Mientras una decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU allana el camino para los negocios, en Uruguay el secretario antidrogas pretende lograr mayor flexibilidad burocrática.

El enfoque prohibicionista internacional sobre la marihuana y el no reconocimiento de sus propiedades terapéuticas quedaron al borde de cumplir 60 años, ya que surgieron de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que significó la primera política global coordinada de (supuesto) combate a las drogas.

Hasta el 2 de diciembre, el cannabis figuraba dentro de la lista IV de sustancias por su escaso o nulo valor medicinal. Sin embargo, en una decisión histórica, la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó quitar a la marihuana de ese listado. La votación fue reñida. Con el apoyo de Uruguay, fueron 27 los estados que impulsaron la modificación, contra 25 votos en contra y una abstención. Por más que el cannabis continúa en la lista I de “sustancias adictivas”, la decisión significa un cambio en el paradigma internacional y el comienzo del fin de la etapa prohibicionista. Aparte de la significación que tiene esto para los 200 millones de consumidores que hay alrededor del mundo, abre nuevas oportunidades de investigación científica sobre las propiedades de la planta y brinda mayores esperanzas a los cientos de miles que la utilizan con fines medicinales.

Asociado a esto, la industria del cannabis espera que el cambio de paradigma mueva los cimientos del negocio. “Que el máximo órgano de control mundial empiece a considerar al cannabis como legal permitirá un mayor desarrollo del sector. Por ejemplo, la industria tradicional de medicamentos podrá operar con cannabis sin trabas internacionales”, señaló a la diaria Mercedes Ponce de León, integrante de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y directora de Expocannabis. Otra esperanza que alberga el rubro es que la decisión de la ONU facilite la operativa bancaria de los negocios vinculados a la marihuana, que hoy sufre un “bloqueo financiero”.

La especialista recordó que los usos medicinales de la planta y la utilización industrial del cáñamo (para fibras textiles, papel o aceites, entre otros) datan de la época colonial, pero en el último siglo su desarrollo se frenó ante la prohibición. “Vamos generaciones enteras que no hemos podido desarrollar productos con esta materia prima. Al comenzar a terminarse el prohibicionismo podremos aprovechar los últimos 50 años de avances tecnológicos en el cultivo, así que habrá un potencial muy grande”, manifestó Ponce de León.

Como dato coyuntural agregó que “en una época de pandemia y de crisis mundial, que presiona las posibilidades económicas, ya nadie puede esconder las oportunidades que la industria del cannabis trae para el mundo y para Uruguay”. Según estimaciones del Instituto Uruguay XXI —enfocado en la atracción de inversiones y la generación de información sectorial—, el mercado mundial de cannabis puede alcanzar los 200.000 millones de dólares al año y tener “un tamaño similar” al negocio global de carne vacuna. Y la comparación con este último producto no es antojadiza, dado que en ambos casos Uruguay tiene condiciones favorables para competir en el mundo, pero también enfrenta barreras que debe superar.

Historia, presente y futuro

La legalización del cannabis en Uruguay surge de una ley de 2013, que entre otras regulaciones habilitó tres modalidades de registro para los consumidores: autocultivo, clubes cannábicos y venta en farmacias. Si bien con esa normativa Uruguay se transformó en la primera nación del mundo en liberalizar completamente el consumo y el uso de la marihuana, no es el primer antecedente en el país de una ley de avanzada sobre estupefacientes, ni tampoco su aprobación allanó totalmente el camino para el desarrollo de la industria local.

En el marco de un panel que se llevó a cabo en la Expocannabis 2020, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, hizo un repaso histórico del tema y aseguró que “los uruguayos, por querer ser protagonistas, tenemos la impresión de que en 2013 se produjo un quiebre respecto del cannabis, pero yo creo que desde siempre lo entendimos”. Señaló que en 1974 la dictadura militar emitió un decreto que no establecía castigo para quien fuera encontrado con una cantidad de cualquier droga para “consumo personal”, y que años antes, durante el gobierno de facto de Gabriel Terra (1931-1938), se aprobó una norma que estableció “el monopolio del Estado para la importación” de opio, cocaína y otras sustancias “con efectos terapéuticos”.

Como otros hechos destacables de la historia también añadió que en 1972 la por entonces presidenta del Consejo del Niño, Adela Reta, reivindicó en una comisión parlamentaria “el derecho al autocultivo” de marihuana, y que el ex presidente Jorge Batlle llamó a los demás mandatarios de la región a dejar atrás las políticas prohibicionistas. Radío contrastó estas ideas que primaron en Uruguay con la prédica internacional, que “en la segunda mitad del siglo XX comenzó a asimilar el uso de drogas con una degradación física y moral de las personas, alimentado esto por una estrategia prohibicionista mundial que fracasó”.

