Marcelo Jelen

Decenas de legisladores, periodistas y sabelotodos han atacado con dureza a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, porque entregará hoy las llaves de la capital a la presidenta argentina, Cristina Fernández. Estas reacciones despiertan algunas preguntas: ¿Es posible que toda esta gente ignore normas elementales de protocolo y diplomacia? ¿Conocen el Manual de ceremonial público y diplomático, o sólo leen los artículos correspondientes antes de asumir un cargo? ¿Conocen los antecedentes milenarios de este tipo de reglas, cuando tenían la finalidad de impedir guerras y sellar alianzas, que aún tienen?

El proyecto de ley sobre cultivo de marihuana sólo ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, pero su discusión ya causó algún espasmo en el sistema de justicia. Los allanamientos, requisas, detenciones y procesamientos de cultivadores son menos frecuentes. Tanto juzgados como fiscalías se manejan con más cuidado. No parece tratarse de oportunismo ante el inminente cambio de régimen. Esto responde, más bien, a que el debate público dejó en evidencia la ignorancia reinante en la magistratura en materia de marihuana.

El artículo 40 de la Constitución vigente establece que “la familia es la base de nuestra sociedad” y que “el Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos”. De tanto repetirse, la frase se ha vuelto una especie de axioma indiscutible para quienes eludan ser calificados de degenerados, disolventes, transgresores y controvertidos profesionales.

La muerte de un trabajador de La Pasiva baleado por un adolescente en la madrugada del domingo fue “inexplicable”, según repitieron hasta el cansancio unos cuantos periodistas y el mismísimo ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pero tiene sus explicaciones.