Género y ambiente. Parte II: un vínculo ineludible

Mucho hemos escuchado sobre el carácter transversal de los temas de género, y otro tanto sobre la transversalidad de la dimensión ambiental. Sin embargo, no es tan frecuente que estas dimensiones se consideren conjuntamente. ¿Qué lectura podemos hacer si consideramos el vínculo género-ambiente? Contribuir a esa discusión en Uruguay es lo que nos proponemos en este artículo.

Entonces, ¿cuál es la importancia del nexo género-ambiente?

Género y ambiente constituyen dos de los ejes transformadores de la agenda pública. Sin embargo, no se cuenta con información completa que vincule ambas dimensiones. Comprender el nexo género-ambiente es fundamental para continuar disminuyendo la brecha de género y garantizar el camino hacia un desarrollo sostenible.

La brecha de género en relación al ambiente se manifiesta de diversas formas, desde el acceso a recursos naturales, la tenencia de la tierra y la ocupación del suelo, el uso de la energía, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, hasta el empoderamiento, la participación y la gobernabilidad en la toma de decisiones ambientales. La relación con el ambiente no es ajena a los condicionamientos que establecen los estereotipos de género y la división del trabajo.

¿Qué sabemos hasta ahora? Algunos datos ilustradores

Si bien la literatura que estudia el vínculo ambiente-género o género-ambiente es abundante,¹ la que incorpora además aspectos económicos es escasa (menos de 500 documentos identificados, cerca de 5%), y la clasificada como literatura económica, aún más escasa (cerca de 143 documentos). Los trabajos en el tema suelen provenir del área de la salud, la biología y otras ciencias sociales distintas a la economía. Los primeros estudios de género y ambiente identificados en Scopus² son de mediados de los 70. Por tanto, se trata de un campo de reciente aparición.

En materia de participación de las mujeres, a nivel mundial ocupan 15% de los altos cargos ministeriales vinculados a ambiente, lo que implica una mejoría marginal en los últimos cinco años (12%), según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Relacionado con lo anterior, es importante hacer referencia a la evidencia empírica para afirmar que tener más mujeres en posiciones parlamentarias está asociado a un endurecimiento de políticas climáticas (Mavisakalyan and Tarverdi & Fredriksson et al.), a una reducción en las emisiones de CO2 (Ergas and York), a un aumento en la cantidad y calidad de bienes públicos, y a una mejora en el acceso a agua potable y del estado de las rutas (Chattopadhyay y Dufflo), entre otros.

Por otro lado, en América Latina menos de 20% de las tierras se encuentra en propiedad de mujeres. Además, la tierra en propiedad de mujeres suele ser menos fértil y en condiciones de tenencia no segura (PNUMA, 2020).

Como en la mayor parte de los países de la región, existen problemas metodológicos para medir la distribución de la propiedad de la tierra desde una perspectiva de género. La principal fuente de información a nivel nacional son los censos agropecuarios, que presentan ciertas deficiencias respecto de la medición de la propiedad de la tierra porque se centran en la figura del productor/a principal y no del propietario legal de la explotación. Igualmente, a partir de los datos estadísticos del último censo agropecuario (2011), se puede percibir una distribución altamente desigual de la tierra entre hombres y mujeres. De acuerdo al censo mencionado, en el país las mujeres son 23,7% de los/las productores/as registrados/as y representan 21,1% de la superficie total explotada.

Otro dato importante es que las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de morir ante un desastre natural, y que los niveles de violencia sexual y de género aumentan exponencialmente con estos fenómenos, durante los desplazamientos y residencias temporales y ante la necesidad de alimento y refugio. Esto se torna relevante si consideramos que tres cuartos de la población latinoamericana reside en áreas con riesgo de desastre (PNUMA, 2020).

