Aún continúan presos en Brasil 22 hinchas de Peñarol después de la gresca general del miércoles 23 de octubre, en el marco de la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. Peñarol ya está afuera de la copa tras un emotivo encuentro en el estadio Centenario, en el que los futbolistas mostraron una pancarta pidiendo la liberación de los hinchas. Pero los fanáticos de Peñarol siguen en una prisión de Río de Janeiro, y los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey hacen lo imposible por liberarlos.
“En este tipo de casos la visibilidad es crucial”, señaló Rey en diálogo con el programa 100% deporte de radio Sport 890. Y agregó: “La prensa de Brasil ha jugado un rol preponderante para construir esta causa, porque está construida sobre una investigación policial muy inflamada por el diario O Globo y es importante en este lado escuchar la otra versión”.
“La policía”, explicó, “en un caso de gresca colectiva, carga ocho o nueve delitos en el sistema, como si fuera casi automático; es casi un copy y paste”. Sin embargo, el abogado entiende que “las diferencias sustanciales son en aquellos casos en los que hay o no violencia física contra personas o cosas, y en los que se aplica el delito de injuria racial, cuyas consecuencias judiciales son devastadoras”. No obstante, consideró que “es muy difícil penalizar delitos de discurso en un contexto defensivo. Cualquier persona que se está defendiendo acompaña con un insulto”.
Rey señaló, además, que no hubo custodia de las pruebas, que se basaron en fotos de la prensa, y que en realidad ninguno de los detenidos está identificado claramente.
Hubo un paciente oncológico que fue liberado por su situación de salud, pero hay una persona que tiene una divergencia cognitiva severa, indicó. Según Rey, “está preso porque no logró identificarse en el interrogatorio policial y lo interpretaron como un desacato. Esto es autoritarismo puro y duro; en Uruguay sería prácticamente inimputable”. Agregó, además, que hay un menor detenido, cuyos padres viajaron para verlo, y que fue notificado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
“Hay chicos que vienen de la educación privada y otros que no, hay padres de familia que están esperando para ver cómo gestionan el cobro de su sueldo de este mes para poder mantener a su familia y hay personas que ven peligrar su fuente de trabajo. No hay personas con trayectoria delictiva cargada”, aclaró el abogado, quien además sostuvo que “están en un pabellón en el que dentro hay un módulo que es más orientado a extranjeros”.
Sobre cómo seguirá el proceso, Rey dijo que “algunos casos pueden requerir audiencia, pero el resto sería por un escrito que tenemos que presentar para que haya resoluciones”.