El dato
En el informe fiscal presentado en febrero, previo al cambio de gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteaba que el incumplimiento de los tres pilares de la regla fiscal durante el año pasado “no altera la tendencia bajista del déficit” para los años siguientes, y proyectaba para 2025 un déficit fiscal del gobierno central y Banco de Previsión Social (GC-BPS) equivalente a 3% del PIB.
Sin embargo, en el proyecto de Rendición de Cuentas que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento, el nuevo equipo del MEF estima este déficit en 4,1% del PIB.
¿Cómo se explica esta diferencia en las proyecciones?
A principios de abril, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expresó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que el gobierno anterior había tomado medidas que habían redundado en la publicación de un mejor resultado fiscal en 2024, lo que tuvo como contrapartida un deterioro que se trasladó a 2025.
Por un lado, el déficit fiscal observado en 2024 no incluyó la postergación de un conjunto de gastos y obligaciones impagas ese año, por un total de 360 millones de dólares. A esto se sumó el adelanto de impuestos solicitado a las empresas públicas –una práctica poco frecuente–, por aproximadamente 74 millones de dólares. En conjunto, estos elementos implicaron un déficit fiscal observado 0,5% inferior al real en 2024, trasladando un deterioro estadístico de las cuentas públicas que impacta en 2025.
Además, el actual gobierno deberá asumir un conjunto de gastos adicionales entre los que se encuentran la compra del Ministerio de Defensa Nacional de dos buques patrulleros OPV, aviones Tucano y vehículos multipropósito, el aumento de los pagos asociados a contratos para el desarrollo de infraestructuras públicas (Cremaf) y de participación público-privada (PPP), pagos por disponibilidad por el Ferrocarril Central (vigentes desde agosto de 2024), la puesta en funcionamiento de centros CAIF inaugurados a fines de 2024 y la ampliación de refugios que comenzaron a brindar atención las 24 horas (también resuelto a fines de 2024).
A lo anterior se suma la asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyo monto aún resta que sea definido por el Parlamento.
De esta manera, el conjunto de gastos postergados y compromisos asumidos asciende a 970 millones de dólares, que deberán afrontarse este año.
¿Qué implica el mayor déficit proyectado?
El conjunto de gastos postergados y otros compromisos asumidos generan un cambio en las proyecciones de déficit fiscal, que, según lo presentado ayer en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ascendería a 4,1% del PIB para fines de 2025.
Por este motivo, el MEF presentó al Parlamento una serie de artículos que contemplan la necesidad de hacer frente a estos gastos relevantes (como el asociado al diferendo planteado por el Ferrocarril Central o la asignación de créditos presupuestales a la Administración de los Servicios de Salud del Estado) y solicitó elevar el tope de endeudamiento para este año a 3.450 millones de dólares.
Fernando Isabella y Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.