Desde el retorno a la democracia hubo 16 instancias de consulta popular entre plebiscitos, referéndums y reformas constitucionales. Sólo seis resultaron aprobadas.
Algunos economistas han calculado que con estas rebajas de jubilaciones y pensiones, el gobierno se ha “ahorrado”, es decir, ha dejado de pagar a las personas jubiladas y pensionistas, cientos de millones de dólares por año.
La reforma crea nuevos principios distintos de los aprobados universalmente en Uruguay y se ignoran algunos fundamentales, como el de participación social y el rol del Estado.
La reforma a estudio del Parlamento propone la afiliación a las AFAP de casi todas las personas afiliadas al BPS. La libertad (tan pregonada por esta coalición en el gobierno) se sustituye por la obligatoriedad universal.
¿Por qué decimos que se reduce el gasto en pasividades y que la mayoría de jubilaciones y pensiones van a bajar con la reforma? Porque eso dicen y reiteran documentos del propio gobierno.