El impacto de la guerra en América Latina: ¿qué esperar?

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las economías regionales enfrentan un panorama crecientemente complejo caracterizado por menor dinamismo, aceleración inflacionaria y repunte de la pobreza¹.

Desde hace más de diez años América Latina enfrenta el impacto acumulado de un conjunto de crisis que han ido erosionando su resiliencia. La última de ellas, derivada del impacto de la guerra, generó una corrección a la baja del crecimiento regional (que baja de 2,1% a 1,8%), un nuevo empuje de los precios y un incremento de la pobreza y la indigencia, que podría superar los niveles registrados en 2020.

El panorama regional es heterogéneo y las perspectivas para el corto plazo difieren marcadamente entre los distintos países. En particular, destaca por su bajo dinamismo la economía brasileña, que se mantendría virtualmente estancada durante este año (apenas crecería 0,4%). En la otra vereda, el mayor crecimiento previsto corresponde a Venezuela, Colombia y Uruguay. Diluido el “efecto rebote” que caracterizó a 2021, el desempeño regional vuelve a tender hacia un crecimiento muy bajo, que podría repetir el patrón observado entre 2015 y 2019, cuando el promedio de expansión anual no superó el 0,5%.

Este bajo crecimiento tiene como correlato perspectivas menos alentadoras para la recuperación del empleo, que perdería fuerza en relación con la dinámica que primó durante la segunda mitad de 2021. Con el aumento de la participación laboral (oferta), producto de los avances en la vacunación y el levantamiento de las restricciones a la movilidad, lo anterior implica que el desempleo aumentará en lo que resta del año.

En este marco, la aceleración prevista para la inflación ejercerá presión adicional sobre las condiciones de vida de la población latinoamericana y tendrá como consecuencia un incremento en las cifras de pobreza e indigencia, que incluso podrían superar los umbrales observados durante el primer año de la pandemia. Respecto de lo primero, la inflación promedio de la región se incrementó 1,5 puntos porcentuales en lo que va del año, pasando de 6,6% a 8,1% (cifra que excluye a las economías con inflación crónica, como Argentina y Venezuela).

Esta tendencia alcista se mantendría en los próximos meses e impactaría de forma desproporcionada sobre los segmentos más vulnerables de la población, que son los que destinan una fracción más elevada de sus ingresos a la compra de alimentos. Por este motivo, las nuevas estimaciones del organismo están diferenciadas según los distintos quintiles de ingreso. Para el 20% más pobre, las estimaciones ubican la inflación en el entorno de 8,3% para este año. Para el otro extremo de la distribución, es decir, para el 20% de mayores ingresos, la inflación esperada se sitúa próxima a 7,3% (un punto porcentual por debajo).

La conjunción de todo lo anterior supondrá un nuevo aumento de la pobreza en el corto plazo. Dado que la incertidumbre sigue siendo inusitadamente elevada, producto de las derivadas inflacionarias de la guerra en curso, la Cepal presentó un escenario base y un escenario alternativo que incorpora las consecuencias de una mayor inflación (respecto de la prevista) sobre los niveles de pobreza y pobreza extrema.

En el escenario base los niveles de pobreza promedio en la región volverían a los registrados durante 2020, tras la leve mejora registrada el año pasado. Puntualmente, la Cepal estima que la pobreza ascendería a 33% al cierre del año. Si la inflación tuviera un empuje adicional (escenario alternativo), esa cifra aumentaría casi en un punto porcentual, hasta 33,7%, y superaría la referencia del año 2020.

Por otro lado, la tendencia prevista para indigencia es siempre ascendente, dado que esta dimensión no registró mejoras durante 2021. Esto es un resultado esperable, dado que muchas personas se encontraban en torno a la línea de pobreza cuando irrumpió la pandemia. Con la afectación resultante de sus ingresos en 2020 y la posterior recuperación en 2021, las personas que gravitan en torno a ese umbral entraron y salieron de la pobreza en el último año, lo que no sucede con las poblaciones que enfrentan situaciones de fragilidad mucho mayores.

Según los datos del organismo, la indigencia superaría el 14% en 2022. En el escenario base, la estimación puntual se ubica en torno a 14,5%, y se aproxima a 15% en el escenario alternativo. Esto implica que aproximadamente 7,8 millones de personas más se sumarían este año a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. Como alertó recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos ante una “crisis sistémica del hambre” global, en tanto existen aproximadamente 323 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria aguda.

En los últimos dos años fueron múltiples los fenómenos que operaron ejerciendo presión sobre el precio de los alimentos. La recuperación de la demanda global pospandemia, sumada a las disrupciones en las cadenas de suministros y los efectos del cambio climático en la producción agrícola, ya venían impulsado los precios con anterioridad a la irrupción de la guerra. Naturalmente, estas presiones se exacerbaron en los últimos meses.

Por un lado, esto sucede producto del impacto directo del conflicto sobre los precios y la oferta. Rusia y Ucrania son exportadores netos de recursos naturales y de manufacturas que son intensivas en su uso. En el caso de Rusia, los principales productos son petróleo, gas, oro, trigo, carbón y fertilizantes; mientras que en Ucrania destacan el acero, el carbón, el petróleo, productos químicos y granos. En conjunto, ambos fueron responsables de 28% del total de trigo exportado durante el año 2020. Esa cifra es de 15% en el caso del maíz y se aproxima a 60% en el caso del aceite de girasol. Según se desprende del informe, un tercio de los cultivos y tierras agrícolas no podrán cosecharse o cultivarse en Ucrania este año, lo que supone la desaparición de 26,4 millones de toneladas de trigo, maíz y cebada. En términos de exportación, lo anterior implicaría una caída de entre 19 millones y 34 millones de toneladas, cifra que rondaría entre diez millones y 43 millones de toneladas en 2023. Esto afectará la ingesta calórica de entre 60 millones y 150 millones de personas.

Por otro lado, tiene que ver con las restricciones y las prohibiciones sobre las exportaciones de alimentos que han promovido varios países para evitar comprometer el abastecimiento interno ante este contexto. De hecho, el último país en implementar estas medidas fue India, que es el segundo productor de trigo y enfrenta problemas asociados al efecto de las altas temperaturas sobre las cosechas.