El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) es uno de los subsistemas incluidos en la convergencia hacia el sistema previsional común que prevé el proyecto de reforma de la seguridad social impulsado por el gobierno, hoy a estudio de una comisión especial en la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción en el Senado.

Entre los cambios previstos para este servicio están las edades de retiro, que aumentan cinco años, a excepción de los rangos de coronel y capitán de navío, sargento 2°, suboficial 2° clase y cabo primero y cabo segundo, que aumentan dos años. Así, se prevé mantener el retiro obligatorio para todos aquellos que cumplan con la edad estipulada, además de contar con 25 años de servicio para algunos y 22 para otros, con el régimen de “6x5”, es decir, que por cada cinco años trabajados se computen seis.

En su diagnóstico del subsistema conocido como caja militar, cuando aún se estaba elaborando el anteproyecto, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) explicaba que el régimen de previsión social militar, establecido en la reforma hecha en 2018 a través de la ley 19.695, “mantiene la posibilidad de que sus afiliados accedan a un retiro permanente a una edad relativamente temprana”, y que la existencia de personal “que no realiza tareas propiamente militares”, es decir, civiles que trabajan en las FFAA, “supone un tratamiento más favorable a un tipo de actividad cuando se realiza en el ámbito militar que cuando se realiza en otros ámbitos”.

Asimismo, “el acceso a un retiro permanente a edades tempranas” desincentiva “el trabajo en ciertas cohortes, y además habilita la reinserción de algunos trabajadores en el sector privado, al tiempo que reciben una jubilación”, analizó la CESS, y observó que “los máximos previstos y la forma de cálculo del sueldo básico jubilatorio suponen un tratamiento inequitativo desde el punto de vista intrageneracional”.

La caja militar tiene la tasa de reemplazo más alta de todo el sistema previsional: la relación entre lo que se gana en los años activos versus la jubilación a la que se accede es en promedio de 137%, mientras que en el resto de los sistemas, para comparar, está en el entorno de poco más de 50%. Así, actualmente, los retirados militares cobran más del doble de lo que percibían como activos, y en el proyecto de reforma, al pasar a calcular la jubilación en relación a 45% del salario percibido en los 25 mejores años de actividad –hasta ahora, es de los últimos cinco años–, se busca disminuir las inequidades.

De todas formas, la pérdida que pueda tener el personal de las FFAA luego de que comience a regir la reforma se subsanará, en parte, con un “suplemento solidario”, que aplicará a todos los salarios menores a 42.000 pesos. Asimismo, la reforma baja los topes jubilatorios: mientras que actualmente el máximo es de 139.553 pesos, de aprobarse el proyecto como está se reduciría a 120.758 pesos.

La tasa de reemplazo actual, sumada a la diferencia sustancial que hay entre activos y pasivos –que aumentó desde el retorno de la democracia en 1985, según el diagnóstico de la CESS–, dan como resultado que sea el sistema más deficitario dentro de la seguridad social, por lo que los gobiernos han tenido que hacer refuerzos complementarios de forma anual para financiar la caja militar. La última asistencia, para el ejercicio 2022, fue de 452 millones de dólares.

Críticas a la transición

El estado de situación actual del SRPFFAA y la definición de que el período de transición sea el mismo para todos los sistemas, es decir, con una convergencia completa en 2042, es algo que se ha criticado desde el Frente Amplio (FA), por entender que los militares mantendrán los beneficios que tienen para el retiro durante al menos 20 años.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir sostuvo durante una entrevista con la diaria que “se le dio un período de transición sumamente largo a la caja militar o a los funcionarios de las FFAA”, que los diferencian de “otras cajas” u “otros sectores de actividad”. “Tendríamos que tener por lo menos un criterio único o un criterio válido para establecer los períodos de transición entre las diferentes cajas”, planteó. De todas formas, Valdomir llamó a “transparentar la discusión de que la responsable del déficit de la caja militar no es la jubilación de un soldado ni de un suboficial, sino de los grados altos”.

Por su parte, el economista Braulio Zelko cuestionó que no se previó “una transición más acelerada, en tanto se trata del sistema con el mayor desequilibrio financiero”, para llegar así “al mismo punto” de forma más equilibrada, o al menos que tenga “una trayectoria de gastos financiable” durante el período de transición.

Según Zelko, el SRPFFAA no se puede pensar “en términos análogos a una caja”, y acelerar el período de transición apuntaría a fomentar “la equidad en el sistema, en tanto se están endureciendo las condiciones al resto de la población, y para que exista un pacto social armonioso y razonable todos deberían obtener condiciones jubilatorias razonablemente similares”.

En diálogo con la diaria, el senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano no compartió que “se hable de privilegios en los militares”, sino que entiende que “lo que hay que hacer es justamente que los salarios de los militares que están en actividad se acompasen a los otros salarios de la administración pública”.

