Mediante una resolución, el Poder Ejecutivo transfirió al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas una partida de 19.374 millones de pesos, unos 452 millones de dólares —tomando el valor promedio en el año (42,8 pesos)—, como “asistencia financiera a los retirados militares”, que surge de la ley de presupuesto para el ejercicio 2022. Se trata de la partida anual que sale de Rentas Generales hacia el subsistema jubilatorio, que arrastra un déficit crónico, y es habitual que más adelante en el año se otorgue un complemento.

Así ocurrió en febrero del 2022, cuando otra resolución del Ejecutivo autorizó a transferir 1.874 millones de pesos “por concepto de complemento de la asistencia financiera para el ejercicio 2021”. Previamente, a fines de noviembre de 2021 y mediante un decreto, el gobierno envió como partida anual 16.500 millones de pesos, por lo que en total la Caja Militar recibió 18.374 millones de pesos el año pasado. En 2020 había sido algo más de 17.000 millones de pesos.

Para comparar los montos de estos años y los anteriores se requiere tomar un valor común para el dólar, porque de lo contrario la comparación se ve alterada por la variación del tipo de cambio. En el documento que elaboró la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) como insumo previo a la reforma se planteó el monto de asistencia a la Caja Militar al valor constante del dólar de 2019 (35,28 pesos): 363 millones de dólares en 2015, 379 millones de dólares en 2016, 419 millones de dólares en 2017, 440 millones de dólares en 2018 y 450 millones de dólares en 2019.

Esa evolución al alza sufrió un freno en 2020 y 2021, al hacer los cálculos deflactando —para considerar la variación de la inflación— los montos en pesos de asistencia en esos años; en términos reales se observó una baja de 0,6% en 2020 respecto del año previo, y de 2% en 2021 frente al año anterior.

También el documento de la CESS, votado a mitad de 2021 y que contiene datos de hasta 2019 para la mayoría de los regímenes previsionales, muestra el nivel de la asistencia financiera para la Caja Militar en relación al producto interno bruto (PIB): fue 0,81% del PIB en 2019 y se proyecta que crezca a 0,85% en 2025 y a 0,89% en 2030. En comparación, la asistencia al régimen tradicional del Banco de Previsión Social (BPS), que paga más de 460.000 pasividades, fue de 0,56% del PIB en 2019, si bien se proyecta que ascienda a 0,92% en 2025.

La Caja Militar tiene 51.000 pasivos que cobran una jubilación o pensión, y 27.000 activos que aportan. La relación entre retirados y aportantes es de 0,53, la más baja de todo el sistema previsional.

En tanto, el concepto de “asistencia financiera” refiere a los recursos extra, más allá de los ingresos genuinos que tiene la Caja Militar –que surgen del aporte que hacen los afiliados y parte de los jubilados, que deben llegar a 36 años de contribución–. Igualmente, el monto transferido es mayor, ya que hoy día conviven dos grupos de retirados: los anteriores a 1986 están a cargo de Rentas Generales por la inexistencia de aportes del Estado como empleador, y los que lo hicieron posteriormente a esa fecha tienen una jubilación cubierta en parte por los aportes y en otra por la asistencia financiera.

El economista Braulio Zelko, que trabajó en el último gobierno del Frente Amplio los temas asociados a la Caja Militar desde el Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a la diaria que la baja porcentual en las partidas que recibió el subsistema en 2020 y 2021 puede explicarse porque bajaron las jubilaciones en términos reales —el ajuste cada año acompaña al salario, que tuvo caídas—, hubo “un aumento de los recursos propios al sistema, por la inclusión de partidas que antes de la reforma de 2018 no estaban gravadas”, y además como hipótesis extra pudo haber “algún impacto en el número de pasivos en años de mayor mortalidad”, algo que se observó en los datos del BPS asociado a la pandemia de covid-19.

En el marco de la próxima reforma general del sistema de seguridad social, debate que se activará pronto en el Legislativo con el envío de un proyecto de ley desde el Ejecutivo, el asunto de la Caja Militar promete ser de los más álgidos a resolver. Por un lado, a nivel del oficialismo será un desafío consensuar posiciones, incluyendo a Cabildo Abierto, y del lado del FA y los sindicatos se proyecta como un tema de reclamo y choque con el gobierno.

El FA no acompañó los documentos que surgieron de la CESS, entre otras cosas por considerar que tanto el diagnóstico como las recomendaciones para la Caja Militar no consideraban la gravedad de su situación financiera, mientras que para la central sindical las propuestas del oficialismo para los militares son “tibias” y anteponen esta reforma a discutir eventuales cambios en el régimen tradicional del BPS. En el documento con recomendaciones que salió de la CESS con el voto del oficialismo y los empresarios, se plantea para el subsistema militar subir la edad de retiro entre dos y cinco años según el grado, suprimir el “pago adicional” por cómputo del aguinaldo y evaluar igualar los años de servicios bonificados de militares y policías.