Raúl Olivera Alfaro

Aquel 22 de diciembre de 1986, un acto de prepotencia inconstitucional, destinado a proteger a criminales de Estado, implicó para nosotros una larga lucha para que la verdad y la justicia no caducaran.

Nos preguntamos si la “diplomacia” o el “pragmatismo” no afecta el fin primordial de los instrumentos de salvaguarda de los DDHH de poner un cerco eficaz a la impunidad del genocidio que acontece en territorio de Palestina.

Una modesta plaza ubicada frente a los talleres donde Coghlan desempeñó su oficio de oficial carpintero, y el reciente procesamiento del General retirado Walter Díaz Tito, se suman en dos formas de hacer justicia.

Para que triunfara en todas sus dimensiones la verdad, la histórica y la forense, debió existir una Fiscalía que creyó en las víctimas, a pesar de que no fue a ellas a quienes en dos oportunidades se decidió darles credibilidad.

Es cierto que la renuncia del ministro no soluciona los problemas del sistema carcelario, pero los gestos políticos sirven para marcar que determinadas políticas no deben sostenerse.

No es aceptable en el marco de una política de defensa de los derechos humanos, instalar un dispositivo represivo y autoritario contra quienes opinan distinto.

No es algo nuevo, y no por eso menos preocupante, la nula disposición de los institutos armados uruguayos para admitir o tolerar ser observados por otras miradas que no sean las propias.

Se trata de un esfuerzo más que se realiza para que no se pierda, tras la tragedia que globalmente vivió nuestra sociedad, la dimensión personal y humana de ninguno de aquellos que se sublevaron legítimamente ante el despotismo.

Desde su creación hace diez años, el Observatorio Luz Ibarburu ha puesto el acento en los distintos desafíos existentes para que el Estado pusiera fin a las políticas estatales de impunidad que subsisten en Uruguay.

La designación del próximo directorio de la INDDHH a partir de cuotas favorables a quienes conducen las políticas del Estado es una muestra de una forma de autoritarismo estatal.

Tanto la creación de este equipo como la instalación de las fiscalías especializadas tenían como fin resolver, desde el punto de vista de la investigación penal, la dispersión de las causas penales.

La inclusión del sindicato policial en un movimiento sindical como el PIT-CNT produce contradicciones insalvables. No alcanza con el hecho de que vivan de su salario.

Las marchas del 20 de mayo no son una procesión religiosa, en espera de un milagro del cielo, son el reclamo de una reivindicación que debe ser satisfecha por quien está obligado a hacerlo y tiene los medios para ello.