Marcelo Jelen

Los dos planteos del conflicto creado a partir de la construcción del puente sobre la Laguna Garzón distorsionan bastante su comprensión. El gobierno lo presenta como una puja entre intereses “inmobiliarios” (léase especulativos) y “turísticos” (léase productivos). Las comunidades en las costas de la laguna lo formulan como una pelea entre conservacionistas y depredadores. Pero algo llama aun más la atención: que Costantini y las autoridades nacionales y departamentales hayan aprovechado todas las imprecisiones de las normas ambientales para violar el principio de precaución que las anima y, también, el sentido común.

¿Cuánto dura la juventud en Uruguay? El Estado entrega la Tarjeta Joven hasta que cumplís 30. Pero en otros planos lo habitual es que se prolongue, como en la actividad política. El portal de noticias UyPress consideró esta semana, por ejemplo, que la flamante viceministra de Vivienda, Raquel Lejtreger, es, a sus 46 años, una “joven arquitecta”. Y hace un par de meses el diputado oficialista Luis Rosadilla, de 58, sentenció en medio de una solemne sesión parlamentaria que era un “hombre joven”.

Todos los gobiernos uruguayos se quejan de lo mismo. A la hora final, la del balance, se autocritican la incapacidad de comunicar los logros, que siempre superan a los fracasos, mirá qué casualidad. Y mientras transcurren, lamentan que los medios de comunicación acentúen lo malo y deprecien lo bueno, con la ayuda de opositores que les dan manija.

A mediados de noviembre, dos semanas después de que el Parlamento desactivara la peor ley de la historia uruguaya, el plenario de centros militares resolvió propiciar la denuncia judicial de ocho asesinatos cometidos antes del golpe de Estado. Imputan de estos delitos a 14 ex guerrilleros tupamaros que no fueron procesados porque la Ley de Amnistía del 8 de marzo de 1985 bloqueó la apertura de nuevos juicios contra “la sedición”.

Es un problema que la Armada argentina se enfrente con barcos civiles de terceros países tan cerca de la costa uruguaya, como sucedió la semana pasada. Pero no sirve para disimular un problema mucho mayor, un problemón: que Uruguay, país comprometido con el reclamo de Argentina por su soberanía sobre las Islas Malvinas, les brinde servicios portuarios y hasta protección militar a piratas con patente de corso concedida por Gran Bretaña para que pesquen en los alrededores del archipiélago.

En Uruguay, las leyes sobre radiodifusión existen solo en el papel. Nunca se cumplieron. Acá las radioemisoras y los canales de televisión se compran y se venden con un par de sellos más que los requeridos para un apartamento, aunque las normas ordenan que las licencias son personales e intransferibles. Emiten más publicidad de la admitida, a veces en medio de los programas, y suelen pasar por alto el horario de protección al menor.

Si la familia define a las personas, el encumbramiento del general Pedro Aguerre en el Ejército uruguayo debe de ser un caso inédito. El nuevo comandante en jefe es hijo del hoy retirado general del mismo nombre, fundador en los años 60 del grupo militar izquierdista 1815, preso y torturado por sus camaradas durante la dictadura y afiliado al Partido Socialista tras la restauración democrática. Es yerno, además, del coronel Ramón Trabal, asesinado en París en 1974 por sicarios del régimen, de acuerdo con las versiones más aceptadas.