Gobierno apuesta a que Uruguay sea un referente regional en la lucha contra el lavado de activos

El gobierno de Yamandú Orsi busca revertir el deterioro que sufrió el sistema de prevención contra el lavado de activos durante los últimos cinco años y reposicionar a Uruguay en un tema que impacta no sólo en la seguridad, sino también en la economía del país.

Así lo expresó a la diaria la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, quien aseguró que la actual administración doblará la apuesta y procurará convertir a Uruguay en un ejemplo regional en la materia.

“Si tuviéramos que fijar un objetivo, pensando en el final de la gestión, sería que Uruguay fuera un referente en el tema en toda la región”, expresó la jerarca, y remarcó que, si bien el país está bastante bien valorado, “no necesariamente está en una buena situación” si se analiza el deterioro de los últimos años. “Por eso me gustaría que, al final del período, podamos decir que Uruguay se ha movido de la posición en la que estaba y, además, se ha convertido en un auténtico referente en la región”, afirmó.

Libonatti explicó que para lograrlo la nueva administración apuesta por recomponer el sistema de prevención tras un período de “estancamiento”, con reformas legales, mayor coordinación institucional y una sólida estrategia nacional. Dijo que los fondos provenientes de actividades ilícitas tienen un “fuerte impacto” en la economía, especialmente en términos de competencia y en la órbita de la política monetaria.

“En mi opinión, uno de los efectos más preocupantes es la pérdida de control sobre los instrumentos de política económica. Cuando ingresan fondos de origen ilícito se altera el funcionamiento del mercado [...] Si aparece un actor dispuesto a sacrificar parte de sus ingresos porque no depende exclusivamente de ellos –como ocurre en actividades que lavan dinero–, se genera una competencia desleal que afecta a todos los sectores”, argumentó. La titular de la Senaclaft no dudó en señalar que, durante el último período de gobierno, hubo un “estancamiento” en la prevención del lavado.

“Además del mal funcionamiento del sistema en su conjunto, creo que hubo una falta de señales claras. Es un fenómeno multifactorial: no sólo fueron las modificaciones legales, sino también lo que no se hizo; la falta de coordinación, de investigaciones efectivas, de recursos, etcétera. Todo eso también influye en el desempeño del sistema. Para que un sistema funcione no basta con tener reglas: hay que contar con las capacidades institucionales para hacerlas cumplir de manera efectiva”.

“Cuando se implementan medidas y luego se flexibilizan, el mensaje que se transmite a todos los actores, incluidos los sujetos obligados a reportar operaciones, es que el riesgo ya no es tan alto. Y eso es muy problemático. No se trata sólo de normas escritas, sino de los mensajes que se emiten, explícita o implícitamente, por medio de los cambios normativos o de la falta de acción”, sostuvo. Según explicó, existe una propuesta técnica para reducir los montos de efectivo, aunque la definición dependerá del Poder Ejecutivo y, luego, del Parlamento.

Usted ha dicho que no tenemos un sistema efectivo antilavado. ¿Qué riesgos implica esto para la economía de Uruguay?

Es sabido que los fondos provenientes de actividades ilícitas tienen un fuerte impacto en la economía. Justamente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional publicaron recientemente un documento que analiza estos efectos negativos, especialmente en términos de competencia. Señalan, por ejemplo, cómo la inyección de fondos ilícitos puede generar fluctuaciones en la economía y afectar la política monetaria. Pero también advierten que hay impactos más sutiles, difíciles de cuantificar, que no siempre son visibles a simple vista.

En mi opinión, uno de los efectos más preocupantes es la pérdida de control sobre los instrumentos de política económica. Cuando ingresan fondos de origen ilícito, se altera el funcionamiento del mercado. En economías de mercado como la nuestra, la competencia, la oferta y la demanda son fundamentales. Pero si aparece un actor dispuesto a sacrificar parte de sus ingresos porque no depende exclusivamente de ellos –como ocurre en actividades que lavan dinero–, se genera una competencia desleal que afecta a todos los sectores.

Recuerdo un caso concreto: una heladería en un departamento del interior del país que ofrecía precios significativamente más bajos que el resto. Me llamó la atención, y cuando lo comenté con vecinos, alguien me dijo: “Se dice que está vinculada al narcotráfico”. Esa heladería siempre estaba llena, mientras que otra, tradicional, estaba vacía. Eso es un impacto real, visible, directo sobre la economía local.

¿Qué otro efecto tiene, además del económico?

Además del efecto económico, me interesa subrayar el impacto social, el que viven los ciudadanos todos los días, que es sobre la seguridad. Las personas que son víctimas del narcotráfico, del crimen organizado o de ciberdelitos muchas veces no lo asocian directamente con el lavado de activos, pero lo cierto es que esos delitos se sostienen y se multiplican gracias a esos fondos. Por eso es fundamental cortar el flujo financiero que alimenta esas estructuras.

