A partir de las múltiples repercusiones de mi nota “Es la política, estúpido”, quiero hacer algunas consideraciones. La primera es sobre el título, que, con razón, algunos lectores pudieron sentir ofensivo. El título parafrasea un famoso “eslogan informal” de la campaña de Bill Clinton en 1992, sólo que, de alguna manera, lo invierte, ya que el original (“The economy, stupid”) reivindicaba la economía. Como el objetivo de la nota consiste justamente en reivindicar la política por sobre la economía, me pareció oportuno usarlo, pero no quedó explicitado en la nota como hubiera querido. Por eso lo aclaro ahora y le pido las disculpas del caso a quien se haya sentido atacado.

Lo segundo: hacer algunas consideraciones con respecto a una respuesta que me dedicó Hugo Dufrechou en el sitio Hemisferio Izquierdo y que ayer publicó la diaria. La respuesta de Hugo es en tono respetuoso y aporta al debate, así que bienvenida.

Hugo plantea que parto de un error metodológico al comentar la evolución del gasto educativo en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en el largo plazo. Lo primero que llama la atención en su artículo es que, aun aceptando plenamente su punto de vista, toda mi argumentación se mantiene. Es decir, aun considerando únicamente el gasto en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar), puede afirmarse que se trata de una transferencia de recursos de tal magnitud “que en toda nuestra historia no se había presenciado jamás un incremento sostenido de recursos semejante”. Y es que, tal como él lo afirma, el gasto sólo considerando esos incisos está hoy en el máximo histórico, habiendo superado los niveles (en relación con el PIB) alcanzados en 1967, ¡con un PIB que es más del triple! O sea, en tan sólo 12 años se revirtió más de medio siglo de ataque constante a la educación. ¿Será que es poco? Pero además, lo importante es que mientras que ese punto de comparación en los 60 fue un suceso puntual y aislado, que comenzó a mediados de la década y en 1970 ya estaba en caída libre, el presupuesto actual mantiene una tendencia creciente desde hace 12 años y la mantendrá, al menos, durante un ciclo de 15.

Ahora vayamos al centro de la crítica de Hugo. Él dice: “El gasto educativo que toma antes del gobierno frenteamplista comprende solamente a la ANEP y la Udelar, mientras que a partir de 2005 comienza a contabilizar otras partidas, como el gasto en el Liceo Militar, el Plan Ceibal, los boletos subsidiados a estudiantes, el plan CAIF...”. No, no es así. Los datos de largo plazo que yo tomo (estaba aclarado en otro cita, que tampoco salió publicada) son del trabajo de Lara y Marconi (2013), quienes a su vez toman los datos del trabajo del Instituto de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar) ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX, que en su anexo metodológico plantea: “El gasto en educación comprende lo destinado a primaria, secundaria, educación técnica y terciaria, y en particular la Universidad de la República; pero también, a la enseñanza no definida por nivel (como Escuela Policial, Escuela de Danza, Escuela Nacional de Arte Lírico, Escuela de Armas y Servicios y diversos cursos de capacitación para el trabajo”. (1) O sea, no hay ningún error metodológico; a lo largo de todo el período los datos contemplan, de manera consistente, todo lo gastado en educación, aunque se ejecute mediante otros incisos. Vuelvo a lo que planteo en mi nota: se mida como se mida, el presupuesto educativo de los gobiernos frenteamplistas es el más grande de toda la historia del país. Me parece que ya no deberían quedar dudas.

Luego Hugo propone otro indicador: el gasto educativo por estudiante, en relación con el PIB per cápita. Entiendo la importancia de considerar que la masificación de la educación plantea mayores desafíos a su presupuesto, de ahí la importancia de considerar el gasto por estudiante. Lo que no entiendo es qué agrega conceptualmente compararlo con el PIB per cápita. ¡Es que este cálculo que propone sólo puede crecer si el gasto crece más que el PIB y el crecimiento de la matrícula juntos! Y aun así, no ha parado de crecer, tal como él lo señala. Atendiendo la importancia de considerar el gasto por estudiante, propongo comparar el gasto en términos reales por estudiante. Y este indicador es hoy al menos el doble que en el pico de los 60. Dicho sea de paso, el programa del Frente Amplio (FA) no establece llegar a 6% del PIB para la educación, sino que establece la necesidad de “ir hacia 6% del PBI”. Esta diferencia no es una picardía del redactor de la moción ni una distracción. Fue objeto de una fuerte discusión política, en la que primó la posición de dejar establecida la necesidad de avanzar tanto como sea posible hasta el 6%, conscientes de las dificultades que esto implicaba y de que lo que importa no es llegar a un número mágico, sino avanzar de manera consistente hacia un mayor presupuesto.

