En la primera parte del artículo intentamos poner sobre la mesa una serie de principios organizadores para pensar la formación de los educadores sociales y la formación pedagógica en términos generales. En este avanzaremos en un esquema propositivo para la materialización de una estructura organizativa universitaria que albergue y potencie la formación pedagógica de los profesionales de la educación.

Es necesario repensar la estructura institucional que alberga la formación de educadores sociales y sus condiciones actuales, a efectos de generar cambios en la estructura académica que materializa dicha oferta formativa. Lo universitario no va a emerger de forma automática con la aprobación de la ley orgánica; se trata de un acto legislativo fundante formal de una universidad. Pero su construcción cultural, a partir de una institucionalidad normalista, requerirá tiempo y condiciones efectivas que vayan transformando una herramienta para formar funcionarios para la Administración Nacional de Educación Pública en otra que forme educadores como profesionales.

Es así que otras perspectivas acerca del acto educativo deben ponerse en juego, asumiendo que la mirada centrada únicamente en una perspectiva didáctica “aulicocéntrica”, aún excesivamente presente, arriesga una simplificación; por lo que se deberá resituar el carácter pedagógico y social de toda práctica educativa.

Antes de explicitar nuestro planteo al respecto, nos detendremos en explicar qué implica el carácter universitario para nosotros.

Decíamos en la primera parte del artículo que no aspiramos a construir universidad por imitación a la Universidad de la República, ni por repetición de la actual estructura en el Consejo de Formación en Educación (CFE). El acto de creación de una nueva estructura universitaria no puede emerger ni de la repetición del mantra sagrado enseñanza-investigación-extensión sin que esto sea críticamente analizado a la luz de las prácticas de la formación de profesionales en educación, ni de un cambio de nomenclatura que mantiene inalterado el “formato de formación” basado en el “formato escolar”.

Construir universidad requiere experimentar desde el inicio de la construcción de sus cimientos una cultura dialógica entre profesionales que, si bien tienen familiaridad, son diferentes. Como hemos aprendido de Paulo Freire, la dialogicidad es la condición fundamental de la humanización, y esto incomoda e interpela las posturas autorreferenciales ensimismadas. Decimos experimentar en tanto experiencia, no como encuentro (necesariamente). La experiencia está compuesta de encuentros, desencuentros y no encuentros, y esto, lejos de ser negativo, debe orientar/nos y formar/nos, conducirnos desde la heteronomía del campo educativo a la autonomía dialógica de las profesiones en él.

Diseñar e implementar dispositivos que forjen subjetividad profesional compartida desde esta perspectiva implica la generosidad y honestidad intelectual de no imponer, implica la predisposición a desaprender, y para desprender-se, desaprender-nos hay que estar dispuestos a desprender-nos de aquello que nos impide una construcción colectiva. Si la experiencia de forjar universidad presupone una irreductibilidad de las especificidades de las profesiones pedagógicas, mantener esta alteridad constitutiva no debe ser un escollo sino un potencial. En este sentido, el andamiaje político-jurídico-administrativo debe estar al servicio de ello y no viceversa.

A tales efectos, compartimos la perspectiva unánime de los actores involucrados en esta discusión sobre que la formación de los profesionales de la educación debe realizarse en una estructura universitaria, autónoma y cogobernada, que se sustente y profundice la concepción democrática.

Sin embargo, quisiéramos insistir en la irreductibilidad y diferencia de las perspectivas que no deben (y no pueden) ser obviadas o presupuestas en sus sentidos. En ello, entendemos que la noción de democracia ha devenido en un imperativo categórico que debe ser redimensionado política y pedagógicamente en los procesos internos de participación.

Vemos con preocupación cómo en diferentes espacios y ámbitos institucionales este concepto tan radical se convierte, con excesiva frecuencia, en un discurso legalista que pregona la adhesión incondicional al juego de las reglas sociales, las que muchas veces aseguran que los antagonismos sean totalmente negados. Las diferencias no son potenciadas sino transformadas en desigualdades políticas mediante la obediencia debida al resultado matemáticamente mayoritario, producto de lo que George Orwell (1943) denominó la corrección política.

