La Defensoría de Vecinas y Vecinos publicó ayer el informe anual correspondiente a 2018. El documento muestra que el año pasado se atendieron 1.053 casos, y de ese total, los asuntos vinculados a la convivencia fueron los más denunciados (22,9%). En segundo lugar les siguieron los temas vinculados a la contaminación acústica (16,2%) y luego los vinculados a las edificaciones (10,5%).

En diálogo con la diaria, la titular de la Defensoría, Ana Agostino, que culmina su mandato este año, valoró positivamente la herramienta de la mediación comunitaria para resolver los problemas de convivencia. “Hay muchos problemas de vecindad y la mediación comunitaria resuelve una cantidad de asuntos que la gente espera que los resuelva la autoridad”. El año pasado la Defensoría ofreció este mecanismo en 109 casos, y, según Agostino, se observa que las personas eligen cada vez más resolver sus problemas con la mediación.

Según el informe, en 2009 el organismo dio sus primeros pasos en la temática de la mediación y desde 2013 ha “llevado adelante un proceso ininterrumpido de formación y capacitación, incluyendo instancias de sensibilización, ciclos de talleres” y “varios cursos” a los actores involucrados en la temática, desde los directores de las intendencias hasta los funcionarios de los municipios.

La contaminación acústica es una de las temáticas “históricamente” más reclamadas en la Defensoría, apunta el informe. Eso ha motivado al organismo a tomar diversas acciones de acercamiento entre las partes involucradas. Por ejemplo, en el caso de los sonidos vinculados a la nocturnidad, la Defensoría generó diversas instancias de encuentro entre los vecinos y dueños de los locales comerciales para buscar mecanismos que propiciaran una “mejor convivencia”. Asimismo, el año pasado la Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto sobre la contaminación acústica en locales “de esparcimiento nocturno”, que recoge las recomendaciones de la Defensoría.

Otro de los temas más denunciados por la ciudadanía fueron los relacionados con la vivienda, en particular, con las fincas abandonadas, asentamientos y pensiones. En 2009 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional para estudiar la problemática de las viviendas abandonadas, integrado por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría, entre otros. Eso motivó la aprobación de la ley para enajenar viviendas vacías y degradadas.

La titular del organismo también señaló que la mayoría de las denuncias son realizadas por mujeres (62%). “Eso da cuenta del mandato histórico del cuidado. Las mujeres asumen mucho más el resolver los temas que tienen que ver con la vida cotidiana y su entorno. Son ellas las que vienen a reclamar”, detalló.

Las personas que viven en el Municipio B son las que más reclamos hicieron en el correr del año pasado (20,7%). Luego sigue el Municipio C (13,2%) y los municipios A (11,7%) y Ch (11, 6%). En el informe se destaca que de los asuntos municipales ingresados durante ese año, 91% está resuelto, y en el caso de los reclamos departamentales, 77% estaba concluido al finalizar el año.