En lo que refiere al uso de la energía, sobre todo para la cocción de alimentos, las mujeres también se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, dado que suelen ser quienes se encargan de este tipo de tareas. En varias zonas rurales la mujer suele cocinar a partir de biomasa residual, estiércol y/o carbón, exponiéndose al humo resultante, lo que puede devenir en diversas enfermedades cardiopulmonares (Köhlin et al.). La OMS reportó que en 2016 una de cada ocho muertes en el mundo fue producto del nivel de polución en el hogar y en el ambiente, generando un total de siete millones de fallecidos.³

A modo de comentario, se suele señalar la posible “oportunidad o ventaja” del papel de la mujer-madre en la familia en relación al cuidado del ambiente, desde la alimentación, el uso eficiente del agua, la minimización de residuos y su correcta gestión en el hogar, así como en la educación en el hogar en relación a hábitos de consumo. Desde una lógica de equidad, sería importante extender esta responsabilidad a todos los integrantes de la familia en la relación cotidiana con el ambiente.

¿Cómo estamos? Políticas ambientales y enfoque de género en Uruguay

La importancia de considerar el vínculo entre género y ambiente es indiscutible al momento de analizar, diseñar e implementar políticas que pretendan impulsar el desarrollo sostenible. En materia de políticas ambientales, se observan distintos grados de incorporación de la perspectiva de género según la temática.

Se han dado algunos pasos en el sentido de transversalizar el enfoque de género. En 2018 los ministros de Medio Ambiente de América Latina concordaron incorporar la perspectiva de género. Un año después, Naciones Unidas acordó promover la igualdad de género en la gobernabilidad del medioambiente (PNUMA, 2020). Su consideración en el marco del cambio climático data de algunos años atrás en Uruguay. El documento de la Política Nacional de Cambio Climático (2016) contempla en su objetivo una perspectiva intergeneracional de equidad y derechos humanos. En consonancia con esta orientación, el enfoque de género se transversaliza a través de un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las medidas comprometidas por Uruguay al Acuerdo de París (Contribución Determinada a nivel Nacional o NDC) que es sensible al género.⁴ Esto implica que todas las medidas están analizadas según su potencial impacto en género, y avanzaron en algunas de las acciones correctivas, género-responsivas. Los Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático para ciudades, costas, sector agropecuario, salud y energía son medidas de la NDC, y como tales, también contemplan la incorporación del enfoque de género en la planificación de la adaptación.

En 2019 se lanzó la “Estrategia de género y cambio climático. Hacia un plan de acción 2020–2025”, y actualmente se está trabajando en un plan de acción para el período, alineado con el plan de acción de la Convención Marco de Naciones Unidas y Cambio Climático, que se espera tener aprobado en abril o mayo de este año.

Otras políticas y planes en materia ambiental consultados muestran un grado de profundidad bastante menor en la incorporación de la perspectiva de género, que generalmente se plasma en la diferenciación de los indicadores entre hombres y mujeres. En algunos casos, se limita a la utilización de lenguaje inclusivo de género en la redacción del documento o se incluye un aviso que aclara que se emplea el masculino para hacer alusión a ambos sexos.

La incorporación de una perspectiva de género en temas ambientales no es algo exclusivo de instituciones con competencia ambiental específica, sino que desde otras instituciones también hay una oportunidad para este abordaje, particularmente en el diseño e implementación de políticas relacionadas con el desarrollo productivo.

Sin ánimo de hacer una lista taxativa de iniciativas, cabe mencionar que en 2018 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca creó una Comisión Especializada de Género “con el fin del asesoramiento para la transversalización de la perspectiva de género en los cometidos del Inciso, así como en su política interna”. De la misma forma, la creación en 2018 de una Unidad de Desarrollo Social y Género en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, así como el proceso de incorporación en 2018 del Modelo de Calidad con Equidad de Género en el Ministerio de Turismo, y la obligación en 2019 de la creación de unidades de género en organismos públicos ‒a la cual la última Ley de Presupuesto dio respuesta‒ podrían indicar una mejora en las condiciones institucionales para el abordaje conjunto de estas dimensiones.