Por otro lado, me alegra que estemos de acuerdo en los grandes aumentos del salario docente. Y así como él plantea su acuerdo con mi afirmación, yo también estoy de acuerdo con la necesidad de que el salario siga creciendo; de hecho, ya lo planteaba explícitamente en mi nota: “¿Se trata de un salario desmedido? Para nada. Es un salario que aún debe seguir creciendo. Pero duplicar el salario no es una mejora que pueda despreciarse”.

Por otro lado, llama mucho la atención el planteo de que “tal como ha sido el desarrollo histórico de la economía uruguaya, cuando el PIB cae o se desacelera, la primera variable a ajustar es el gasto público social en general y la educación y salud en particular. Parece ser que la desaceleración económica de los últimos años y la desaceleración del gasto muestra que hay cosas que no cambiaron”. ¿Pero cómo se va a haber desacelerado el gasto público social en un contexto en el que, además del crecimiento del gasto educativo ya comentado, se ha venido expandiendo, hasta casi universalizarse, el sistema de salud y donde la asistencia a la seguridad social se ha incrementado constantemente debido a un aumento tanto en la cantidad de beneficiarios de pasividades (23% desde 2008) como del crecimiento en los montos? En efecto, el gasto público social se ha incrementado año tras año, ya se lo mida como monto absoluto, como porcentaje del PIB o como porcentaje del gasto público total. Esa fue otra de las tantas cosas que cambiaron.

Creo que como conclusión de este apartado “económico” del debate, sería muy importante que, conociendo la cercanía a algunos sindicatos de la educación que tiene la cooperativa La Comuna, que Hugo integra, dijeran claramente algunas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, que desde que el FA gobierna, el presupuesto educativo ha crecido sustancialmente, llegando a niveles nunca antes alcanzados, se mida como se mida, y que el salario docente se habrá duplicado en términos reales al final del período, además del gran aumento en la cantidad de docentes. Y después sí, que agreguen todas las válidas reivindicaciones de los sindicatos, pero partiendo de una base cierta, que implica reconocer los enormes avances logrados en estos años. Eso sería un enorme aporte al debate.

Seguramente fue un exceso de mi parte adjudicar directamente a los sindicatos de la ANEP colaborar con la “privatización de la educación”. Está claro que esa no es su intención, y yo no pretendía ofender ni atacar con esa afirmación. Pero no deja de llamarme la atención el nivel de sorpresa que genera. Es que para quienes tenemos hijos en edad escolar y además tenemos un compromiso con la educación pública, realmente es una decisión muy difícil dónde enviar a nuestros hijos. Conozco familias de clase media que hacen enormes esfuerzos económicos para pagar un colegio privado, porque no tienen redes que les permitan enfrentar la situación de un largo conflicto en la educación. Y sí, es verdad: no hay datos estadísticos que me permitan fundamentar esto. Es meramente vivencial. Los lectores decidirán si les parece una locura lo que planteo. Yo tengo la suerte de que mis padres viven en Montevideo y disfrutan de un estado de salud que les permite hacerse cargo de mis hijas cuando no hay clases. Soy un privilegiado. Pero, justamente, la educación pública debería ser para todos.

Yendo a los aspectos más políticos del asunto, reconozco que en la respuesta se plantean hechos relevantes, algunos compartibles. Está claro que no toda la responsabilidad en el problema de diálogo entre los sindicatos docentes y el gobierno recae sobre los primeros, como lo planteé explícitamente en la nota que dio origen a este debate. Eso sí, si bien es legítimo cuestionar, como se hace en la réplica, que el FA sea la “única construcción política del pueblo uruguayo que es receptiva” a los planteos sindicales y “con la que podría acordar en un horizonte común”, me parece que al hacerlo se desconoce, no ya la actualidad política nacional, sino la larga construcción política y social unitaria que, manteniendo la autonomía de ambas partes (como resulta evidente en el presente), desembocó en el FA a nivel político y en la central única de trabajadores a nivel social. Esa diferencia sí me parece insalvable.

(1). Azar, P.; Bertino, M.; Bertoni, R.; Fleitas, S.; García Repetto, U.; Sanguinetti, C., Sienra, M. y Torrelli, M. (2009): ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX. Fin de Siglo, Montevideo. “Notas metodológicas”, pág. 3 (el resaltado es mío).