Daniel Olesker: “La situación fiscal está controlada” y el próximo gobierno deberá combatir la “crisis social”

El nuevo gobierno no encontrará “una economía en crisis”, pero sí enfrentará una grave situación social, por lo que deberá aplicar “un nuevo enfoque en materia de producción y desarrollo” para revertir “la meseta del empleo” y combatir la desigualdad, dijo a la diaria el economista Daniel Olesker. La realidad desde el punto de vista social es “crítica”, porque además del 10% de la población que se encuentra en la pobreza, hay un 40% que está en una condición de vulnerabilidad, aseguró.

Al tener una situación “controlada” en materia fiscal, el próximo gobierno podrá tener un manejo “importante de recursos para resolver los problemas que tiene el país”, los que deberán volcarse hacia los sectores pobres y vulnerables poniendo especial atención a tres prioridades: “trabajo, vivienda y educación”.

¿Cuál es su evaluación sobre la actual situación económica en Uruguay’ ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país?

Los resultados de la economía política son diferentes según el lugar en que cada uno se posicione. Hay una economía que ha crecido y que va a terminar el quinquenio con un aumento de 6% o 6,5%. Si quitamos el año de la pandemia, en los cuatro años restantes el crecimiento va a andar en torno al 12% o al 13%. Por lo tanto, es una economía que ha generado un importante volumen de riqueza adicional con respecto a la que había en 2019, y ese aumento ha beneficiado al sector empresarial más concentrado, que se benefició de ese 6% de crecimiento económico o, si lo queremos decir mejor, de ese 12% que fue señalado. Podemos estar hablando de entre un 10% y un 20% de la población que ha tenido esos efectos positivos; una minoría, claramente.

Por otro lado, existe un sector de trabajadores que ha tenido una caída salarial durante tres años. Mientras que la economía creció 10,5% entre 2021 y 2022, los salarios siguieron bajando luego de la caída de la pandemia. Las jubilaciones, por lo tanto, siguieron bajando. Los salarios más sumergidos cayeron más que los medios porque, por ejemplo, no tuvieron el efecto beneficioso del cambio en el IRPF-IASS, dado que los salarios más bajos no pagan impuestos a las retribuciones de las personas físicas ni las jubilaciones más bajas pagan IASS. Tuvieron más retraso en las recuperaciones y, por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos de la clase trabajadora, tuvieron escasos beneficios.

El gobierno insiste en afirmar que está cumpliendo con su promesa de recuperación salarial. ¿Cuánto ha influido eso realmente en una mejora para los trabajadores?

La recuperación que se está dando en este momento forma lo que yo he llamado siempre una U. En el medio de la U, la clase trabajadora transfirió 2.100 millones de dólares al sector empresarial; cada trabajador individual, en promedio, transfirió dos meses de sus cuatro años de salarios, y eso tuvo un efecto muy importante en la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, urbanas, rurales, comerciales, industriales y agropecuarias que trabajan para el mercado interno, porque los primeros años estuvo muy abajo.

Entonces, lo que tenemos es una economía absolutamente desigual, en la que la población mayoritariamente perdió ingresos, pero que ahora los recupera sobre el final del período, aunque nadie le devuelve lo que perdió en el medio ni los enormes sacrificios que tuvo que hacer para vivir.

El gobierno insiste en mostrar la foto del último año, de lo que está pasando ahora, pero la película es más grande. Fue un contexto de reducción del gasto público, particularmente del gasto social, que también hizo una U. Ahora se le está devolviendo, entre comillas, a la educación, a la salud, recursos que se le quitaron, básicamente con objetivos electorales. Por lo tanto, lo que hay es un aumento de la desigualdad.

Crece la economía con más desigualdad y esto provoca que haya un segmento de la población que está muy vulnerable a la situación económica, y no hablo del 10% de personas en situación de pobreza, me refiero a los sectores que, por razones de su trabajo, de la incertidumbre, de las condiciones de su vivienda, de la formación y educación para acceder a un empleo más calificado, son vulnerables a caer en una situación de pobreza. La estimación de algunos investigadores que han trabajado mucho sobre esto es que podemos hablar de una situación crítica o vulnerable, a la que habrá que atender en el futuro, de entre un 40% y un 45% de la población. Y ahí, en ese 40%, hay muchos trabajadores asalariados; los 25.000 pesistas, los cajeros de supermercado, los trabajadores rurales, de servicio doméstico, los trabajadores no calificados de algunas áreas de actividad, los auxiliares de enfermería, etcétera.

Ese es mi balance: aumentó la desigualdad y ahora se está devolviendo recursos a los sectores que los perdieron, pero hubo una decisión muy concentrada, un aumento del excedente de explotación o la tasa de ganancia muy importante en este período.

¿Cuáles serían las perspectivas para el próximo gobierno?

