Santiago Tobón, cuyas investigaciones se centran en la intersección de la economía del desarrollo, el crimen, la violencia, el crimen organizado y la evaluación de políticas públicas, sostiene que los estados siguen destinando buena parte de sus esfuerzos a combatir las consecuencias del delito sin atender suficientemente los incentivos económicos que hacen que las actividades ilegales sean un negocio atractivo. “Enfrentamos al crimen organizado con las alternativas equivocadas”, afirmó.
El docente, que se desempeña como director del Centro de Estudios Valor Público de la Universidad Eafit de Medellín, planteó que el problema parte de la forma en que las instituciones entienden las organizaciones criminales. “El aparato de los estados o de la policía, por lo general, no está diseñado para abordar a las organizaciones criminales como lo que son: empresas que se dedican a negocios ilegales”, señaló.
El especialista visitó el país para asistir a una charla organizada por la Universidad de Montevideo. Señaló que hay dos factores que vuelven atractivo a Uruguay para el narcotráfico: la existencia de un mercado interno y la ubicación de Montevideo entre las rutas de exportación de cocaína hacia Europa. Por esta razón, dijo que el crimen organizado “llegó para quedarse” en Uruguay y que “lo más probable es que siga creciendo”, a medida que se consoliden tanto el mercado local como las rutas de exportación.
¿Qué hace que el crimen organizado sea un negocio tan rentable en América Latina?
La principal renta del crimen organizado es la venta de drogas. En la práctica, las drogas son costosas porque son prohibidas. El precio de las drogas, comparado con el costo de producción y de transporte, es elevadísimo. Producir, por ejemplo, un gramo de cocaína cuesta centavos de dólar y ponerlo en las calles de Montevideo o de Buenos Aires cuesta centavos de dólar. Pero ese gramo de cocaína se vende en las calles de Buenos Aires o de Montevideo por diez, 15 o 20 dólares y en las calles de Londres o de Nueva York por 80, 90 o 100 dólares.
Toda esa diferencia es consecuencia de las primas de riesgo que cobran las organizaciones criminales que participan en el negocio, y del poder de mercado que ejercen muchas de ellas, porque este es un negocio que se mueve mucho por cuellos de botella. Hay organizaciones que concentran, por ejemplo, la exportación de Colombia. Hay organizaciones que monopolizan los mercados mayoristas en algunas ciudades, y otras que monopolizan los mercados minoristas, es decir, controlan, por ejemplo, la venta de drogas en ciertos sectores de las ciudades.
Al ejercer ese tipo de monopolios pueden disfrutar, entre comillas, de unas ventas excesivamente altas. Esto es lo que fundamentalmente hace tan rentable el crimen organizado.
O sea, son monopolios, u oligopolios en ciertos casos.
Exactamente. Cuando hay competencia los precios caen, usualmente hay más violencia, pero en la práctica los mercados de drogas ilegales tienden a la consolidación en contextos en los cuales una o algunas pocas organizaciones criminales terminan controlando los mercados, y justamente eso les permite establecer precios arbitrariamente altos.
¿Cuánto le cuesta a una economía la expansión del crimen organizado?
Varía mucho de país a país. Hay unos estimativos del Banco Interamericano de Desarrollo que ubican el costo del crimen de la región entre el 3% y el 4% del producto interno bruto (PIB). Una parte muy importante de ese costo se explica por el crimen organizado, que cada vez es más preponderante en América Latina.
¿De qué manera se materializa ese costo? Por ejemplo, hay un costo fiscal que tienen que asumir los países en materia de seguridad: tener mejores policías, más fiscales, jueces, establecimientos penitenciarios. Todo esto tiene un costo muy alto. Por otro lado, hay pérdidas de productividad y directamente pérdida de vidas. Son personas que, en lugar de estar produciendo para una economía, desafortunadamente, fallecieron; es un tema complejo y sensible. Esto genera externalidades negativas adicionales, por ejemplo, en materia de salud mental para familiares de víctimas, entre muchos otros temas.