A su vez, Radío evaluó que la discusión tras la ley de 2013 en Uruguay estuvo centrada en el uso recreativo –o “uso adulto”, como lo denominó en su exposición– del cannabis y no en sus efectos medicinales, un área donde aún perduran “la desinformación y los prejuicios”. En esa misma dirección, Ponce de León sostuvo que, pese a la legalización, los hechos posteriores a 2013 demuestran que “el estigma y la prohibición siguen instalados en la cabeza de algunos órganos de control”. Explicó que la legislación “dejó huecos” que no se resolvieron “por falta de voluntad política, sobre todo de las autoridades sanitarias”. Sin embargo, entiende que de a poco la apuesta por consolidar la industria del cannabis se va transformando “en una política de Estado”, porque “el gobierno anterior lo reguló y este gobierno lo quiere impulsar”.

En los últimos meses, distintas autoridades han manifestado la intención de apostar por el desarrollo de los negocios vinculados al cannabis. “El presidente ha sido muy claro y contundente en que es una industria que tenemos que apoyar para que se desarrolle, sobre todo por su valor agregado”, dijo en agosto el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, tras visitar un laboratorio de cannabis medicinal. Justo por esa fecha, a pedido del sector privado, el gobierno emitió dos decretos que brindan mayor seguridad jurídica para exportar las cosechas de los últimos dos años de cannabis de uso medicinal y cáñamo.

Sin embargo, todavía quedan otros aspectos por resolver y se mantiene “la incertidumbre” sobre qué pasará con las próximas cosechas, dijo Ponce de León, sumado a que también hay exportaciones “trancadas” por otros motivos. Uno de los puntos más complejos es que en los procesos y las habilitaciones sobre el cannabis y sus derivados intervienen diversos organismos. “El tope en Uruguay somos nosotros mismos, con las trabas que nos ponemos. La mayoría de los países del mundo tienen regulaciones más laxas”, aseguró la experta.

A esto también se refirió Radío, quien consideró que “hay temas que tienen que ver con lo normativo y otros con el talante” del Estado frente a una industria que está en los primeros años de actividad. “Pese a los avances normativos, no se logró que fluya [el negocio del cannabis] y lo fundamental, hacia adelante, es corregir la actitud” de los organismos que intervienen. A su entender, hay un cruce de caminos: “O hacemos una carrera de obstáculos y buscamos sacar pequeños réditos políticos, o propiciamos una solución para un rubro que puede llegar a ser muy importante en términos de exportación y de darle a la gente lo que busca [en referencia al cannabis de uso medicinal]”.

Mencionó como un camino a seguir lo realizado por países que, incluso sin tener una legislación específica sobre el cannabis, “son flexibles con el aparato burocrático”. Consultado por la diaria luego de su exposición, el jerarca dijo que Uruguay debe apostar “por generar un producto de calidad”, lo que sumado “al cambio de talante” en los controles permitirá consolidar una industria “con potencial”. Aparte de la exportación, apuntó que “no debe despreciarse el mercado local, desde lo económico, pero también porque hay que lograr que el cannabis medicinal sea accesible al público”.

Más allá de los aspectos burocráticos y políticos, la directora de Expocannabis evaluó que en los últimos años se logró un cambio en el “vínculo” de los uruguayos con la marihuana. Comentó que hoy en día 98% de la población aprueba el uso medicinal y el consumo “aumentó de manera normal, pero no crece en los menores, sino en adultos mayores”, que recurren a la planta por sus propiedades terapéuticas.

El cannabis medicinal a la espera de ser reglamentado

En la Expocannabis 2020 también participó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, quien manifestó que “ya no tiene vigencia” la discusión sobre los efectos del cannabis medicinal, porque “hay mucha evidencia” de sus propiedades terapéuticas. Informó que el gobierno está trabajando para reglamentar la ley votada a fines de 2019 para el fomento y el acceso al cannabis medicinal, aunque no adelantó plazos ante una consulta específica del público. “Debemos dar seguridad y garantías ante tanta ansiedad”, señaló.

Previamente, Andrea Kruchik –que lidera un emprendimiento de cannabis medicinal– había transmitido a las autoridades la necesidad de que se apruebe “un marco jurídico [dentro de la reglamentación] que permita trabajar a los pequeños productores”. Explicó que hoy más de 10% de la población uruguaya utiliza cannabis con fines terapéuticos, pero la desregulación del mercado produce que falten productos, que se vendan a precios altos e incluso que no haya garantías sobre qué se está utilizando. Como ejemplo de los inconvenientes que tienen los consumidores mencionó que su pareja sufre de psoriasis y utiliza para tratarse aceites a base de cannabis: “A veces no sabemos qué tienen, o si le hizo bien, cuánto tiempo más estará disponible”. Subrayó que más allá de las leyes, “falta que se escuche y se aprenda de la experiencia de los pacientes”. Según un informe de Uruguay XXI, en el área del cannabis medicinal es donde el país “puede cosechar los resultados más tangibles en el corto plazo”, porque “cuenta con ventajas claras” frente a los competidores regionales. Con esta realidad, y considerando que las potencialidades en el horizonte son muy auspiciosas para el sector, habrá que ver si se concreta la intención de las autoridades y florecen los negocios del cannabis o si todo queda en una ilusión marchita.