No vamos a tener al final de esta administración una situación que, desde el punto de vista del déficit fiscal y el endeudamiento público, sea crítica. El país va a llegar con 70.000 millones de dólares de PIB, una situación fiscal con déficit pero controlada, un nivel de endeudamiento con un perfil de la deuda que, en términos de los intereses que se pagan, de los vencimientos que se tienen y de la moneda en la que está, permite un manejo prudencial pero importante de recursos para resolver los problemas que tiene el país.

Esta es una discusión que está planteada sobre qué va a encontrar quien gane en 2025. Y yo creo que vamos a encontrar una situación financiera y fiscal que va a permitir mover la aguja de manera importante para enfrentar los principales problemas que tenemos. Si tomamos en consideración que estamos hablando como objetivo inmediato de ese 40% o 40 y pico por ciento de la población, es decir, quienes están bajo la línea de pobreza y quienes están por encima pero enfrentan problemas multidimensionales en vivienda, educación y trabajo –es decir, personas que mantienen niveles de vulnerabilidad que requieren actuar con cierta rapidez–, hay tres prioridades centrales y dos condiciones para actuar sobre estas poblaciones.

La primera prioridad es el trabajo. Tenemos un problema en el mercado de trabajo, que tuvo un enorme boom entre 2005 y 2014, pero hace diez años que está en una meseta. Más allá de que hayan aumentado los empleos en este período, han estado muy vinculados a condiciones de inestabilidad. Estamos en una meseta. Tenemos que dar un gran salto en el empleo. Y para ello, a mi juicio, hay dos aspectos centrales.

Recordemos que 85% es empleo privado y 15% es empleo público. Entonces, el principal dinamismo del empleo está en mover la aguja del sector privado. Es decir, lograr que el sector privado, en lugar de tomar decisiones que sustituyan trabajo, que crezcan sus empresas pero no incorporen personas, lo hagan. Y segundo, es necesario que incorporen población en peores condiciones para acceder al mercado de trabajo, que tengan mejores estímulos para incorporar mujeres y no varones, jóvenes y no adultos, personas menos calificadas, con menos instrucción y no con más educación, o personas en territorios y zonas del país como el noreste o las periferias de Montevideo y Canelones, que presentan mayores niveles de desempleo o precariedad.

La clave es establecer un sistema de subsidios fuerte al empleo, lo que se llaman políticas activas. Subsidios fuertes que hagan que las empresas, el primer año, reciban una contraparte del salario pagado, en términos de subsidio. Más importante es eso cuando la persona a la que contratan es mujer, joven, afro o está menos calificada. Este subsidio tiene que ir bajando en la medida en que vayan captando poblaciones más empleables.

No alcanza, como hicimos en el pasado, con exonerar los aportes patronales. Nadie cambia una decisión de contratar mano de obra por un 7,5% del costo salarial. [Los subsidios] Tienen que ser 30%, 40% del salario e ir bajando con el tiempo, de manera que la empresa vaya consolidando esa mano de obra y el Estado vaya reduciendo el subsidio para poder incorporar nuevos apoyos en otras empresas, para otras trabajadoras y trabajadores.

La otra medida es lo que se conoce con el nombre de empleo garantizado por el Estado. Es decir, una experiencia en la que el Estado defina puestos de trabajo para tareas importantes para la acción pública, que no son ni los jornales solidarios actuales ni el Uruguay Trabaja de nuestros gobiernos. Tiene que ser superior en capacidad, capacitación e ingresos.

Creo que con esas dos medidas, que implican costos fiscales importantes, subsidios al sector privado o gasto público directo, hay que actuar sobre el trabajo; obviamente, esto se debe hacer apoyando con el Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] los procesos de capacitación para esas personas.

¿Cuál es la segunda prioridad?

Es la vivienda. Uruguay tiene un enorme déficit de vivienda. Claramente, en los gobiernos del Frente Amplio la salud fue el sector social que lideró las transformaciones. La educación estuvo en un segundo plano y quizá la vivienda quedó rezagada. Entonces, hay que actuar sobre eso. Creo que hay que, por lo menos, duplicar el presupuesto de vivienda, como lo dice el programa del Frente Amplio, actuando en dos frentes.

Por un lado, en los sectores medios que necesitan acceder a una vivienda porque son jóvenes y quieren independizarse por distintas razones y no tienen capacidad económica para acceder a un crédito hipotecario, y tampoco sus ingresos son tan bajos como para incorporarse a un programa de emergencia que podría tener que ver con los asentamientos. Hay que actuar con crédito hipotecario, con la cuestión de que no paguen por la vivienda más del 25% de sus ingresos y que el resto sea subsidio estatal. Algunas leyes de vivienda que existen en Uruguay, como la ley de vivienda promovida, hay que reformularlas.

Luego, una segunda línea son los asentamientos. Ahí hay que fijarse una línea de trabajo con un objetivo realista, de recuperación de la precariedad de las viviendas. También se puede trabajar en temas de fondos financieros mediante el endeudamiento público.

Pero hay una tercera línea de acción a estas dos, que son de compra, y es la del alquiler. Hay que pensar en líneas de alquiler diferentes. Uruguay tiene un mercado libre. Sin embargo, podría construir un mercado regulado para quienes quieran entrar a él. Alguien podría preguntar: “Si hay un mercado libre que es para todos, ¿por qué algunos van a querer entrar a un mercado regulado?”. El programa dice que quienes ingresen a ese mercado regulado van a tener apoyos del Estado, no pagarán el IRPF del alquiler o recibirán créditos para refaccionar. Muchos quizás no puedan poner su vivienda para alquilar por las condiciones en las que están. Entonces, recibirían el apoyo del Estado, por lo que toma el derecho de fijar el precio del alquiler también para que no supere el 25% de los ingresos.

¿Cuál sería la tercera prioridad?

La tercera línea central tiene que ver con el sistema educativo, porque buena parte de estos problemas, no sólo del 10% más pobre, sino seguramente también de ese 40% referido a la población vulnerable, tiene que ver con los niveles educativos a los que han alcanzado los adultos de sus hogares o cierto rezago que van teniendo los adolescentes que van desertando del sistema educativo. Así que ahí hay que recuperar programas de inclusión educativa a los que este gobierno dio de baja. Hay que trabajar fuertemente en la inclusión de segmentos más vulnerables. Por lo tanto, hay que llevar el presupuesto de la educación al 6% del PIB.

Por último, vuelvo sobre las dos condicionantes que mencioné antes. ¿Cuáles son? La primera es que tiene que haber un fuerte sistema de cuidados. Porque si yo logro subsidios para que una mujer que es jefa de un hogar monoparental con dos hijos chicos obtenga un empleo de calidad, con buenos niveles salariales, no va a tener con quién dejar a los niños. Entonces, hay que incorporar el sistema de cuidados. Hay que incorporarlo fuertemente sobre todo porque es generador de empleo.

Puede ser una lógica de empleo territorial en un barrio que haya personas que en principio no están dispuestas a salir al mercado de trabajo hacia afuera del territorio, pero puedan cuidar niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y eso puede generar un efecto empleo, además de que a muchas mujeres jefas de hogar les puede permitir ser parte de este proyecto de subsidios. Si los tres pilares son educación, trabajo y vivienda, los cuidados son el travesaño, que permite que las prioridades no se caigan.

La otra condición tiene que ver con la estructura productiva, porque hasta ahora hablamos más que nada de políticas laborales. ¿Por qué se ha estancado el empleo hace diez años? Porque nuestra matriz productiva, primaria y exportadora, agotó su capacidad de desarrollar empleo. No hay chance de dar un golpe de timón, y por eso desde 2015 el empleo está estancado. Hay que cambiar la matriz productiva. Esto quiere decir producir bienes con mayor valor agregado, salir de nuestra matriz primaria y exportadora, que es histórica y que en los últimos años tampoco ha cambiado. Eso significa producir bienes con recursos naturales, como la carne, la madera, pero con más valor agregado nacional.

Hay un tema que usted mencionó al inicio, que tiene que ver con el déficit fiscal. Algunos economistas sostienen que el país no tiene mucho margen de maniobra. Sin embargo, usted sostiene que hay que impulsar una batería de medidas desde el Estado. ¿Cree que la situación fiscal lo permite?

Sí. La situación fiscal del país permite impulsar estas políticas. La situación fiscal es un mix entre gastos e ingresos. Cuando el Frente Amplio asumió en 2005, con una caja medio vacía, y desarrolló la reforma del sistema de salud –que costó mucho dinero–, el plan de emergencia y aumentó al 4,5% el presupuesto educativo, que estaba en 2,9%, ¿cómo lo hizo? Porque tuvo la capacidad de hacer que la economía creciera, que generara nuevos recursos, y así mayor recaudación, al tiempo que redujo mucho la evasión.

Una política de expansión de gastos tiene que ir acompañada de una política de mejora de la actividad. El propio empleo, al generar aportes a la seguridad social, también produce recursos para el Estado. O sea, el tema fiscal es subsidiario a las proyecciones de crecimiento y de política pública. Estas cuestiones que yo he planteado garantizan el crecimiento.

No hay una economía en crisis, pero sí lo está desde el punto de vista social por la desigualdad. Al no ser una economía en crisis, permite desarrollar una serie de políticas. Todo esto es viable si tenemos un nuevo enfoque en materia de producción y desarrollo. Ese nuevo enfoque lograría revertir la meseta del empleo.