Además, las organizaciones criminales que logran controlar un mercado de drogas se diversifican en otras rentas ilegales a un costo muy bajo, como es el caso, por ejemplo, de los préstamos informales. Esta situación hace aún más rentables las organizaciones criminales, lo que genera otro tipo de afectaciones en la economía. Por ejemplo, la extorsión saca negocios del mercado, reduce la competencia y aumenta los costos operativos.
¿Se puede decir que el crimen es el mayor freno al crecimiento económico de América Latina?
Creo que el crimen organizado es la principal amenaza para el desarrollo de América Latina en el largo plazo. Estoy convencido de esto por varias razones. Una es que el crimen organizado se está expandiendo cada vez más por la región.
Una de las zonas del mundo donde más ha aumentado el consumo de cocaína es América Latina. Antes, típicamente, el consumo de cocaína se concentraba en Estados Unidos y Europa en un 80%, 85%. Hoy hay más o menos el mismo número de usuarios de cocaína en Estados Unidos, Europa y América del Sur.
Esto ocurrió en parte porque las organizaciones criminales han ido expandiendo mercados en América del Sur, principalmente en grandes ciudades y en otras urbes que, a pesar de no ser tan rentables como los mercados europeos o estadounidenses, son mucho menos riesgosas. Operar o negociar en Estados Unidos o en Europa expone a una organización criminal a la extradición y a unos sistemas de justicia criminal mucho más robustos, mientras que las capacidades en la región son mucho menores.
Mientras tanto, en América Latina enfrentamos al crimen organizado con las alternativas equivocadas. Eso hace que se materialicen muchos de estos problemas para el desarrollo, la creación de empresas, la informalidad, la desigualdad, entre muchos otros.
¿En América Latina estamos gastando demasiado en combatir las consecuencias del crimen y muy poco en entender los incentivos económicos que hacen que el delito sea un negocio atractivo?
Yo creo que sí. El aparato de los estados o de la policía, por lo general, no está diseñado para abordar a las organizaciones criminales como lo que son: empresas que se dedican a negocios ilegales. Si uno quiere enfrentar una empresa de esta naturaleza, lo que quiere es quebrarla. Para hacerlo tengo que aumentarle los costos de operación y, al mismo tiempo, reducir sus ingresos. Para lograr eso tengo que entender muy bien cuáles son sus flujos de dinero y cuáles son sus mecanismos de reclutamiento y de reemplazo de personal.
Si entiendo mejor todo esto, puedo diseñar políticas o programas que ataquen esos incentivos, de forma que vayan debilitando esta organización. Hoy lo que tenemos típicamente es, por ejemplo, una policía que se especializa por delito. Por ejemplo, en Colombia, una se especializa en la extorsión y otra en la venta de drogas. Lo que busca típicamente esta especialidad que se dedica a la extorsión es lograr la condena de una persona que comete el delito, lo cual en la práctica no tiene ninguna afectación material para un grupo de estos; una organización criminal tiene 25, 30, 50 personas, entre las cuales solo diez se dedican al cobro de extorsiones.
En Brasil, la política del Estado para abordar muchos de los temas relacionados con el crimen organizado ha sido aumentar la tasa de encarcelamiento. Esto también se aplica a Uruguay. Esa medida desconoce que la principal fuente de reclutamiento para muchas organizaciones son las cárceles.
¿Qué es más efectivo para debilitar económicamente al crimen organizado? ¿Qué pasaría si se legalizaran todas las drogas?
Hay un menú de opciones de política. Las soluciones de mercado para mí son las óptimas. Legalizar la droga, por ejemplo, es una forma relativamente práctica de reducir las rentas asociadas a la venta de drogas ilegales. Considero que la marihuana se puede legalizar prácticamente en todas partes. Creo que es más un problema de salud pública.
