Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, “planificar el Presupuesto cada año es una forma nefasta, en general, de concebir las políticas públicas, y en particular para la educación genera una estructura de incentivos que es absolutamente perversa”, aseguró el martes en un panel que debatió sobre el presupuesto para la educación pública, organizado por el centro de estudiantes de esa casa de estudio.

La Rendición de Cuentas presentada por el Ejecutivo establece un aumento sólo para 2018 y congela el resto de los años del quinquenio. Según el decano, esta técnica presupuestal presenta dos problemas “que son extremadamente graves, porque les agrega inconsistencia al elemento discursivo programático con el elemento fáctico de cómo se ejerce y se hace la política”. El primero de ellos es que el gobierno anunció que iba a intentar llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, y en base a ese anuncio los entes de la educación planificaron a largo plazo y “está claro que eso no se va a cumplir”, afirmó Arim.

En segundo lugar, el decano señaló que este diseño presupuestal “es consistente con un objetivo exclusivamente macroeconómico, pero genera un problema de ineficiencia en las formas en que asignamos los recursos en las políticas públicas. Es el propio Poder Ejecutivo el que genera ineficiencia en la educación, porque básicamente está eliminando la posibilidad de planificar”. “Hay un componente de soberbia en la forma en que está diseñado el Presupuesto, que entiende que es absolutamente innecesario planificar la educación, [tratándola] como si fuera un piloto automático, como si simplemente supiéramos qué se tiene que hacer con cada peso que se da, y eso no es así: en educación se planifica, se invierte y se obtienen resultados que no son directos”, aseveró Arim. Para ejemplificar la importancia de la planificación presupuestal a largo plazo, el decano mencionó al Centro Universitario Regional del Este, que funciona en Maldonado, y al Centro Universitario de Tacuarembó, y dijo que este último es “un resultado concreto y tangible, producto de otra decisión presupuestal que no es de 2015, es de 2012”.

Con un presupuesto de estas características, “los logros educativos no van a ser particularmente mejores, con la salvedad de que algunas noticias de los últimos años tiendan a revertirse”, opinó, y mencionó el ratio de docentes por alumno, porque cada vez ingresan a la Udelar más estudiantes, y los cargos docentes no podrían aumentar sin que aumente la asignación de recursos. En este sentido, Arim planteó que “la mejor estrategia que se puede pensar en este escenario es extremadamente conservadora: preservar lo que se obtuvo en los últimos cinco años e intentar generar mínimamente una malla de contención de algunas cosas que se lograron”.

También participó en la mesa el economista Daniel Olesker, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, quien planteó en su exposición, entre otros temas, que la brecha para cumplir lo prometido por el gobierno al asumir asciende a unos 600 millones de dólares anuales. Para obtener ese dinero, desde el instituto se observan cuatro caminos diferentes. El primero sería una redistribución o ajuste de los gastos sociales, algo que ellos consideran “una solución absolutamente irracional”. Un segundo camino podría ser “no bajar o bajar menos el déficit fiscal a 2,5%, eliminar esta meta, porque la situación no fue la apropiada”, aseguró el economista.

Una tercera solución sería un rediseño de los impuestos, y para eso el Cuesta Duarte propone cambios en tres de ellos. Olesker se refirió particularmente al Impuesto al Patrimonio, y planteó que tiene “cuatro problemas importantes en su diseño: primero, tiene una tasa muy baja, casi hasta quedar como algo simbólico; segundo, porque se grava sobre aforos muy desactualizados; tercero, porque el mínimo no imponible en el patrimonio rural es muy alto, y por las altas exoneraciones que tiene. Con un mix de soluciones para estos problemas se podría mejorar la recaudación”. Por último, el economista planteó un cuarto camino para salvar la brecha, que implica utilizar para las inversiones fondos diferentes a los presupuestales: “Uno puede ser el endeudamiento, y el otro podría ser el uso de las reservas internacionales”.

Otro de los oradores de la noche fue Martín Sanguinetti, economista de la cooperativa Comuna, que desarrolló las razones por las que se debería invertir 6% del PIB en educación. Explicó que “Uruguay gasta poco en relación a sí mismo, gasta poco en relación a las necesidades que tiene el sistema –en particular [la educación] media y terciaria– y gasta poco en relación a otros países del mundo”.

También participó en la mesa una representante del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración, que reivindicó la plataforma de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay que plantea la necesidad de aumentar el presupuesto para la educación de forma de enfrentar el problema de la masividad de los cursos, garantizar el acceso gratuito a los cursos de posgrado, aumentar la carga horaria de docentes dedicados a la investigación, generar políticas de igualdad de género y de desarrollo personal, así como mejorar los recursos materiales, como las becas.