Cuando a uno le toca gobernar, rápidamente descubre algo que de afuera no es fácil de ver: los resultados de varias de las políticas más importantes se ven en un plazo bastante más largo que el período de tiempo en el que uno está, pero a uno lo evalúan por los resultados que obtiene mientras gobierna. A nadie se le ocurre que uno puede afirmar que bajó la delincuencia en cuatro meses, por poner un ejemplo al azar, pero justamente eso es lo que la población espera, más si uno lo promete en campaña electoral (ese momento tan agradable en el que se siente tentado a prometer cosas basadas en los mejores escenarios posibles, incluyendo algunos que se saben improbables).

El problema anterior crece cuando uno llega al gobierno con la premisa central de que no sólo el período anterior, sino los 15 años anteriores fueron de despilfarro. Crece porque le quita a uno un recurso: es más difícil aprovechar los resultados de políticas anteriores porque sería reconocer que tan mal no estábamos. Y, entonces, cuando uno es exitoso (toco madera sin patas) en su combate a la covid-19, tiene que andar atribuyendo el éxito a conceptos medio etéreos pero que suenan lindo, como la libertad individual o los cracks uruguayos, en lugar de hablar de un sistema científico consolidado por años, o de un sistema de salud integrado ejemplo en la región, porque esto último es fruto, ejemplo, del caos anterior. Por poner un ejemplo al azar.

El gobierno uruguayo maneja, hay que decirlo, muy bien este aspecto: ha logrado que la opinión pública lo siga respaldando, basado en una sistemática negación de méritos de gobiernos anteriores, no sólo del Frente Amplio (vengo de leer que el presidente Lacalle dijo que le “sorprendió” el interés de China en avanzar en las relaciones comerciales, omitiendo con inocente calma 30 años de política de Estado en el tema), atribuyéndose como propio cuanto logro se le cruza, e incluso afirmando, con una tranquilidad un poco preocupante, cosas que directamente no son ciertas.

El tema es que, como decía al principio, lo realmente importante para el futuro no es lo que se dice, sino lo que se hace. Hay cierto tipo de acciones cuyas consecuencias son inmediatas: por ejemplo, la debilidad de las medidas tomadas ante el impacto de la covid-19 mostrará sus consecuencias en el corto plazo. Sin embargo, quiero centrar mi análisis en las otras acciones, las estratégicas: aquellas cuyas consecuencias son de largo plazo. Voy a limitarme a solamente un aspecto, el de la política productiva, porque es el que más conozco y porque, en mi humilde opinión, define qué país seremos en diez años.

Leyendo el “Compromiso país”, el documento con el que la coalición llegó al gobierno, aparecen pistas (“impulsar al sector agropecuario como motor de la economía”) y algunas ausencias (Universidad de la República, investigación científica). De todos modos, son declaraciones genéricas: ¿quién no querría “estimular el comercio electrónico a través de plataformas digitales”?, ¿quién no estaría de acuerdo en “fortalecer las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones”?

Ah, pero los hechos. Veamos qué señales ha dado el gobierno en estos seis meses y tratemos de inducir desde esas señales cuál es el verdadero plan de desarrollo productivo de Uruguay, el que determinará lo que seremos en diez años.

La historia muestra que los países desarrollados lo son, entre otras cosas, por su apuesta a la ciencia. En Uruguay se congela por cinco años el presupuesto de la Universidad de la República, responsable de 80% de la investigación en el país. Esto golpea también los planes de ampliación de carreras e incorporación de docentes que, justamente, son lo que permite estar al tanto de los desarrollos más recientes y lo que hace que, cuando te llega una pandemia de la que el mundo no tiene ni idea de cómo salir, vos puedas reaccionar rápido y bien, por poner un ejemplo al azar. La estrategia productiva no parece ir por el desarrollo científico y universitario.

Podemos revisar entonces el rol de las empresas públicas, motor del crecimiento en los períodos del Frente Amplio. Aquí la estrategia es todavía más clara: no hagan nada que ya no hacían, compartan sus recursos con privados, bajen las tarifas, no se pongan a desarrollar contenidos, y reduzcan su inversión, que ya invirtieron demasiado y miren el desastre que dejaron. El asunto es que esa “sobreinversión” puede ser la clave para atraer inversiones demandantes en energía o recursos de telecomunicaciones, y esas actividades “ajenas al giro” de las empresas es muy difícil que las hagan privados, como muestra la experiencia internacional en países desarrollados, y ni que hablar en países en desarrollo. La estrategia productiva no parece ir por el desarrollo de infraestructura pública.

¿Será entonces la atracción de inversiones y la apertura de mercados el centro de la estrategia? Según el documento multicolor, debería. Pero el presupuesto de Uruguay XXI, que se destina a recursos humanos de alta formación, y a apoyo a empresas en sus capacidades de exportación, se recorta a la mitad, sin que haya, que yo sepa, un aumento en otros ámbitos como para cubrirlo. Después de todo, aquello de “fortalecer las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones” tampoco era tan indiscutible. O el objetivo se cumple por arte de magia... o la estrategia productiva no parece ir por el lado de la atracción de inversiones.

¿Tal vez sean los nuevos sectores de la economía a los que se apuesta? En el programa Transforma Uruguay del gobierno del Frente Amplio priorizamos y definimos hojas de ruta y herramientas de estímulo, con acciones concretas, para sectores innovadores, como el diseño, las TIC, la inteligencia artificial, la industria audiovisual, la electrónica y la robótica, la biotecnología. El gobierno ha anunciado que el programa desaparece, y no ha dado, hasta donde sé, ninguna señal de qué va a pasar. Bueno, en realidad sí: en el presupuesto destinado al Ministerio de Industria, Energía y Minería el dinero destinado a “cadenas de valor intensivas en innovación”, que financia este tipo de acciones, se reduce 47%. La estrategia productiva no parece ir por el lado del impulso a nuevos sectores.

Se suele asociar a la izquierda con el Estado y a la derecha con la iniciativa privada. Sin embargo, los dos últimos temas que presenté (los anteriores, indirectamente, también) están vinculados a emprendimientos privados. El rol de Uruguay XXI consiste esencialmente en atraer inversiones privadas y promover las exportaciones nacionales, especialmente en sectores innovadores y de servicios. La estrategia productiva no parece distinguir entre públicos y privados cuando se piensa en innovar. En no innovar, en realidad.

Los ejercicios de inducción como el que he propuesto tienen sus bemoles. Uno podría estar elaborando conclusiones erradas porque omitió algunos datos. O el sesgo de su análisis puede llevarlo a generalizaciones erróneas. Tal vez haya elementos que se me han escapado, pero la verdad es que en las tres semanas que pasaron desde que empecé a pensar esta nota no encontré una sola señal en la dirección de una transformación, y varias –sólo he detallado algunas– en la dirección contraria.

Entonces, ¿qué queda? Hasta el momento, pareciera que el Uruguay productivo para dentro de diez años sólo incluye a los sectores que existen hace un siglo, haciendo lo mismo que hace un siglo, sin una apuesta a agregar valor, a los que se les promete que les van a bajar la electricidad y el gasoil. Parece poco, y para pocos.