Foto: Alessandro Maradei
Con la cocaína, por ejemplo, hay que dar los pasos más despacio, en el sentido de que todavía no sabemos, por ejemplo, en un proceso de legalización, cómo se mueve la curva de demanda, porque la cocaína puede causar sobredosis, la marihuana no: es una droga menos letal. No obstante, yo sí creo que el camino es legalizar. Considero que en la práctica ese es el camino que hay que recorrer a largo plazo.
Yendo al caso uruguayo, ¿cómo analiza la situación del país?
Uruguay tiene dos características importantes. Por un lado, Montevideo no es una ciudad pequeña, esto la convierte en un mercado atractivo para desarrollar mercados de marihuana en el mercado negro de cocaína y de muchas otras drogas. Siempre que haya una demanda cautiva, va a haber un incentivo para que lleguen organizaciones criminales a establecerse. Además, ciudades como Punta del Este, por ejemplo, que también se relacionan mucho con fiestas y demás, son atractivas para las organizaciones criminales.
Por otro lado, Montevideo tiene una ubicación estratégica en las rutas de exportación de cocaína desde América del Sur y Colombia hacia Europa. En la medida en que los gobiernos o las autoridades han ido tratando de interrumpir los procesos de exportación, con más incautaciones y demás, les han dado la espalda a los incentivos económicos y a la naturaleza de las operaciones de estas organizaciones criminales.
Lo único que ha hecho eso, en lugar de reducir el tamaño de esta industria, es transformarla. En el caso de la cocaína, a pesar de los 50 años de estar luchando contra esto, hoy el mercado global es más grande que nunca. Actualmente las exportaciones a Europa son más altas que nunca, el precio en Europa está cayendo, la calidad está aumentando, las incautaciones están subiendo. Todos los indicadores apuntan a que es un mercado en crecimiento.
La cocaína que va hacia Europa se mueve principalmente por tres rutas: por contenedores que salen de Colombia y de Ecuador, y otra por el Atlántico, en rutas que salen de América del Sur hacia África y de allí hasta Europa. Y aquí es donde, por ejemplo, el puerto de Santos en Brasil, Montevideo y Buenos Aires juegan un rol muy importante, porque al final la cocaína en contenedores es muy difícil de detectar, más allá de que los gobiernos se esfuercen. Para poner un ejemplo, los puertos de Róterdam y Amberes alcanzan a inspeccionar como máximo el 4% o 5% de los contenedores.
Los sobornos que se pagan en este entorno son del orden de las decenas de miles de dólares a operadores portuarios en Montevideo o en Costa Rica, o de cientos de miles de dólares en Róterdam y en Amberes. Entonces, eso hace que Uruguay y Montevideo tengan una ubicación muy estratégica para que esto se desarrolle.
¿Qué significa esto para Uruguay?
Que el crimen organizado, en mi concepto, por lo menos en el mediano plazo, llega para quedarse. Es irreal pensar que este proceso se va a detener cuando en Montevideo el crimen organizado está empezando a consolidarse, el mercado local está empezando a aumentar, la ruta de exportación está comenzando a crecer. Lo más probable es que siga creciendo.
Para eso tiene que prepararse la sociedad en general, por ejemplo, para contar con una policía mucho más capaz y para desarrollar mejores capacidades de inteligencia para que este problema, por lo menos, crezca de manera contenida. Me refiero a que no genere mucha violencia.
Lo que puede hacer el Estado, por ejemplo, es ser inteligente con el enforcement [hacer cumplir la ley]. Por ejemplo, tener programas de lo que llamamos represión condicionada. Si hay varios grupos criminales, ¿a quién dedico la mayor capacidad de mis recursos? Yo puedo priorizar, por ejemplo, al que cause más violencia, al que extorsione más, al que esté vendiendo droga a menores. Tengo que elegir. Al final, no soy capaz, como Estado, como policía, de priorizar todo al mismo tiempo. Ese proceso de priorización requiere mucha inteligencia, porque la idea es hacer un proceso de domesticación del crimen organizado. Eso es a lo que se puede aspirar de manera realista.
