Julio Basanta para que solo dos representantes pudieran justificar ambas posturas en la discusión previa a la votación.

En tanto, este jueves la bancada del PN emitió un comunicado como “respuesta categórica” al “texto difundido por Enzo Poggio Zunino, segundo suplente de la bancada del Frente Amplio”.

Para los ediles nacionalistas, “Poggio ha cruzado límites que ninguna democracia puede naturalizar: el límite entre la discrepancia legítima y la difamación abierta”, y “cuando una persona decide injuriar a un partido político entero, sus integrantes, y atribuirle intenciones antidemocráticas, el silencio no es una opción”.

El comunicado emitido por la bancada del PN señala que la publicación de Poggio “atribuye al Partido Nacional de Colonia conductas y motivaciones que jamás existieron” y que “afirma que nuestro partido ‘no es democrático’, que promovemos ‘la criminalización de la pobreza’, que actuamos movidos por ‘odio’ y que ‘fallamos al pueblo’”.

Para los ediles blancos, “estas expresiones, además de ser absolutamente falsas, lesionan el honor, la reputación y la legitimidad de una colectividad política con 190 años de historia democrática. Constituyen, además, una ilegítima imputación de conductas delictivas”.

Además, la bancada del PN negó que Poggio no hubiese tenido la posibilidad de “hablar en sala”. “Esa afirmación es falsa. Tuvo la oportunidad de hablar durante el debate. Tuvo el tiempo reglamentario. Tuvo el espacio institucional. Y decidió no hacerlo”.

Según los ediles nacionalistas, “lo que no puede pretender” Poggio “es reemplazar su silencio en sala con un panfleto posterior cargado de agravios e injurias”, porque “acusar de antidemocrático a un partido que actúa dentro de la Constitución, del reglamento y de las mayorías legítimas es un acto de irresponsabilidad política y una falta de respeto a la institucionalidad”.