La menstruación y la desigualdad de género
La sociedad actual se organiza sobre diferentes estructuras jerárquicas, basadas en la opresión y discriminación, donde factores como la raza, el sexo o la clase social afectan múltiples dimensiones de la vida diaria de los individuos. A pesar del progreso en materia de derechos y antidiscriminación, aún quedan numerosos obstáculos que derribar en pos de una sociedad más equitativa.
En particular, la vida de las mujeres se ve atravesada de forma transversal por la desigualdad de género, que se materializa en dimensiones económicas y sociales mediante distintos factores, tanto observables como no observables. En los últimos años, los indicadores económicos han ganado trascendencia en el análisis de la desigualdad de género. Empero, aún existen dimensiones invisibilizadas en el estudio de dicho fenómeno, pese a su profundo impacto en la vida de mujeres y niñas. Este es el caso de la menstruación y sus consecuencias en el gasto de las mujeres.
Menstruar es un suceso biológico y, por lo tanto, inescapable para aproximadamente la mitad de la población mundial. Sin embargo, ha sido y es un tabú en muchos países y culturas, siendo etiquetado como un hecho vergonzoso, sucio e impuro, que carga de indignidad la experiencia de millones de mujeres y niñas. De esta manera, la menstruación resulta ser, simultáneamente, un elemento de la vida cotidiana de mujeres y niñas y “un tema tabú en la mayor parte de las culturas [...], lo que implica: silencio, ocultamiento, desnaturalización y desinformación” (Azcue y Patiño-Aráoz, 2018, p. 5), en lugar de ser vivenciado como un hecho natural y sano.
A pesar de que históricamente se ha ocultado e ignorado este elemento vital de la biología de las mujeres, diversos movimientos feministas y organizaciones internacionales han reivindicado la menstruación como un tema de discusión en la agenda pública actual, debido a su relevancia en materia de derechos humanos. El Consejo Colaborativo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de las Naciones Unidas (WSSCC, por sus siglas en inglés) considera que desatender la higiene menstrual representa una violación no sólo al derecho de dignidad humana, sino también a los derechos de no discriminación, equidad, integridad corporal, salud, privacidad y el derecho a la libertad de tratamiento inhumano y degradante por abuso y violencia (WSSCC, 2013). Se estima que en el mundo dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden al menos cinco días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias en las escuelas (Banco Mundial, 2016). Sumado al ausentismo escolar, la falta de recursos lleva a prácticas poco higiénicas: para algunas significa el uso de paños o trapos viejos, pero para otras significa aquello que esté a la mano: ropa vieja, pañuelos, algodón u hojas de diario (Bolton L., Millington, K., 2015), causando infecciones del tracto urinario, problemas de salud e incluso infertilidad (Economía Femini(s)ta, 23 de agosto de 2019).
Dicho esto, el desarrollo de políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres y niñas es imprescindible para el respeto de los derechos humanos y el acceso a los productos de gestión menstrual (PGM) es crucial para el ejercicio de los derechos. Sin embargo, gran parte del mundo no los identifica como productos de primera necesidad, sino que son considerados cosméticos y se encuentran gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a dicha rama de productos. Este fenómeno implica una carga económica adicional, forzando a las mujeres a incurrir en mayores gastos para satisfacer sus necesidades de higiene y salud. En consecuencia, menstruar puede ser entendido como un factor que agudiza las desigualdades, dado el carácter regresivo del IVA, afectando en mayor medida a las mujeres de menores ingresos.
En los últimos años, son múltiples los países que visibilizaron la existencia de obstáculos en la accesibilidad a estos productos, promoviendo la exoneración o reducción de impuestos como medio para una mayor salud menstrual universal. En particular, se destaca la experiencia colombiana, debido a que es el único país de América Latina que logró, en 2018, eliminar el gravamen a los productos de gestión menstrual. La eliminación de impuestos se justificó principalmente sobre la naturaleza regresiva y discriminatoria del IVA, que “afecta en mayor medida a sectores poblacionales pobres, entre los cuales es significativa la participación de mujeres” (Arenas, 2018, p. 17). Además de tener un sesgo sexista, ya que grava productos de uso exclusivo e indispensable para las mujeres, lo que implica una carga económica adicional por el simple hecho de ser mujer (Arenas, 2018). Es importante, a su vez, mencionar el caso argentino y en particular el trabajo de Economía Femini(s)ta, organización comprometida con la creación y democratización de conocimiento en torno a la menstruación como factor de desigualdad. El surgimiento de campañas como #MenstruACCIÓN logró incorporar la problemática a la agenda política culminando en la presentación de 16 proyectos de ley a nivel nacional y provincial, dando visibilidad a la importancia de investigar para entender las problemáticas y promover el desarrollo de políticas públicas (Azcue y Patiño-Aráoz, 2018).
¿Qué pasa en Uruguay?
En Uruguay se observan diversas iniciativas que proponen una aproximación inicial a la visibilización de la situación de las mujeres en este aspecto, destacándose el artículo “Menstruar sale un huevo” de Amalia Arias Gozurreta y Denisse Legrand (la diaria, 18 de noviembre de 2017), que provee un acercamiento al gasto en el que incurren las mujeres durante sus períodos menstruales. A raíz del cálculo inicial que se realiza en el artículo, se evidencia la falta de información que permita profundizar en el análisis y llegar a resultados más precisos, por ejemplo, una base de datos que releve los precios de mercado de los productos. Por otro lado, es pertinente mencionar el proyecto de ley presentado en junio de 2020 por la diputada María Eugenia Roselló, que busca establecer una partida exclusiva destinada a la compra de toallas higiénicas femeninas para las beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de reducir la carga económica de las mujeres y niñas de mayor vulnerabilidad económica (Proyecto de Ley Nº 146.433, 8 de junio de 2020). No obstante, entendemos que Uruguay tiene un largo camino por delante, tanto en lo que respecta a la generación de datos como al diseño de políticas públicas que contemplen la menstruación.