Le pongo el caso de Colombia. Nosotros estimamos que lo que reciben las organizaciones criminales colombianas por la cocaína son alrededor de 50.000 millones de dólares, lo cual representa el 4,4% del PIB colombiano. La participación de organizaciones narcotraficantes en Uruguay probablemente es menor en toda esta cadena de suministro, pero ya hemos visto casos como el de Sebastián Marset, que tenía una operación relativamente grande. Esta situación puede empezar a generar unas rentas tan grandes que introduzcan distorsiones en los mercados legales en Uruguay. Hay que tratar de contener esta situación.
Hay una frase que señaló que me llamó mucho la atención. Mencionaba que es inevitable que el crimen organizado siga avanzando en Uruguay. ¿Por qué cree esto?
Porque si en Uruguay existe una cantidad de consumidores de cocaína y de marihuana que no están dispuestos a comprarla o a acceder por los mecanismos legales que tiene el Estado uruguayo [en el caso de la marihuana], alguien va a proveer esa droga. Si el Estado es muy exitoso tratando de contener la oferta, eso eventualmente lo que hace es que suban los precios. Y, al hacer que suban los precios, puede hacer que las organizaciones criminales que logren mantenerse obtengan rentas más altas. Es un juego de nunca acabar. La mayoría de la demanda agregada de cocaína se explica por consumidores que son dependientes, que no son sensibles al precio y que van a comprar la droga más cara, de todas formas.
Supongamos que la demanda de cocaína en Montevideo es de 150 kilos mensuales y la policía logra reducir eso a 100 kilos. Eso generará un aumento de los precios y es posible que las organizaciones criminales que quedaron con el negocio de los 100 kilos sean más exitosas económicamente, porque el aumento en el precio es mucho más proporcional que la disminución en la cantidad de cocaína demandada. Si esto es un juego repetido todo el tiempo, lo único que terminan haciendo es posibilitando la supervivencia de las organizaciones criminales más exitosas. Es muy difícil que, si ya existe una demanda, el mercado deje de existir.
¿Y cómo se domestica?
Te voy a poner un ejemplo que es a lo que creo que podría aspirar cualquier ciudad. De todas formas, anticipo que a mi entender estamos muy lejos de eso en cualquier contexto latinoamericano. Dicho esto, durante una conferencia sobre crimen organizado que tuvo lugar en Ginebra le pregunté a una persona dónde venden cocaína y él me llevó a dos o tres cuadras del lugar. Me dijo: “Allá es donde venden cocaína”. Y yo le dije: “¿Quién sabe?”. Y él me dijo: “Todo el mundo”. Saben la policía y los consumidores. Lo que pasa es que, en la medida en que ese grupo no genere violencia, que no venda drogas a menores, que no ofrezca drogas “malas” rebajadas con fentanilo, lo dejan operar, porque se entiende que hay una demanda que es necesario que alguien atienda. Y si no lo atiende ese grupo que hoy está operando de forma relativamente pacífica, monopolizando este sector, va a venir otro que puede entrar en una guerra. El hecho de tener un solo grupo contenido es mejor que las alternativas. A eso es a lo que me refiero con lograr domesticar el crimen organizado a largo plazo.
Lo que sí, tal vez, podría hacer Uruguay es tratar de deshacerse de ser una ruta importante de exportación hacia África y Europa. La manera de hacerlo sería, básicamente, con suficiente capacidad operativa que haga mucho menos rentable para una organización criminal operar en Uruguay que en Buenos Aires o en Santos. En ese caso, Uruguay se deshace del problema para que se vaya a otro lado. El problema siempre se va a ir a otro lado. En cuanto al mercado interno, no creo que haya alternativas.