Alicia Artigas

Las condiciones de las viviendas no están jerarquizadas en las políticas de cuidado, aun cuando se reconocen como un factor relevante para la vida cotidiana de las personas en situación de discapacidad o de los adultos mayores.

La fragmentación creciente en términos de ingresos y riqueza tiene su correlato en la segregación espacial que se produce en las ciudades de nuestro país.

El respaldo del Estado va hacia cajas históricamente deficitarias y se niega a la caja de profesionales, que por primera vez lo necesita.

Necesitamos políticas públicas superadoras que consideren un abordaje transversal y sistémico, que acorten la distancia -real y simbólica- de las familias al empleo, la salud, la educación, la cultura y la recreación.

Conocer cómo funciona este mercado no formal aportaría datos para mejorar las condiciones de la producción de vivienda desde el estado y su financiación.

La paradoja del mercado inmobiliario: la vivienda mínima se achica, el precio del suelo urbano sube y la segregación socioterritorial aumenta.

Los subsidios o renuncias fiscales, además de promover empleo en la construcción, son capturadas en alguna parte de la cadena y no llegan a las familias que necesitan vivienda.

La propuesta es simple: una persona en situación de discapacidad o con patologías incapacitantes, una vez configurada la causal jubilatoria, podrá optar por jubilarse (la mitad) y trabajar (a medio tiempo).

Algunas personas se han enterado por la prensa que una obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) atravesaría no sólo su barrio sino parte del humedal, al sur del área protegida Humedal del Santa Lucía.

La discusión en el Parlamento de la reforma de la seguridad social es una buena oportunidad para plantear la jubilación parcial por discapacidad e incluirla en el proyecto, o bien redactar una ley específica.

La CJPPU no recibe ayuda estatal, al menos hasta hoy. Los ingresos de la institución son 59% contributivos, 30% por timbres profesionales, y el resto por inversiones financieras y otros rubros.

Más allá de la verosimilitud de la construcción de una isla artificial en un país sin crecimiento de población, en un paisaje privilegiado que se vería agredido, el modelo que propone el proyecto es una ciudad segregada.

Tal como sucede con la seguridad, la vivienda y el suelo requieren soluciones integrales, ausentes en la LUC.

Estos megaproyectos no surgen de instrumentos de planificación departamental o nacional, ni aseguran un territorio sostenible en el largo plazo.

La ley de urgente consideración, así como la ley de Presupuesto de 2020 proponen modificaciones contrarias al propio espíritu de la ley de ordenamiento territorial

Es momento de poner en la balanza los beneficios reales y los costos ocultos a largo plazo de esta forma de hacer ciudad que profundiza la segregación social y el consumo innecesario de tierra productiva.

No es razonable construir viviendas alejadas de los servicios y de las áreas centrales, mientras existe suelo vacante y los instrumentos necesarios para ponerlo a disposición de los organismos vinculados a la vivienda.

La covid-19 nos obliga a pensar nuevas relaciones de la producción con los recursos naturales. La generación de bienes e insumos se verá desafiada para impulsar la “producción nacional” bajo nuevas lógicas sustentables.

La ciudad policéntrica se perfila como la ciudad más flexible para el acceso a servicios durante una emergencia, y también para la sustentabilidad a largo plazo.