Y hay otro nivel de impacto, que es el internacional. No se trata de jerarquizar uno por encima del otro, sino de entender que son efectos diferentes pero igualmente graves. El modo en que nos ven desde afuera, la reputación del país, su inclusión en listas grises o negras, la facilidad con la que fluyen capitales hacia o desde Uruguay también dependen de cómo enfrentamos el lavado de activos. La valoración que hacen los organismos internacionales repercute directamente en nuestra economía.

¿Hay estimaciones en Uruguay del impacto que tiene el lavado de activos?

Siempre hay una estimación mundial de cuánto es lo que se lava, pero creo que, por el hecho de estar oculto, existen dificultades para determinar el impacto porque justamente se trata de mezclar los fondos ilícitos con los lícitos.

Hay diferentes evaluaciones. Todavía puede haber actores que piensen que no es tan malo el lavado para la economía. Estos organismos internacionales están tratando de entrar en tema no sólo por los impactos de delitos puntuales, como el narcotráfico, en la seguridad, sino también para crear conciencia en los países menos desarrollados de las consecuencias que tienen.

¿Qué evaluación hace de la gestión anterior?

En los últimos cinco años, sin duda, hubo un estancamiento en la prevención del lavado. Seguramente no lo podemos atribuir exclusivamente a un actor, pero había ciertos alineamientos, no sé si explícitos, pero por lo menos por la vía de los hechos, que hacían que el sistema no funcionara.

La comisión antilavado no era siempre citada, no se convocaba, temas que hoy estamos tratando de corregir para hacer que el sistema funcione. Yo creo que hubo un estancamiento, porque sólo si miramos los números hasta antes del covid, eran otros. Tampoco eran satisfactorios, pero después esas cifras empeoraron.

¿Qué política impulsada por el anterior gobierno cree que ha incidido en la efectividad de la lucha contra el lavado?

No son las medidas que haya tomado, sino las que no se adoptaron. Si no hay un sistema que esté funcionando integralmente, hay un problema. Si nos ponemos a ver medidas puntuales, nos perdemos.

Sé que se habla mucho, por ejemplo, del incremento del monto de operaciones en efectivo, el permitir que los sujetos del sector no financiero hagan debida diligencia simplificada o no pidan origen de fondos. Eso para mí impactó, pero más que hacerlo en los números de forma directa, generó consecuencias en la percepción del riesgo.

Cuando se implementan medidas y luego se flexibilizan, el mensaje que se transmite a todos los actores, incluidos los sujetos obligados a reportar operaciones, es que el riesgo ya no es tan alto, y eso es muy problemático. No se trata sólo de normas escritas, sino de los mensajes que se emiten, explícita o implícitamente, mediante los cambios normativos o la falta de acción.

Además del mal funcionamiento del sistema en su conjunto, creo que hubo una falta de señales claras. Es un fenómeno multifactorial: no sólo fueron las modificaciones legales, sino también lo que no se hizo; la falta de coordinación, de investigaciones efectivas, de recursos, etcétera, todo eso también influye en el desempeño del sistema. Porque, para que un sistema funcione, no basta con tener reglas: hay que contar con las capacidades institucionales para hacerlas cumplir de manera efectiva.

¿Qué medidas están pensando implementar?

El Ejecutivo aprobó la creación del Silcon [Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico], que muestra para dónde quiere apuntar el gobierno, y ahí el tema de la prevención del lavado tiene mucho que ver. El objetivo es sacar los fondos para que no sigan generando más delitos. El accionar del Silcon debería impactar directamente en la seguridad. Nuestra estrategia es no duplicar esfuerzos, trabajar en conjunto, evaluar por dónde están pasando los riesgos y las situaciones, e implementar medidas para mitigarlo.

¿Piensan reducir el uso de efectivo? ¿Qué rol va a tener la Ley de Inclusión Financiera?

Hay algunas cuestiones que se está planteando modificar. En mi valoración, el tema del efectivo sí impactó, porque fue muy grande el salto en el manejo de cuánto dinero en efectivo se podía manejar en las transacciones.

¿Tengo números que lo demuestren? No hay, pero es importante entender que esto se trata de gestión de riesgo. Evaluar el riesgo implica anticipar qué puede suceder en el futuro, estimar el impacto que puede tener una medida, o su eliminación, sobre la probabilidad de que un evento ocurra. En ese sentido, considero que el manejo del efectivo es una medida que debe corregirse.

¿Tienen pensado un proyecto de modificación para este tema?

