Uruguay es el único país de la región que no tiene una organización de acreditación para las instituciones educativas terciarias privadas, y por el momento se encarga de ello el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada (CCETP), que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). A pesar de que el CCETP no tiene carácter vinculante en sus resoluciones, la ministra de esa cartera, María Julia Muñoz, aclaró: “No voy a dar nunca un paso que no dé el consejo consultivo”, en el entendido de que sus decisiones provienen de una “opinión colectiva, trabajada y avalada por profesionales en la materia”. El CCETP presentó el jueves 21 un balance de su actividad desde 2012; en esa instancia Rony Corbo, responsable del Área de Educación Superior del MEC, destacó el trabajo realizado en el reconocimiento de nuevas carreras e instituciones terciarias.

Concretamente, el CCETP tiene la tarea de asesorar sobre las solicitudes de autorización para funcionar como institución terciaria y el funcionamiento de nuevas sedes, sobre el reconocimiento de nivel académico de nuevas carreras, y sobre la revocación de estos actos. Desde 2012 a setiembre de este año, el consejo autorizó cinco nuevas instituciones, emitió 235 dictámenes, en su mayoría de reconocimiento de nivel académico, y llegó a 184 títulos de carreras terciarias.

Entre de las nuevas casas de estudio se destaca la única creación de una universidad: el Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). También se autorizó el funcionamiento del Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este y de tres centros terciarios pero no univeristarios: la Escuela de la Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana, la Comunidad Sorda del Uruguay y el Instituto Uruguayo Gastronómico.

Si se analizan las carreras reconocidas por área de conocimiento en este periodo hay un empate: 48 son del área de ciencias sociales y del comportamiento y la misma cantidad son de ciencias de la administración. En el otro extremo están las ciencias biológicas y de la tierra, que no tuvieron ningún reconocimiento. 90% de las autorizaciones del período corresponden a carreras universitarias, y la Universidad Católica del Uruguay tiene 43% de ese total.

Otro de los grandes logros que las autoridades resaltaron en la puesta a punto fue la elaboración de una nueva normativa en 2014, que posibilitó la regulación de la educación terciaria privada. Entre los cambios significativos que trajo el nuevo decreto, destacaron la imposición de plazos para las instituciones “que deberán presentar la propuesta seis meses antes del comienzo lectivo, y para el MEC se establece un año a partir del inicio de los cursos para definir la solicitud”. También introduce cambios relacionados a “las nuevas modalidades de enseñanza no presenciales, definiendo la modalidad virtual y semipresencial, y estableciendo condiciones y exigencias para su dictado”. Además, “modifica las cargas horarias exigidas para cada nivel (licenciatura, especializaciones, maestrías y doctorados) así como ciertos requisitos de titulación”.

El CCETP está compuesto por dos miembros de la Universidad de la República, dos del MEC, dos representantes de las universidades privadas y un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública.