La Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de un fallo dado a conocer en las últimas horas, al cual tuvo acceso la diaria, rechazó un recurso de casación interpuesto por Gladys Arocena y confirmó el fallo del Tribunal de Apelaciones que había revocado la condena contra la Intendencia de Colonia en el caso del fraccionamiento Los Algodones, ubicado en Colonia del Sacramento.

De esta manera, el máximo órgano judicial puso fin a un litigio iniciado en 2015 y descartó que la comuna deba pagar una indemnización que en primera instancia se había fijado en el entorno de los 500.000 a 600.000 dólares.

En noviembre de 2025, la diaria informó que el expediente estaba a estudio de la Corte, luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara la sentencia del juez de primera instancia de Colonia, que había condenado a la comuna a resarcir a Gladys Arocena por presuntos daños derivados del trámite de fraccionamiento de los padrones 5942 y 5943, correspondientes al barrio Los Algodones, ubicado en el ingreso a Colonia del Sacramento.

La demanda sostenía que la intendencia había incurrido en omisión al no dictar la aprobación definitiva del fraccionamiento, lo que, según la actora, provocó la rescisión de boletos de reserva y la pérdida de ganancias estimadas en 368.000 dólares, además de daño moral.

Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones entendió que no existió tal omisión ilegítima y que la aprobación, aunque condicionada a la apertura de calles y presentación de certificados de UTE y OSE, desplegó sus efectos una vez cumplidos esos requisitos, extremo que consideró acreditado con la inscripción ante la Dirección Nacional de Catastro. También cuestionó la falta de prueba documental suficiente sobre los daños reclamados.

Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la mujer presentó esa demanda en representación de su hermano, Julio Arocena, quien lideró la venta de los predios de ese fraccionamiento junto a la inmobiliaria Gardiol e Hijos, empresa que pertenece a Napoleón Gardiol.

Integrante del Partido Nacional (PN), Gardiol ha ocupado cargos de relevancia en la esfera comunal, siendo director de Planificación y Ordenamiento Territorial (2015-2019) e incluso intendente interino en el último año de ese período de gobierno departamental encabezado por Carlos Moreira. Actualmente, Gardiol se desempeña como suplente del diputado coloniense Mario Colman.

El fraccionamiento Los Algodones, desarrollado en tierras de la exbodega Bernardi, incluyó esos dos predios pertenecientes a Gladys Arocena, hermana de Julio, y Patricia Gardiol Faedo, hermana de Napoleón. Frente a ese fallo adverso, la parte demandante presentó recurso de casación, que finalmente la SCJ desestimó y confirmó íntegramente la decisión de segunda instancia.

“Fallo de la SCJ confirma accionar de la intendencia”

“En este proceso lo que pasó fue que en el juzgado letrado, en primera instancia, se falló a favor de la otra parte. Nosotros apelamos y en el Tribunal de Apelaciones nos dieron la razón y desestimaron la demanda. Ellos interpusieron casación y la Suprema Corte no hizo lugar a ese recurso. O sea que se mantiene el fallo del Tribunal de Apelaciones en todos sus términos”, valoró la directora jurídica de la intendencia, Soledad Pérez, en diálogo con la diaria.

Según Pérez, la sentencia confirma que el accionar de la intendencia en el procedimiento del fraccionamiento fue correcto y que no hubo ninguna irregularidad. La funcionaria detalló que, como ocurre con todos los fraccionamientos, la aprobación se realiza en forma condicionada a la dotación de servicios –agua, luz y apertura de caminería–, y que una vez cumplidos esos requisitos se liberan los planos que se inscriben en la Dirección Nacional de Catastro, organismo que asigna los nuevos padrones y habilita luego la inscripción de las compraventas en el Registro de la Propiedad.

“Todo ese proceso está cumplido en Los Algodones y creo que es muy importante informarle a la población de la absoluta regularidad de esos inmuebles, sobre los cuales han recaído múltiples negocios jurídicos”, sostuvo, y añadió: “Nunca estuvo en riesgo la propiedad del inmueble de cada familia”.

Pérez subrayó además la dimensión económica del litigio. Señaló que la condena en primera instancia se ubicaba entre 500.000 y 600.000 dólares, a lo que debían sumarse intereses legales en un juicio iniciado en 2015, lo que podía elevar la cifra a entre 900.000 dólares y un millón de dólares.

“Para la intendencia esto implicó, grosso modo, entre 900.000 dólares y un millón de dólares de ahorro o de no salida, porque en realidad no tenemos que pagar ninguna condena”, indicó.

La directora jurídica de la comuna coloniense afirmó que el pronunciamiento “es una buena noticia” para la intendencia, “pero sobre todo para los vecinos” del fraccionamiento Los Algodones, y consideró que “el desenlace demuestra la transparencia de los procesos que en algún momento fueron cuestionados”.

“Fue prudente dejar que el Poder Judicial hablara por sí solo, que no fuera la intendencia a dar una posición adelantada, sino que siguiera el carril institucional, y que quien es competente para decir qué es lo incorrecto desde el punto de vista jurídico fuera quien finalmente se pronunciara”, concluyó.