Este lunes las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) convocaron a una conferencia de prensa en la que anunciaron que no habrá cambios de momento en la tarifa de los combustibles, aunque señalaron que el barril de petróleo tuvo un aumento de 30% entre diciembre y marzo.
“A pesar de la evolución del crudo y que el gasoil no aumenta desde 2018, el gobierno ha decidido no trasladar el aumento del petróleo a las tarifas de combustibles en este momento. Entendemos que el país atraviesa momentos extraordinarios que requieren de respuestas por parte del gobierno también extraordinarias. Es un apoyo al sector productivo”, expresó la titular del MEF, Azucena Arbeleche.
Continuó explicando que “este apoyo tiene un costo”, que estimó en abril en 30 millones de dólares. Ese monto se verá reflejado en “un deterioro del resultado fiscal”, pero la ministra señaló que el Estado lo puede asumir “por el manejo responsable que ha venido haciendo de las finanzas públicas”. Además, aclaró que cuando se decida ajustar los precios, no se tomará en cuenta lo resignado entre enero y abril.
Consultada sobre la situación financiera de Ancap, que cerró el 2020 con pérdidas de 12 millones de dólares —por el impacto en sus finanzas del no ajuste de tarifas y la suba del dólar—, Arbeleche dijo que el Poder Ejecutivo “respaldará” a la empresa para que “sus finanzas se mantengan sólidas”. Por ejemplo, este año no se solicitará una transferencia a Rentas Generales de Ducsa, firma distribuidora que integra el grupo Ancap y siempre arroja ganancias.
Por otra parte, la ministra presentó un cuadro con la variación de precios de los combustibles en otros países de dentro y fuera de la región: “En el resto del mundo hubo aumentos significativos” a raíz del alza del petróleo en los primeros meses del año, mientras que en Uruguay al comparar los valores en dólares “vemos una disminución” en el gasoil, dado que el precio se mantuvo y aumentó el tipo de cambio.
Nuevo esquema y los “sobrecostos” de Ancap
El ministro de Industria, Omar Paganini, repasó el nuevo esquema que regirá para los combustibles, que surge de la ley de urgente consideración (LUC) y tiene como referencia el precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua sobre cuánto costaría a un importador abastecer al mercado en las mismas condiciones que Ancap.
El jerarca señaló que el gobierno “está pronto para poner a funcionar el mecanismo” a partir del próximo ajuste de tarifas, y que “el objetivo principal es darle transparencia al sistema de fijación” de precios. Sin embargo, al PPI se le incorporará un “factor X” que representa los sobrecostos que según el gobierno asume Ancap, con la idea de comenzar un proceso gradual a tres años que culminará con los precios al público alineados con la paridad de importación.
“En los tres años se van a ir cambiando reglas de juego” y se procurará a través de cambios regulatorios en toda la cadena —incluida la distribución y la comercialización, donde Ancap no participa— “generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados al combustible”, indicó Paganini.
Hasta el momento, el MIEM no había puesto en cifras el “factor X” y en la conferencia se presentaron los números: cuando entre a regir el nuevo esquema esto significará un incremento de tres pesos por litro por encima del PPI.
¿Cuáles son los sobrecostos según el ministro? Repasó que dentro de esos tres pesos se contabilizan las pérdidas del negocio del pórtland de Ancap —que arrastra números rojos hace varios años y se encuentra en proceso de reestructura—; los biocombustibles que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR) —subsidiaria de Ancap— y son “más costosos de lo que correspondería”; el subsidio al supergás, ya que la empresa estatal “lo vende por debajo de su costo”, y los “costos estructurales” de Ancap, que se trabaja en reducirlos.
Consultado por la diaria en la conferencia de prensa virtual que se realizó luego de la presentación, Paganini señaló que el subsidio al supergás “por este año continuará” tal como está, y que el gobierno continúa trabajando en un proyecto de ley que modifique la mezcla de biocombustibles. Como ya se informó, la idea es reducir o eliminar el biodiésel que se incorpora al gasoil, aunque aún resta tomar definiciones sobre el futuro de la planta Capurro de ALUR. “Hay que evaluar bien si esos sobrecostos [por la mezcla de biodiésel] conviene mantenerlos, con los beneficios que traen, o conviene cambiar la exigencia legal” que establece una mezcla mínima de 5% de producción nacional, indicó.