Para Lozano, “de esa forma se podrá hacer un estudio de las tasas de reemplazo de forma que sean justas”, y consideró la idea de adelantar la transición “algo totalmente discriminatorio”. “El FA propuso para la caja militar en particular empezar el nuevo sistema a partir de mañana. La pregunta es: ¿por qué la caja militar y por qué no todas las demás?”, inquirió.

Los planteos del Ministerio de Defensa

El 14 de febrero, las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) asistieron a la comisión especial de Diputados, y en las poco más de dos horas que duró la comparecencia el ministro, Javier García, y el director del SRPFFAA, el general Julio Ifrán, detallaron las propuestas que se hicieron desde el MDN al proyecto antes de que ingresara al Parlamento.

García señaló al inicio que la reforma de la seguridad social militar, aunque ahora inscripta en una reforma más grande, ha sido “construida a lo largo de los años por los legisladores de todos los partidos políticos”, por lo que “la actual legalidad del sistema de la seguridad social militar no es una creación militar, sino una creación política”, y por lo tanto “todas las opiniones acerca de lo mejorable o de lo no mejorable, de lo que está bien y de lo que, aparentemente, no lo está, son una autocrítica o deberían ser una señalización de los legisladores –me incluyo– que tuvimos soberanía sobre las leyes y las votamos”.

Según el jerarca, los gobiernos “de todos los partidos” construyeron a través de “diferentes leyes” un “sistema de seguridad militar” basado en un mantra: “Les pagamos poco en actividad y el estímulo es el retiro”. “Esta es la única caja en la que se consolidó este razonamiento a partir de haberlo reiterado y consolidado; lo normal son salarios adecuados [...] y un sistema de seguridad social general”, sentenció, no sin recordar que el déficit en la relación activo-pasivo parte de una decisión tomada como política nacional de reducir la cantidad de ingresos a las FFAA a partir de 1985. “La relación activo-pasivo en 1988 era de 1,17 activo por pasivo, y hoy es de 2 pasivos por activo”, señaló García, además de marcar que entre la salida de la dictadura y el presente la cantidad de activos en las FFAA se redujo en 15.000.

Por su parte, Ifrán manifestó preocupaciones por cómo se llevará a cabo la transición, aunque no por los mismos motivos que señaló el FA. Según el general, “para el personal militar” la transición prevista en esta reforma “no aplica: o están en la ley anterior [la de 2018] o van de lleno al Sistema Previsional Común”, por lo que la propuesta de las FFAA es “que se respete un régimen de transición establecido en la ley de 2018”, aplicable a “aquel personal superior que al 31 de marzo de 2019 tuviera entre 10 y 15 años de servicio”; esto se perdería, según Ifrán, porque “se modifica nuevamente la situación de adquisición de derechos de retiro”.

“De no aceptarse este cambio, lo que va a pasar en la carrera militar será que el último militar que se retire por la ley anterior lo hará en el transcurso de 2041 y el primero que se retire por el sistema nuevo lo hará a partir de 2049: habrá ocho años sin retiros militares”. Ifrán repasó algunas de las sugerencias que hicieron cuando la reforma aún estaba en la etapa de anteproyecto, referidas a no aumentar tanto algunas edades de retiro. Asimismo, se hicieron pedidos vinculados a amparar “a la familia del militar”, como una pensión vitalicia para las parejas de funcionarios –tanto militares como civiles– fallecidos “en acto de servicio” o que aquellas personas que queden incapacitadas cumpliendo tareas dentro de las FFAA puedan acceder a un retiro correspondiente a un grado más del que ostentaban.

Los demás puntos pasaban por mantener, por un lado, las pensiones por viudez –algo que finalmente se modificó para todo el sistema previsional–, ya que según Ifrán, 50% de quienes hoy perciben la pensión la perderían, y por otro, el “sueldo anual complementario”, una especie de “aguinaldo” que cobran las jubilaciones militares y que no tiene el resto del sistema. En un principio estaba estipulado que esto se eliminaría, pero luego de las puntualizaciones de la cúpula militar la propuesta fue retirada del proyecto y el sueldo anual complementario seguirá existiendo.

Según Zelko, “el anteproyecto, si lo comparamos con la reforma de 2018, iba en el sentido de profundizarla”, pero luego, “en el período que hubo negociación interna del gobierno entre el anteproyecto y el proyecto, hubo algunos cambios que fueron en sentido contrario, o sea, en el sentido de mantener ciertas excepcionalidades que no necesariamente tienen un correlato con las especificidades que tiene que atender la seguridad social”.

Para el diputado Valdomir, aceptar estos cambios tiene un origen político, puesto que, a su entender, “lo que hay es una puja entre una parte del Partido Nacional y CA por quién tiene mayor ascendencia sobre la política militar y de defensa” para ver “quién es más comprensivo y quién tiene un mayor grado de interlocución con esa 'familia militar'”.

“Desconocer que existe esa interna es negar que mañana de mañana va a salir el sol. Creo que existe, todo el mundo la asume y nosotros la analizamos también desde esa perspectiva. El proyecto entró con una determinada direccionalidad y por la acción de un sector de la coalición se trató de rebajar ese impacto”, sentenció.