Las grandes crisis son siempre recordadas en la historia y no hay dudas de que la desatada en 2020 con la pandemia entra en esa categoría; también sus consecuencias. Si todo transcurre tal cual lo planeado a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –el organismo multilateral más predominante hoy día–, en dos años y tras variadas negociaciones que deberán desatarse, poniendo a prueba las estructuras políticas y corporativas, habrá una tasa mínima de 15% que deberán abonar las multinacionales. Esta reforma y sus potenciales resultados se proyectan como un hito que puede posicionarse entre las principales consecuencias de la pandemia para los libros de historia.

“Hoy es un día histórico para la diplomacia económica. Durante décadas, Estados Unidos ha participado en una competencia fiscal internacional contraproducente, reduciendo nuestras tasas de impuestos corporativos sólo para ver cómo otras naciones reducen las suyas en respuesta. El resultado fue una carrera global hacia abajo: ¿quién reduce su tasa corporativa más y más rápido? Ninguna nación ha ganado esta carrera”.

Estas fueron las palabras de Janet Yellen, secretaria actual del Tesoro norteamericano –y expresidenta de la Reserva Federal–, luego de que 130 países –que representan 90% del PIB– acordaran un plan para reformar las regulaciones fiscales internacionales y garantizar que las empresas multinacionales paguen un “porcentaje justo de impuestos” donde operen.

Solamente nueve de los 139 países que forman la OCDE no adhirieron a la declaración que establece un nuevo marco para la reforma fiscal internacional: Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas.

La crisis y la consecuencia con la OCDE como protagonista tienen un antecedente reciente y que puede verse como el mojón inicial de los acontecimientos actuales. La crisis financiera de 2008 provocó que las potencias económicas promovieran medidas más estrictas en busca de combatir los paraísos fiscales . De hecho, en Uruguay este proceso y las presiones internacionales se vieron de cerca cuando el expresidente francés Nicolás Sarkozy catalogó en 2011 al país como paraíso fiscal. En esa época Uruguay ya había comenzado a revertir su otrora fama de plaza financiera benévola, alineándose a los estándares de la OCDE.

Hoy día se puede decir que el acercamiento al organismo multilateral es una política de Estado, comenzada en los gobiernos del Frente Amplio y que continuó. En marzo Uruguay se transformó en un país asociado a las reuniones ampliadas del Comité de Inversiones de la OCDE, además de ser desde 2015 participante observador del Comité de Asuntos Fiscales y formar parte del Foro Global de Transparencia Fiscal.

Hace pocos días varios tributaristas opinaron en una nota sobre zonas francas de las posibles implicancias para Uruguay de un impuesto global como el que en esos momentos aún analizaba la OCDE. Los comentarios fueron desde el escepticismo sobre la puesta en práctica de un pacto global de este tipo a la creencia de que esto cambiará el panorama y perderán sentido las zonas libres de impuestos, o que deberá hacerse “un diseño inteligente” de la normativa local en base a las nuevas reglas.

Años atrás, Uruguay adhirió al proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión fiscal empresarial) de la OCDE, que estableció 15 recomendaciones que componen un plan de acción para luchar contra la planificación impositiva que realizan las empresas multinacionales, aprovechándose de la red mundial de tratados para evitar la doble imposición, con el objetivo de trasladar beneficios a territorios de escasa o nula tributación.

De acuerdo a Yellen, la competencia fiscal no ha sido motor de atracción para los negocios. Por el contrario, ha privado a las economías de los recursos necesarios para invertir en infraestructura, educación y enfrentar la factura que dejó –y dejará– la crisis inducida por la pandemia; “la carrera hacia el fondo está un paso más cerca de llegar a su fin”. Haciendo referencia a la “política exterior para la clase media” anunciada por Joe Biden, así es como luce en la práctica, señaló en alusión al acuerdo.

Según la declaración del organismo, “el marco actualiza los aspectos clave del centenario sistema fiscal internacional, que ya no resulta adecuado para la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI”; mucho menos en tiempos de pandemia.

El plan incluye dos pilares. Por un lado, garantizar que las empresas multinacionales paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, de forma de promover una “distribución más justa de los beneficios y derechos tributarios entre los países”.

Por el otro, dotar al sistema fiscal internacional de seguridad y estabilidad para sentar una “base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de un impuesto mínimo” –con una tasa mínima de por lo menos 15%– global para proteger las bases impositivas nacionales. Según estima la OCDE, esto contribuirá cada año con cerca de 150.000 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales a nivel mundial.

De acuerdo al secretario general del organismo, Mathias Cormann, esto “no elimina la competencia fiscal, algo que no debería hacer, pero sí establece limitaciones acordadas de manera multilateral”.

Para el ministro de Finanzas de Reino Unido, Rishi Sunak, “el hecho de que 130 países en todo el mundo, incluidos todos los del G-20, se hayan adherido, representa un paso adelante en nuestra misión de reformar la fiscalidad mundial”. En esa línea, su par alemán, Olaf Scholz, calificó de “progreso colosal” el acuerdo alcanzado.

Hacia adelante, los plazos previstos suponen concluir las negociaciones en plazos relativamente cortos. El trabajo técnico restante debería estar concluido en octubre y el plan debería estar en marcha hacia 2023. Entre otras cosas, habrá que esperar para ver qué sucede con Irlanda y Hungría, cuya ausencia podría suponer problemas para que la Unión Europea implemente los planes.