Es difícil estar en contra de que los libros sean más baratos. Es contraintuitivo. Sin embargo, la economía está llena de decisiones que desafían el sentido común. Muchas políticas públicas producen efectos que no pueden evaluarse únicamente por sus consecuencias inmediatas, sino por la forma en que modifican los incentivos y el funcionamiento de un mercado en el largo plazo. La discusión sobre la ley de precio único del libro pertenece justamente a esa clase de problemas.
La pregunta no es solamente cuánto puede ahorrar hoy un lector al comprar un best seller. También es qué ocurre, con el paso del tiempo, con las librerías, las editoriales, las oportunidades de los autores para publicar y, en definitiva, con la diversidad de libros a la que podrán acceder los propios lectores. Esa es la pregunta que distintos países han debido responder al discutir cómo organizar su mercado editorial.
El argumento contrario a la propuesta parece sencillo: una ley de precio único impide vender más barato y, por lo tanto, perjudica al consumidor. Sin embargo, antes de aceptar esa conclusión, conviene preguntarse qué problema intenta resolver realmente la ley de precio único.
El debate público parece confundir dos cuestiones diferentes: la política sobre el sector editorial y la política de promoción de la lectura. La primera regula el funcionamiento del mercado editorial y las condiciones en que circulan los libros. La segunda busca que más personas lean. Son políticas relacionadas, pero no son equivalentes.
Esperar que una regulación comercial, o su inexistencia, aumente los niveles de lectura es pedirle que resuelva un problema cuyo origen está principalmente en otro lado.
La discusión suele comenzar afirmando que los libros son caros. Pero ¿qué significa exactamente que un libro sea caro? ¿Caro en comparación con qué? Pero, incluso aceptando que una parte de los libros resulte costosa, la pregunta decisiva sigue siendo otra: ¿es el precio el principal obstáculo para que las personas en Uruguay lean?
La evidencia sobre hábitos culturales muestra que la lectura está estrechamente asociada al nivel educativo, al entorno familiar y a la formación temprana de hábitos. Esto no convierte al precio en un factor irrelevante, Sin embargo, reconocer que el precio influye no equivale a considerarlo la explicación principal de los niveles de lectura.
Si queremos que más personas lean, las políticas centrales deberían estar en la educación, las bibliotecas, la mediación cultural y la formación de lectores desde la infancia. Una ley de precio único no sustituirá esas políticas ni debería ser evaluada como si ese fuera su objetivo.
No se trata de una política excepcional. Sistemas de precio fijo o regulado del libro existen desde hace décadas en países como Francia, España, Alemania, Portugal, Italia, Países Bajos, Japón o Corea del Sur. Las modalidades varían, pero comparten una misma premisa: que el libro posee un valor cultural que justifica reglas de competencia distintas de las de otros bienes de consumo. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha manifestado su intención de derogar la ley de precio único del libro bajo el argumento de que una mayor competencia reducirá los precios para los consumidores. El debate es prácticamente el mismo: si debe privilegiarse exclusivamente la competencia por precio o si existe un interés público en preservar un ecosistema editorial diverso.
Una librería no sobrevive gracias a la venta de pocos ejemplares de una editorial independiente. Sobrevive, en buena medida, gracias a los títulos de mayor rotación: los grandes lanzamientos, los libros de autores conocidos, aquellos que venden muchos ejemplares; se puede entender como un subsidio cruzado dentro del propio funcionamiento de la librería. Los títulos de alta rotación hacen posible mantener un catálogo extenso en el que conviven los éxitos comerciales con los clásicos, la poesía, el ensayo, los autores nuevos y las publicaciones de pequeñas editoriales.
¿Qué ocurre si la competencia se concentra exclusivamente en los libros más vendidos? Una gran superficie, una plataforma digital o una cadena con mayor respaldo financiero puede ofrecerlos con importantes descuentos. En efecto, puede quedarse con la parte más rentable del negocio y dejarle a la librería independiente los libros menos rentables. El problema es que esos libros de mayor venta son precisamente los que permiten a la librería financiar el resto de su catálogo.
Si esa porción de las ventas migra hacia comercios que ofrecen grandes descuentos, la librería pierde la base económica que le permite mantener una oferta diversa. Lo que desaparece no son los best sellers. Esos seguirán disponibles en supermercados, plataformas y grandes cadenas. Lo que corre peligro es la posibilidad de encontrar todo lo demás.
La ley intenta preservar un modelo de mercado en el que las librerías puedan competir mediante la calidad de sus catálogos, la recomendación, el conocimiento de los libreros, la cercanía, la especialización y las actividades culturales, y no solamente mediante la capacidad financiera para poder hacer descuentos. Desde esta perspectiva, la discusión no enfrenta simplemente competencia contra protección. Se refiere a qué clase de competencia queremos promover y qué consecuencias puede producir cada modelo sobre la diversidad del mercado.
En los países con ley de precio único del libro la normativa no es defendida únicamente por pequeñas librerías; también cuenta con el respaldo de buena parte del sector editorial: editoriales grandes y pequeñas, distribuidores, librerías e incluso organizaciones de autores. Esa coincidencia merece, al menos, una explicación.
Una de ellas es que el precio único evita que la competencia se concentre exclusivamente en descuentos sobre los títulos de mayor venta. Cuando la competencia deriva en una guerra de precios sostenida, los actores con mayor capacidad financiera suelen resistir mejor que los pequeños. Si ese proceso termina concentrando el mercado en pocos jugadores, la competencia puede debilitarse y quienes adquieren una posición dominante terminan teniendo mayor capacidad para fijar precios en el futuro. Paradójicamente, una competencia basada exclusivamente en bajar precios puede terminar reduciendo la competencia.
A diferencia de otras industrias culturales, el libro ha mostrado una notable capacidad para convivir con la digitalización. Según la Cámara Uruguaya del Libro, Uruguay cuenta con alrededor de 150 librerías. En un país de poco más de tres millones de habitantes, esa red constituye una fortaleza del sector y un activo cultural construido durante décadas. La discusión no consiste únicamente en decidir cuánto debe costar un libro, sino en qué tipo de mercado editorial queremos tener dentro de diez o 20 años. Esa es la pregunta que han intentado responder muchos países. Vale la pena que Uruguay también la discuta en esos términos, no únicamente como una regulación de precios, sino como una política cultural.