A raíz de la “crítica situación económico-financiera” que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios desde hace más de una década, el directorio de la institución les informó el sábado a sus afiliados las medidas que adoptó y las que propone para revertir la situación.
Medidas adoptadas
La primera medida supone dejar sin efecto las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la Resolución 312/2016 a partir de abril. Esta medida, que refiere al seguro de salud, afectará a los pasivos cuya única pasividad sea la de la institución y que además tengan un nominal de pasividad inferior a $ 54.685 (considerando como referencia enero de 2022), y también a los pasivos con más de 74 años. En el primer caso, según comunicó la caja, los pasivos referidos dejarán de cobrar el beneficio adicional que se paga por concepto de seguro de salud ($ 2.363 a enero de 2022). En el segundo caso, por su parte, los pasivos afectados dejarán de cobrar el beneficio adicional que se paga por concepto de complemento de seguro de salud ($ 1.108 a enero de 2022).
La segunda medida implica la no renovación de los beneficios adicionales de 2,5% y 3% –ajustes por encima del mínimo constitucional otorgado al amparo del artículo 106 de la Ley 17.738, Aprobación de la Estructura Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Según el texto del artículo, “compete al Directorio fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo, con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes, y luego por la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora y de Contralor que se encuentre en posesión de sus cargos a la fecha en que tenga que pronunciarse, establecer un índice diferente así como diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario”. Según el comunicado, este beneficio adicional no engloba a todos los pasivos y está vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.
Hasta acá las medidas cuya resolución queda comprendida dentro del ámbito de este órgano. Sin embargo, existe otro conjunto de medidas que requieren la iniciativa del Poder Ejecutivo para impulsar modificaciones legales.
Medidas que requieren modificaciones legales
Dentro de este paquete se incluyen seis medidas adicionales, cuya adopción conjunta “daría el margen de tiempo necesario para procesar una reforma integral del subsistema”. La primera refiere al impuesto a la asistencia de la seguridad social y sugiere que lo recaudado a partir de los profesionales afiliados a la caja pase a formar parte de los ingresos de la institución, en lugar de volcarse hacia el sistema general. Entrevistada por el semanario Búsqueda, la presidenta de la caja, Virginia Romero, señaló que esta iniciativa “sería para los nuevos y no para quitárselos al BPS”.1 Además, Romero reconoció que “no creemos que esto vaya a tener ningún andamiento”.2 Según las estimaciones presentadas por el directorio, la contribución de esta iniciativa representa 36,5% del impacto total proyectado sobre el resultado operativo (de las seis medidas, esta es la que tiene mayor incidencia).
La segunda medida implica una “contribución pecuniaria de los pasivos” –que en promedio sería de 7% de las jubilaciones nominales– y tendría una contribución cercana a 23% de lo proyectado, según indica el comunicado enviado a los afiliados. Esta contribución se extenderá en función de los resultados económico-financieros de la institución.
En tercer lugar, se incluye dentro del paquete un aumento de la tasa de aportación por parte de los activos, que pasaría de 16,5% a 18%. De este incremento, 1% tendría un carácter permanente y lo restante sería de naturaleza transitoria, dependiendo de lo que suceda con los resultados de la institución. La contribución de esta medida al impacto total que se proyecta con el paquete sería de 18,4%.
A su vez, está planteado un incremento de los gravámenes correspondientes a los incisos A, D y H del artículo 71 de la Ley 17.738, que refiere a los recursos de la institución (timbres profesionales). Casi 17% de lo que se pretende recaudar para mejorar los resultados depende de esta medida.
Las últimas dos medidas comunicadas implican la ratificación anual de las declaraciones de no ejercicio y la derogación del artículo 772 correspondiente a la ley de presupuesto de 2021, que impide que algunos timbres tengan costo. En términos del resultado proyectado hacia 2026, el peso que tendrían estas dos medidas asciende a 11,8% (cada una contribuiría con 5,9%).
Según se desprende del informe de diagnóstico del sistema previsional elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social, esta caja cuenta con una población de 82.605 afiliados con declaración de no ejercicio. Como advierte el documento, las características del trabajo profesional han ido cambiando en cuanto al ejercicio liberal y existe un número importante de profesionales universitarios que se desempeña en forma exclusiva o simultánea en relación de dependencia en otro régimen de seguridad social.
A partir de la información que les entregó la institución a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 22 de febrero, tendrá lugar una reunión el miércoles 23 de marzo para definir los siguientes pasos.