En este marco de creciente visibilización de la problemática, pero insuficiente conocimiento al respecto que respalde y brinde mayor efectividad a las iniciativas de políticas públicas, buscamos aportar al debate con el fin de contribuir a la ruptura del tabú y estigma en torno a la menstruación. Esto es esencial para que las mujeres y niñas alcancen su potencial con plenitud (Patkar et al., 2016), así como también para la reducción de las desigualdades entre mujeres y varones.
Menstruar es caro y desigual
Con los datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2016-2017, realizamos una estimación al gasto en el que incurren las mujeres uruguayas en PGM. Los resultados obtenidos muestran un gasto promedio anual —a precios de 2021— de 1.740 pesos por mujer aproximadamente. Si se toman como unidad de medida los hogares donde viven mujeres, el monto asciende a aproximadamente 2.240 pesos por hogar en promedio. Esto significa que, a grandes números, los hogares uruguayos destinan aproximadamente 40.000.000 de dólares anuales para la compra de PGM.
Tal como esperábamos, se encuentran diferencias importantes según el decil de ingreso al que pertenecen los hogares, donde el gasto promedio en PGM de las mujeres pertenecientes al decil 10 representa el doble que el de las mujeres del decil 1. Esto es, las mujeres (hogares) con mayor poder adquisitivo realizan un gasto mayor, que puede deberse a que adquieren una mayor cantidad de productos, o que acceden a productos de mejor calidad. Este resultado evidencia el ingreso per cápita como una limitante para el acceso a PGM deseados.
La proporción del gasto en PGM sobre el gasto total del hogar desciende junto con el decil del ingreso, siendo la proporción del primer decil aproximadamente tres veces mayor que en el décimo. La misma tendencia se observa para la proporción del gasto en PGM sobre los ingresos de los hogares, con una diferencia más acentuada entre deciles (el ratio para el primer decil es ocho veces mayor). Sin embargo, al considerar únicamente aquellos hogares donde viven mujeres en edad de menstruar, la diferencia entre deciles se atenúa. Esto implica que el esfuerzo que realizan los hogares más pobres para la adquisición de PGM es mayor.
En base a la hipótesis de que las mujeres pertenecientes al decil 10 logran acceder a la “canasta ideal” de PGM, realizamos un ejercicio de simulación para calcular cuánto implicaría ese gasto en el total del gasto per cápita de las mujeres pertenecientes al resto de los deciles, así como en su ingreso per cápita. A partir de dicha simulación, encontramos que el gasto representa tres veces más para las mujeres del primer decil que para las del décimo.
A pesar de ser los PGM productos de primera necesidad, se categorizan como cosméticos y, por tanto, se gravan con 22% de IVA. Al calcular la proporción entre la recaudación de IVA por PGM sobre la recaudación de IVA en general, diferenciando por deciles, se aprecia que la proporción de recaudación por el consumo de PGM en los hogares es mayor en los deciles más bajos. Por lo tanto, en términos relativos, el esfuerzo es mayor en los hogares más pobres.
Menstruar en la agenda política
Entender y promover la menstruación como un suceso biológico y sano aportaría a su desestigmatización, y evitaría caer en desinformación y malentendidos colectivos. Un claro ejemplo de esto es la categorización de estos productos como bienes de lujo, cuando en realidad son bienes de primera necesidad. Una intervención estatal para la recategorización de los PGM resulta fundamental para garantizar el acceso a un bien de interés para la salud, sobre todo de las mujeres más pobres. En este sentido, la disminución de la recaudación estatal estaría justificada en un marco de justicia distributiva y de género. A su vez, la renuncia de estos recursos no implicaría un gran esfuerzo si consideramos que la recaudación de IVA por PGM representa 0,13% de la recaudación total de este impuesto.
Este debería ser sólo el primer paso de una política de Estado que se comprometa con la subvención de los PGM y que se haga cargo de reducir la desigualdad que menstruar implica en la vida de las mujeres uruguayas.
Los resultados presentados en este artículo surgen de un proyecto de investigación realizado por las autoras y financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE) de la Universidad de la República, 2021.
Referencias
Arenas A. I. (2018) Política tributaria y sesgos de género: aproximaciones al caso colombiano. Revista Análisis, 5/2018, FES Colombia.
Arias A. y Legrand D. (18 de noviembre de 2017) “Menstruar sale un huevo”, la diaria.
Azcue, L. y Patiño, L. (2018) La menstruación como política pública: un estudio exploratorio de proyectos legislativos sobre gestión menstrual en Argentina. X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.
Banco Mundial (29 de julio de 2016) La menstruación causa ausentismo escolar de las niñas en el mundo.
Economía Femini(s)ta (23 de agosto de 2019) Sangre, sudor y gastos: ¿Por qué la menstruación es un factor de desigualdad? Blog Economía Femini(s)ta.
Millington, K.A. y Bolton, L. (2015) Improving access to menstrual hygiene products. (GSDRC Helpdesk Research Report 1280). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
Patkar, A. et al. (2016) From taboo to empowerment: menstruation and gender equality.
WSSCC (2013) Celebrating Womanhood: How better menstrual hygiene management is the path to better health, dignity and business. Water Supply and Sanitation Collaborative Council.