Hay una propuesta técnica en ese sentido, aunque la decisión final está en manos del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la propuesta de modificación sobre su mesa. Luego, por supuesto, será el Parlamento el que defina cuál será el monto definitivo. Desde lo técnico, creemos que ese límite debe reducirse sustancialmente, sin necesariamente volver al mínimo que existía antes, pero sí achicarlo de forma significativa.

Respecto de otras medidas, también se han planteado modificaciones a la ley vigente. Todas tienen un fundamento técnico, con el objetivo de corregir situaciones puntuales y actualizar el marco normativo. Es clave que en el Parlamento podamos fundamentar adecuadamente por qué estas reformas son necesarias: algunas apuntan a subsanar deficiencias detectadas en la aplicación de la ley; otras, a adaptar la legislación a las nuevas recomendaciones internacionales. Hay que tener en cuenta que esta ley ya tiene cerca de ocho años, y en este campo es necesario estar en constante actualización.

¿Qué otras modificaciones piensan plantear?

Entre las propuestas también hay mejoras orientadas a reforzar la coordinación institucional, aclarar funciones y atribuciones de los distintos organismos involucrados, y eliminar zonas grises que en la práctica han generado dificultades. Es decir, dejar bien definidos los roles del Estado y establecer con más detalle cómo deben implementarse esos mandatos.

Por último, sobre el tema muy mencionado de un posible cambio en la Fiscalía, particularmente en lo que refiere a la conducción de las investigaciones sobre lavado de activos, eso dependerá de si el Poder Ejecutivo decide o no presentar un proyecto en ese sentido. La definición de esa estructura, en última instancia, corresponde a la propia Fiscalía.

En los últimos años ha aumentado la actividad del sector inmobiliario y de la construcción, pero no ha habido tantos reportes de movimientos sospechosos. ¿Qué acciones o qué medidas se podrían implementar para fomentar las denuncias de estos actores?

Ya mantuvimos reuniones con los sujetos del sector no financiero, del sector inmobiliario, tanto con la Cámara de Construcción como con la Inmobiliaria. Fue interesante escucharlos, porque ellos explican cómo es un negocio. Creo que eso es un paso importante, entender, en tanto reguladores, fiscalizadores, cómo funciona el sistema. Eso nos permite valorar los riesgos y se debe considerar más de un punto, siendo uno de ellos el que realmente tengan una percepción del riesgo y que nosotros, como fiscalizadores, como Estado, entendamos efectivamente el negocio. Creo que eso puede acercar a las partes, pero sin duda tiene que haber una mejora en los controles.

Hemos tenido sanciones a inmobiliarias, también estamos trabajando en el sector de la construcción, terminando algunas fiscalizaciones que demuestran que en algunos casos los controles no están operando por parte de los sujetos obligados, lo que trae como consecuencia el no reporte de operaciones. Pero tenemos que trabajar mucho en llegar a ese entendimiento; nosotros debemos transmitir por dónde están pasando los riesgos, y ellos deben aclararnos algunas situaciones que podemos valorar erróneamente.

¿Qué lecciones deja el caso de Conexión Ganadera?

Es un caso difícil. Es complicado hablar al detalle de esta situación por dos razones. Primero, porque está trabajando un fiscal y porque la Senaclaft también tiene un rol en esas investigaciones como auxiliar de la Justicia. Sacar conclusiones antes de que finalice un caso que está en proceso en la Fiscalía no resultaría muy bueno, y menos que desde la Senaclaft salgamos a hablar del caso Conexión Ganadera.

Podemos afirmar, en términos generales, que cuando hablamos de los controles en materia de prevención del lavado de activos es fundamental que exista una percepción clara de que la responsabilidad es compartida. Todos incidimos, en mayor o menor medida, en el funcionamiento del sistema de prevención: desde quienes ocupamos roles en el Estado, pasando por el sector financiero y el no financiero, hasta llegar a todos aquellos alcanzados por la normativa. Todos tenemos un papel, excepto el público en general.

En este caso, evidentemente, algo falló. Habrá que determinar con precisión qué fue. Pero una de las lecciones que deja esta situación es que no siempre se puede cubrir todo con incluir sujetos obligados. A veces pasa por muchos que pueden estar viendo una situación, tomar alerta y dar algún aviso.

¿Cree que Uruguay puede ser un ejemplo regional en la lucha contra el lavado de activos?

Tengo la esperanza de que sí. Si me dijeras un objetivo, pensando en el final de una gestión, eso sería lo máximo: que Uruguay fuera un referente en el tema, ni que hablar. Creo que está bastante bien valorado. El problema es en qué lugar está el otro. Porque si uno tiene un buen lugar, pero el otro está en un muy muy mal lugar, no necesariamente uno está en una buena situación. Pero sí me gustaría, al final del período, poder decir que Uruguay se ha movido del lugar en el que estaba y que además es un referente en la región, sin duda.