Reivindicamos un carácter democrático que asegure la libertad de pensamiento y expresión, asumiendo desde ello que lo que es diferente debe ser considerado en igualdad de condiciones. Una nueva institución que retome los pilares de la tradición universitaria en su carácter público, gratuito, laico, autónomo, cogobernado y que introduzca las formas y acciones necesarias para asumir la responsabilidad social frente a los problemas educativos y sociales emergentes y a favor de los sujetos con quienes trabaja.

Para ello, desde el punto de vista organizacional, entendemos necesario la modificación de la estructura académica existente, para pasar definitivamente a una de carácter universitario, con organismos de decisión político-académicos con la participación de todos los órdenes. Desde ello, se propone generar un organigrama que procure organizar y unificar los distintos espacios de participación, con un sentido de constitución del cogobierno.

Estructuración por institutos y departamentos académicos

Los nuevos desafíos formativos planteados nos colocan en la necesidad de generar una estructura que, dando cuenta de los tres niveles de la vida académica universitaria, puedan preservar las marcas identitarias de la educación social, potenciando aquellos aspectos diferenciales que amplían la noción tradicional de la pedagogía y, con ello, el campo de las prácticas educativas actuales.

La sesión extraordinaria de la Asamblea Técnico Docente (ATD) aprobó en setiembre de 2017 la creación del Instituto Académico de Educación Social (IAES) para “que permita la organización académica de esta formación y la posibilidad de realizar concursos a cargos y grados correspondientes, asegurando la consolidación de las funciones propias de una formación de carácter universitario”.1

Entendemos que la implementación del IAES es imprescindible para preservar la especificidad y desde allí aportar al resto de las carreras. Para ello deberá asumir las responsabilidades de docencia (en relación con la formación específica-obligatoria), investigación y extensión en educación social en todo el país.

En relación con las áreas formativas, se proponen tres departamentos académicos: Fundamentos de la Educación Social, Pedagogía Social y Prácticas Educativo Sociales. Estos departamentos, a su vez, generarán una estructura interdepartamentos, con el fin de pensar un funcionamiento interrelacionado y coordinado, generando, además, los indispensables espacios de trabajo con los actores involucrados en el Núcleo Formativo Equivalente. El IAES estará organizado por un director; lo mismo sucederá con cada uno de los departamentos académicos que se generen. Dichos cargos académicos tendrán que rotar cada dos o tres años, teniendo en cuenta para su provisión que el ingreso a la función se haga por llamados de oposición y méritos.

Se entiende que es imperante realizar llamados abiertos de oposición y méritos para el ingreso efectivo a la estructura de grados que se plantea a continuación.

Se plantea una estructura de grados (1 a 5), cuya composición va incrementando en función de las trayectorias formativas, otorgando mayores niveles de responsabilidad en relación con las tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión. En el marco de esta estructura académica, los docentes no radicarían su cargo en relación con el centro formativo en el que desarrollan sus funciones, sino al departamento que correspondiera. Esto, acompañado de ciertos incentivos, permitiría la rotación de docentes por los distintos centros de formación del país.

Hacer universidad de educación requiere también de acciones cotidianas concretas que vayan instalando otras formas organizativas, de enseñar, de investigar, de generar conocimiento; un actuar en conjunto para dar respuestas a los complejos problemas pedagógicos que la actualidad requiere.

La actual atomización de espacios de debate, discusión y participación requiere de decisiones concretas de las actuales autoridades del CFE para que vayamos construyendo universidad, incluso a pesar de la ausencia de su ley orgánica, para nosotros un primer paso es la creación del IAES.

Diego Silva Balerio, Óscar Castro, Walter López

1. ATD. XXIV Asamblea Nacional Extraordinaria de Docentes del CFE, 13 al 15 de setiembre de 2017, Piriápolis, departamento de Maldonado; pág. 49.