Política fiscal e inteligencia artificial

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías asentadas en la inteligencia artificial generativa tienen la capacidad de apuntalar significativamente la productividad, también es cierto que pueden acentuar todavía más las desigualdades. Desde esta perspectiva, la política fiscal está llamada a jugar un rol fundamental para evitarlo, en el que promueva una distribución más igualitaria de los beneficios potenciales y de las oportunidades derivadas de esta profunda transformación tecnológica, que se diferencia de las anteriores por su escala y velocidad.

En el marco de esta discusión han surgido distintas propuestas de política en los últimos años, como la de crear un impuesto a los robots para desincentivar, al menos parcialmente, la sustitución de trabajadores. Sin embargo, según argumenta un nuevo estudio técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI),¹ un impuesto a la inteligencia artificial no sería aconsejable a tales efectos, en tanto podría operar negativamente sobre la inversión y la innovación, restringiendo por esa vía los avances en materia de productividad –que son claves para quebrar con la inercia del bajo crecimiento que caracteriza a la región y a otras economías emergentes–.

Tampoco sería aconsejable aumentar las exoneraciones fiscales destinadas a incrementar la inversión en software y hardware por parte de las empresas, dado que también conllevarían un incentivo hacia una mayor automatización de procesos y agudizarían los desafíos en materia laboral y distributiva. Entonces, partiendo de esta problemática, intrínsecamente ligada a las disrupciones que genera la innovación, el organismo propone reforzar los impuestos sobre la renta del capital para “proteger la base tributaria ante un mayor deterioro de la participación de la fuerza laboral en el ingreso, y para compensar la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza”.

En ausencia de este tipo de acciones o reformas, los ingresos públicos no serán suficientes para impulsar el mayor gasto en educación, recapacitación y protección social que demanda el vertiginoso avance de esta cuarta revolución industrial, que además confluye con las consecuencias de otros fenómenos que han deteriorado las condiciones de vida para muchos en estos últimos cuatro años.

Según advierte la investigación, “la carga impositiva sobre la renta del capital ha ido descendiendo gradualmente”, al mismo tiempo que la presión tributaria sobre la renta del trabajo se ha ido incrementando. Revertir esta tendencia requeriría, justamente, alterar el peso de los impuestos entre ambos factores de producción. En otras palabras, lo que sugiere el FMI es aumentar la imposición al capital.

En ese sentido, el impuesto mínimo mundial que establece la tasa mínima efectiva en 15% para las multinacionales –y que fue acordado por más de 140 países– constituye un “cambio en la dirección correcta”, que debería ser complementado por medidas fiscales adicionales de igual signo. Entre las alternativas sugeridas por el organismo se menciona, además del aumento de los impuestos al capital, un impuesto suplementario para el exceso de beneficios y un reforzamiento de la vigilancia en el cumplimiento para evitar la elusión.

Además de reorientar los beneficios de esta disrupción tecnológica para que derramen sobre la mayoría –algo que naturalmente no sucedería en ausencia de cambios–, este tipo de medidas constituirían el reconocimiento de un hecho fundamental que las empresas del sector tienden a olvidar al momento de capturar el crédito y los beneficios derivados. Y es que, como recuerda el propio FMI, “los últimos avances de la IA representan los frutos de años de inversión en investigación básica, incluida la realizada a través de programas financiados con fondos públicos”.

En efecto, “la prioridad debería ser garantizar que las aplicaciones de la tecnología, en términos generales, beneficien a la sociedad, de modo que se aproveche la IA para mejorar los resultados en sectores como la educación, la salud y los servicios públicos”.