Ayer de mañana se brindó una charla en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, cuyo tema era “Arquitectura y derechos humanos en el sistema penal juvenil”. En el espacio dedicado a la situación actual se destacó la exposición de Gabriela Fulco, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). La jerarca señaló que desde el inicio de su gestión han estado “condicionados” por la situación edilicia de los centros de privación de libertad de adolescentes y que, por lo tanto, no están haciendo “lo ideal” de lo que quieren, sino lo que “pueden” en función de las características de cada uno de los centros, que son todos diferentes.

Fulco ejemplificó con el centro Desafío, en el que hay jóvenes de entre 13 y 15 años, en cuyo edificio antes funcionaba un colegio católico: la parte de deportes se hace en la estructura en donde estaba la iglesia. También se refirió a la Colonia Berro, conformada por “edificios de 1900” que fueron “pensados para ser regenteados por una pareja que iba a cuidar de los jóvenes como si fueran una gran familia”, y por eso les quedó el “mal llamado” nombre de “hogares”.

Luego recordó el impacto que le causó una de las primeras visitas que hizo al Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD), ubicado en Bulevar Artigas y General Flores, que se inauguró en 2014. “Transitaba por uno de los corredores que dan a los módulos y escuchaba que gritaban: ‘¡Funcionarios!’. Eran las ocho de la mañana y no había nadie; lo único que se sentía era el grito de los jóvenes. Y en un corredor había una serie de funcionarios que hacían fila, tomando mate o café y fumando”, contó Fulco. Al continuar con su relato agregó que se acercó a los funcionarios y les pregunto qué estaban haciendo ahí, ya que hacía rato que escuchaba que los estaban llamando. Una funcionaria, “de muy mala gana”, dejó su cigarro, se paró en el medio del patio y le preguntó qué quería al joven que tenía más cerca.

“Le dije a la funcionaria que estaban gestionando ese centro como si fuera una perrera. Las características arquitectónicas son así, aunque creo que una perrera tiene más espacio que el cuadrado ese sin ventanas, sin luz y sin nada”, señaló la jerarca. Agregó que cuando habló con los jóvenes les dijeron que estaban “ladrando” por el agua, ya que les habían cerrado el pase a las canillas, y también por el desayuno, que “hacía rato que estaba afuera; la cocoa arriba de la mesa, enfriándose, y el pan duro en una bandeja”. Fulco subrayó la “casualidad” de que la imagen que le sugirió la situación coincidiera con la expresión que usaron los jóvenes. “Acá hay que ladrar, porque si no, no te atienden”, sostuvieron.

Con respecto a las metas del organismo, la presidenta del INISA dijo que la privación de libertad debe ser el “último recurso”, Por eso están trabajando junto con una comisión asesora intergubernamental en torno a las medidas no privativas de libertad, que en este momento alcanzan a casi 100 jóvenes. Fulco señaló que en la actualidad los adolescentes recluidos son 500, y que espera que se pueda “invertir la balanza”. Además, señaló que otra meta es la construcción de un nuevo complejo en el predio de La Tablada, que serviría para poder cerrar el CIEDD, ya que no se puede seguir “concibiendo que exista eso”.

No ofendo ni temo

“Quiero recordar que Uruguay tuvo una amnistía de presos comunes en 1985 –luego de la amnistía de los presos políticos–. Y en 2005, con la Ley de Humanización [y Modernización del Sistema Carcelario], hubo como una segunda amnistía, en la que se liberó a 800 adultos. Esto nunca ha pasado para los jóvenes. Dadas las condiciones que tenemos, ¿no aplicaría la Ley de Humanización para liberar a todos aquellos que están en condiciones indignas? Les tenemos que estar diciendo ‘aguanten un poquito, porque dentro de un año o en 2019 vamos a tener un centro que va tener otras características y que va a cumplir con los derechos humanos, y ustedes van a estar en condiciones dignas’”, subrayó Fulco. Agregó que le han dicho que no hable de amnistía porque “todo el mundo se va a parar de punta”, pero que, de todos modos, según un relevamiento que realizaron, de los 500 adolescentes privados de libertad, la mitad podría estar con medidas no privativas, porque se trata de jóvenes que ya superaron la mitad de su condena o que “han hecho un buen proceso”.

Así, el sistema penal juvenil se quedaría con un promedio de 250 jóvenes –según la jerarca, esta es la cantidad que pueden atender con el presupuesto del que disponen–, ya que en la actual ley de Rendición de Cuentas les tocó “triple cero: no hay [plata] para nada”. “Nosotros alcanzamos el techo de creatividad, voluntarismo, energías y todo lo demás, para dotar de contenido y hacer algunos cambios que han permitido menos horas de celda y que sean sacados los grilletes para caminar dentro de la institución”, dijo Fulco, y subrayó que han combatido con éxito “la violencia institucional” y la “corrupción”.

“Hay que escuchar la voz de los jóvenes en aquellos planes que los involucran”, señaló la jerarca, y explicó que el viernes hicieron una jornada con delegados de distintos módulos y centros, a los que les pidieron que, junto con sus compañeros, enunciaran tres quejas sobre el sistema penal juvenil. La primera, sobre la que hubo “consenso total”, se refería a “mejorar las condiciones edilicias”. La segunda tenía que ver con “las mejoras en la alimentación”. Por último, la tercera hacía referencia a “que los funcionarios no dijeran malas palabras”.

La jerarca resaltó la importancia de liberar a aquellos que “ya están en condiciones de salir”, porque cuando una persona llega al límite de su capacidad emocional para “resistir la privación de la libertad en condiciones adversas”, en un momento se produce un cambio en el que la persona “se quiebra” y “ya no la remonta nadie”, lo que se torna más grave cuando se trata de jóvenes que están en “pleno proceso de desarrollo”.

Por último, Fulco dijo que cuando se producen fugas de adolescentes recluidos, las “aplaude”, porque “son un síntoma de salud mental”. “Yo les preguntaría a cada uno de ustedes qué harían en esas condiciones adversas. Yo estaría tratando de escaparme todos los días, martillando, protestando y no sé qué más. Entonces, aquel que lo hace todavía tiene un resto”, concluyó.

Vigilar y castigar | Antes de la exposición de Fulco habló el arquitecto Daniel Castro, del INISA, que presentó la publicación Adolescentes, seguridad y derechos humanos. Arquitectura para la gestión de un nuevo modelo socioeducativo, editado por UNICEF Uruguay. Mediante diapositivas, el autor señaló que los principales problemas de los sistemas de privación de libertad en América Latina son el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y el personal insuficiente y carente de la capacitación adecuada. A eso se suman la ausencia de políticas integrales –criminológicas, de derechos humanos, etcétera– y la falta de programas de capacitación y trabajo para personas privadas de libertad. Castro subrayó que el modelo penitenciario panóptico, creado por Jeremy Bentham (1748-1832), perdura hasta la actualidad, y “nadie ha pensado” una nueva concepción arquitectónica. Agregó que es necesario “desatar el nudo benthamiano” y eliminar el concepto de “plaza penitenciaria”, para cambiarlo por el de “espacio personal”. Para eso propuso la “humanización del espacio funcional” mediante proyectos basados en tipologías arquitectónicas urbanas, tipo “barrio” o “campus universitario”. Además, señaló que se debería priorizar la seguridad externa sobre la interna, para reducir “el estrés, la violencia y las tensiones características de la institución carcelaria total”.