Esta integración en mayor o menor medida del enfoque de género en políticas ambientales tiene su correlato a la inversa. La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género tiene como una de sus aspiraciones estratégico-operativas la vivienda, ambiente y hábitat suficientes, seguros y sustentables para las mujeres. Sin embargo, no fue objeto de este trabajo indagar desde este lugar para responder de forma más precisa sobre cómo se materializa esta integración, pregunta que esperamos responder en futuros artículos.

Reflexiones finales

A pesar de la existencia de algunas experiencias concretas y de un acumulado conceptual y analítico para el abordaje del desarrollo sostenible a partir de la consideración conjunta de las dimensiones ambiente y género, en la práctica extendida el diseño de políticas de desarrollo adoptadas no ha logrado integrar genuinamente ambas dimensiones. Adicionalmente, en tanto estas agendas han sido impulsadas por agencias de cooperación internacional, puede suceder que se compita por recursos financieros específicos para la implementación de políticas que abordan focalizadamente una u otra dimensión.

En Uruguay se observan diferencias en el grado de madurez de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas ambientales. En algunos casos, la materialización de la intención de incorporar la perspectiva de género se traduce en la creación de unidades organizativas específicas, muchas veces sin una asignación de recursos presupuestales y humanos suficientes. En otros casos, por ejemplo en las acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático, se asumen compromisos concretos de incorporación de esta perspectiva en las medidas recomendadas, lo que exige esfuerzos específicos para superar obstáculos que pueden ir desde la cantidad y calidad de información disponible hasta la ausencia de condiciones logísticas para su puesta en práctica.

Es de importancia y urgencia, ante la crisis del sistema económico y productivo actual, un abordaje ambientalista y con enfoque de género para transitar hacia formas más amigables con el medioambiente y más equitativas en términos de distribución. Quizás sea indagando sobre la evolución de estos movimientos político-sociales, sus nexos (ambiente y género) e impactos en la economía que se logre trazar un posible camino alternativo al modo de producción actual, que produce y acrecienta desigualdades entre varones y mujeres, así como el acceso de estos a los bienes comunes. Parte de este desafío implica, entonces, conocer el vínculo entre ambiente, género y economía, e integrarlos transversalmente para garantizar un desarrollo sostenible, imponiéndose a la falsa dicotomía de economía versus ambiente (ver artículo de Magdalena Borges: ¿Es el cuidado del ambiente un freno a la economía? ¿Verdad o mito?) y visibilizando la contribución de las mujeres a la economía (ver artículo de Germán Deagosto: El Producto Interno Bruto: la miopía estadística), así como las brechas de género en la distribución del ingreso (ver artículo de Stephanie Demirdjian: Brechas de género en los ingresos laborales: entre el ‘techo de cristal’, el ‘piso pegajoso’ y la penalización por maternidad), entre tantas otras consideraciones de género en economía en sentido amplio.

Este artículo surge a partir de lo trabajado en el colectivo Lado F y el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Economía Verde e Inclusiva. Agradecemos los aportes de Marta Chiappe, Raquel Piaggio, Alicia Artigas, Gustavo Olveyra, Laura Lacuague y Karina Larruina. Esta y otras notas del Lado F pueden encontrarse en economialadof.wordpress.com.

Referencias
Chattopadhyay, R., & Dufflo, E. (2004). “Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India”.

Consejo Nacional de Género. Estrategia Nacional para la Igualdad de Género.

Fredriksson, P. G., & Wang, L. (2011). “Sex and environmental policy in the US House of Representatives”.

Ergas, C., & York, R. (2012). “Women’s status and carbon dioxide emissions: A quantitative cross-national analysis”.

Köhlin, G., Sills, E. O., Pattanayak, S. K., & Wilfong, C. (2011). “Energy, gender and development: what are the linkages. Where is the evidence”.

Mavisakalyan, A., & Tarverdi, Y. (2019). “Gender and Climate Change: Do female parliamentarians make differences?”

MGAP (2011). Censo General Agropecuario.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2021). “Género y medioambiente: un análisis preliminar de brechas y oportunidades en América Latina y el Caribe”.

Uruguay (2019). “Género y cambio climático: hacia un plan de acción 2020-2025”.